El Concejo Deliberante tratará finalmente la expropiación del Barrio República
Las comisiones coincidieron en un despacho y sería aprobado por unanimidad en la sesión del próximo jueves.
De esa forma se empezará a dar una respuesta a miles de familias sanluiseñas y provenientes de otras provincias que viven desde hace más de un década en terrenos usurpados en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Está emplazado a seis kilómetros del centro de la ciudad de San Luis y se estima que allí viven en condiciones extrema precariedad más de 11 mil personas.
Las comisiones de Legislación e Interpretación y de Hacienda y Presupuesto acordaron hoy un dictamen del proyecto que estuvo cajoneado durante más de un año en el cuerpo.
Los legisladores antes de expedirse pidieron al intendente Enrique Ponce que ajustara la superficie que se afectará.
Inicialmente el Gobierno municipal había solicitado que se declare de “utilidad pública y sujeto a expropiación” 350 hectáreas para regularizar la situación de las tierras que son ocupadas en forma irregular.
Este año el municipio planteó que 78 hectáreas sean destinadas al asentamiento conocido como barrio República. De ese total, 27 pertenecen a la empresa Ethos, mientras que 51 al abogado Carlos Acevedo. En su momento los dueños recurrieron a la Justicia para pedir el desalojo.
El concejal Federico Cacace (San Luis Somos Todos) consideró que esa superficie es “la necesaria para urbanizar y dejar límites uniformes para no perjudicar a los propietarios”
El proyecto estipula en uno de sus artículos, que previo a la urbanización, la municipalidad deberá “transferir los lotes a las familias quienes deberán pagar una cuota social”.
“No serán entregados sin ningún costo. Tendrán que pagar un valor social por las prestaciones”, explicó Guillermo Araujo (Avanzar y Cambiemos), que integra junto a Cacace la comisión de Hacienda y Presupuesto.
El legislador puntualizó además que para no dar lugar a la especulación inmobiliaria, los lotes no se podrán vender durante un período de 25 años.
“Si bien hay muchas familias están ahí por una necesidad, también se dice que hay personas que vieron la oportunidad de tomar una parcela para después venderla. El objetivo es impedir que se haga ese tipo de negocios”, completó Araujo.
Desde la comisión de Legislación e Interpretación, Javier Suárez (Avanzar y Cambiemos) consideró que la comuna está “reconociendo que debe atender la necesidad habitacional”.
“Con la última respuesta del Ejecutivo de afectar únicamente la zona que se encuentra usurpada, queda resuelto un problema que tuvo muchas idas y vueltas”, indicó Suárez.
Araujo y Cacace adelantaron que votarán favor el jueves. Suárez que no estará en la sesión, también la apoya.