R. Saá cambió otra vez el ministro en un contexto de preocupación por la inseguridad y la droga
El gobernador designó a Diego González y felicitó al saliente Ernesto Alí porque hizo “una excelente gestión”.
Es el tercer ministro de Seguridad que nombra en menos de tres años de gestión.
Tras tomarle juramento este martes por la tarde a González, Alberto Rodríguez Saá evaluó que “en seguridad hemos mejorado mucho, pero tenemos que progresar mucho más”.
Tras elogiar su propia política en la materia pidió “especialmente” a la Policía que sea “facilitadora con el ministro para continuar lo que estamos haciendo bien y mejorar lo que no hicimos bien”.
Apenas cumplidos los 30 meses de gestión, Rodríguez Saá formalizó el tercer movimiento en la conducción de unas de las áreas más sensibles que evidencia improvisación y ausencia de políticas.
La realidad indica que:
/.- A casi tres años de gestión, no se ha presentado el plan de seguridad.
/.- A casi tres años de gestión, el Gobierno no ha presentado un plan de lucha contra el narcotráfico.
/.- A casi tres años de gestión, no se ha presentado la política criminal.
/.- No hay estadísticas oficiales sobre la lucha contra el delito.
/.- La Oficina de Relaciones Policiales solo publica información sobre delitos menores esclarecidos.
La única información disponible son los datos parciales que surgen de los megaoperativos de los cuales difunden únicamente la cantidad de demorados y los vehículos secuestrados.
Así pasaron Beatriz Alagia, que luego de dirigir el ministerio fue designada jefa de prensa de la cartera Desarrollo Social en tiempos de María Angélica Torrontegui.
La sucedió el abogado Ernesto Alí, que se define como “albertista de paladar negro”, y quien al cabo de más de un año fue desplazado en circunstancias no aclaradas a tiempo. Recién ahora se justificó que fue por “razones de salud”.
Justamente en el período que estuvo al frente del área se produjeron desde desapariciones de ciudadanos, todavía no resueltas, y varias muertes en el Servicio Penitenciario.
Por si fuera poco, en el último año se prendió definitivamente la luz roja del flagelo de la comercialización de la droga. El narcotráfico es una de las principales preocupaciones de la comunidad.
La gravedad de la problemática de la droga fue planteada públicamente hace unas semanas por una institución a la cual difícilmente desde el Gobierno se pueda acusar de especular o sacar provecho.
La Iglesia a través de dos sacerdotes dio cuenta de la entidad del flagelo, que está enquistado en la provincia y en particular atraviesa a los barrios populares.
La respuesta del Gobierno de Rodríguez Saá fue el silencio. Sacó el problema de la agenda pública.
En sus primeras declaraciones, González adelantó que “el énfasis de la gestión estará en la prevención del delito”, como también “la implementación de la tecnología para favorecer a la seguridad”.
También dijo que “la lucha contra el narcomenudeo seguirá”.