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Concejales de Unidad Justicialista frenaron un pedido de informe sobre las mil cuadras de pavimento

El bloque de Rodríguez Saá hizo valer su mayoría y bloqueó un proyecto por el cual se busca conocer el grado de incumplimiento de la obra que se comprometió hacer el Gobierno provincial en la ciudad de San Luis.

Foto Prensa Concejo Deliberante
En comisión se había acordado tratar ayer el pedido de informes al intendente Ponce.
Actualizada: 29/06/2018 02:12
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El Frente San Luis Somos Todos (SLST) presentó en mayo un pedido de informe acerca del convenio de cooperación suscripto entre la Municipalidad y el Gobierno para la pavimentación de 1000 cuadras.

Esta semana la iniciativa se discutió en la comisión de Obras Públicas y se emitió despacho para tratarse sobre tablas en la sesión de ayer. Sin embargo, el concejal por el Frente Unidad Justicialista, Juan Domingo Cabrera solicitó que se diera marcha atrás para “agregar ciertos puntos”.

La bancada de Unidad Justicialista impuso su criterio. Sus ochos concejales detuvieron la solicitud que tenía el aval de seis concejales de Avanzar y Cambiemos y San Luis Somos Todos.

Federico Cacace consideró que la marcha atrás en el tratamiento estuvo “motivada por cuestiones políticas” debido a que los concejales de Unidad Justicialista “no querían votar un pedido de informe que involucra al Gobierno de la Provincia”.

“Propusimos además volver el despacho a comisión y abordarlo el jueves próximo, pero tampoco quisieron. Es evidente la cuestión política”, sostuvo Cacace.

Celeste Aparicio (AyCxSL) se quejó por “la falta de respeto” a la labor desarrollada durante la semana en comisión.

En diciembre de 2015 apenas asumieron el gobernador Alberto Rodríguez Saá y el intendente Enrique Ponce firmaron un acuerdo para pavimentar mil cuadras en dos años.

En abril de 2016 el programa comenzó a ejecutarse con 250 cuadras en los barrios del sur. Siete meses después se firmó el decreto por otras 350 más en la zona norte. Luego el plan se detuvo y no se supieron oficialmente los motivos.

La suspensión coincidió con la finalización del romance político entre Rodríguez Saá y Ponce.

Ante el tiempo transcurrido el proyecto plantea “necesario conocer el estado actual de situación”. Además se piden detalles del “porcentaje total de ejecución de las obras respectivas, considerando que resultan afectados fondos municipales"

 

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