Siguen los interrogantes por la designación de jueces de paz
El Superior Tribunal postergó el nombramiento en La Carolina y hay dudas sobre la nominación en Arizona.
Las derivaciones del concurso para seleccionar el próximo juez de Paz de la localidad donde nació Juan Crisóstomo Lafinur, puso en el centro de la escena todo el proceso de renovación de los funcionarios que cumplieron los tres años de mandato.
Lucía Vázquez es aspirante a continuar en la función y cuestionó el orden de mérito establecido en el acuerdo N° 266/18. Presentó un pedido de nulidad por inconstitucional y entiende además que la resolución N° 49 que formalizó la convocatoria también está viciada.
Su competidor, Emir Albarado Magallanes estaba a un paso de lograr el objetivo, pero inesperadamente fue impugnado porque no se publicó el puntaje que lo convertía en juez. Además hubo otra razón: el candidato no reuniría todos los requisitos previstos en el artículo 222 de la Constitución que contempla que para "ser juez de Paz Lego se requiere, ser ciudadano argentino, mayor de edad, vecino del partido y haber cursado estudios completos de nivel medio". En concreto le objeta el domicilio.
Estos argumentos como otros fueron desechados por el procurador General, Fernando Estrada. Su dictamen fue tomado por el Superior Tribunal que desestimó la queja de Vázquez y mantuvo en el primer lugar a Albarado Magallanes.
Vázquez no se dio por vencida e insistió con un recurso de “reposición in extremis” contra la decisión de los ministros Martha Corvalán, Lilia Novillo y Carlos Cobo.
Por eso el Alto Tribunal se vio obligado a frenar la asunción de Albarado Magallanes. A través del acuerdo N° 451 del último jueves 5 dispuso diferir la resolución de La Carolina y designar a los otros once jueces que hoy entran en funciones.
El proceso que quedó afectado continuará con la puesta en funciones de Laura Sabrina Tucci en Alto Pencoso; Leandro Raúl Guanziroli, en Zanjitas; María Agustina Deluigi en Saladillo; Julio Hernán Camargo en San Francisco; Julio Daniel Quiroga en La Calera; Olga Gladis Pereyra en Justo Daract; María Cecilia Ardissone en El Morro; Darío Osmar Acinas en Arizona; Jorge Vidal Coria, dn Las Aguadas; Nicolás Novarecio Quiroga en Paso Grande y María Alejandra Laconcha en Villa Larca.
La acción de Vázquez se convirtió en un hecho inusual porque los candidatos que quedan en el camino, no sacan los pies de plato para protestar formalmente.
El Superior Tribunal tiene la facultad de consagrarlos “a propuesta en terna de las municipalidades y directamente donde no las hubiere”, según el artículo 220 de la Constitución provincial.
Los ministros de la Corte tienen la última palabra, más allá de que los intendentes tallan en los nombramientos.
Los jueces de paz administran una cuota de poder por lo general en sintonía con los intendentes. En los hechos tienen incidencia en cuestiones de la más variada naturaleza. Su posición los convierte en privilegiados operadores.
La Carolina es un caso donde la política juega de un modo particular. El actual comisionado no forma parte del oficialismo provincial y el perfil del postulante a juez está en línea con los preferencias de Unidad Justicialista que lo tiene en cuenta como potencial aspirante al municipio.
Vázquez no lo escribió en sus presentaciones pero sospecha que Albarado Magallanes corre con ventaja.
Es hermano de Ivanna Vanessa Albarado Magallanes, secretaria administrativa del Superior Tribunal y del juez de paz de Los Cajones, Juan Albarado Magallanes.
En el caso de Emir que se desempeña en las áreas superintendencia y documentación de la secretaria Administrativa de la Corte de la cual dependen los juez de paz, ya se postuló para el cargo en Zanjitas (2015) y El Trapiche (2017), pueblos gobernados por los comisionados del PJ, Ariel Farías y Marcelo Páez Logioia. Ahora se inscribió por La Carolina y está con un pie en el juzgado.
“Hay jueces de paz que no viven o no tienen domicilio donde ejercen la función, hay absoluta discrecionalidad en este y otros aspectos por las atribuciones que goza el Superior Tribunal”, consignó una fuente judicial.
Otro caso que despertó suspicacias es el de Arizona. La actual jueza que es abogada y escribana, con más diez años de ejercicio de la profesión y seis de mediadora, quedó relegada. De todos modos Erica Coria no recurrió el veredicto.
El acuerdo N° 49 estipulaba puntaje por título y antecedentes, entre otros requisitos. Pero el Superior Tribunal al mismo tiempo tiene la atribución de valorar “los antecedentes” e “idoneidad” del aspirante. Esos criterios más de una vez inclinan la balanza.
De cualquier forma Vázquez considera que su foja y desempeño es el mejor de los cuatro aspirantes que se anotaron para el puesto en el pueblo. Por eso llegará hasta las la últimas consecuencias.
Por ahora, la presidenta Martha Corvalán le tomará juramento al resto. Tiene en cuenta que el 8 de julio vencieron los mandatos.