Adrián Pérez: el resultado de las elecciones en San Luis "se explica en una política de clientelismo”

Bajo el eje temático “Financiamiento Político en Argentina, Diagnósticos y Desafíos”, el funcionario conceptualizó los principales puntos del proyecto que busca poner límites al financiamiento electoral y equilibrar la competencia entre los partidos.

Lo hizo en presencia del senador Nacional Claudio Poggi, el diputado Nacional José Riccardo, el rector de la universidad Félix Nieto Quintas, legisladores provinciales y municipales de Avanzar y Cambiemos por San Luis, concejales, autoridades universitarias y estudiantes, quienes interactuaron con el funcionario.

Las primeras líneas que esbozó el secretario de Asuntos Políticos enfatizaron la necesidad de “transparencia” y la importancia que posee la ley de acceso a la información pública en este sentido, iniciativa que obliga al Estado a brindar los datos que requieran los ciudadanos, tales como nóminas de empleados, ejecuciones presupuestarias, contrataciones de servicios, obra pública, etc.

De este modo relacionó sus reflexiones a los conceptos referidos a la administración de fondos de los partidos políticos, definiendo que en la misma necesidad de transparencia se planteó el primer proyecto de ley que fue aprobado en Diputados (2016) y rechazado en el Senado.

Esa propuesta planteaba que “Argentina vota de una forma arcaica” y que el sistema de votación tradicional (boleta de papel) “coloca la responsabilidad de fiscalizar a los partidos políticos, cuando muchas veces los agrupaciones no cuentan con la capacidad necesaria para concretarlo”.

“Es un sistema que no funciona en el mundo y menos donde hay desequilibrio de fuerzas políticas (…) por eso intentamos una reforma en 2016 que estipulara el sistema de boleta única electrónica; queremos sacarle la responsabilidad al Ejecutivo de emitir el escrutinio provisorio y que de eso se encargue la Justicia, en términos de confianza lo mejor es pasarlo a la Cámara Electoral Nacional”, explicó.

Luego de trazar estas nociones, que sirvieron como marco de referencia, se refirió en líneas generales a los ejes centrales del proyecto de ley.

El funcionario enunció que el primer problema que existe es el dinero para las campañas al  cual hay que asignarles un tope. Con la ley se podrá delimitar ese porcentaje y se especificará que “no puede haber cooptación por parte de empresas ni personas, que signifiquen un condicionamiento futuro”.

“Tenemos que ver cómo regulamos el financiamiento con mejores sistemas de auditorías, control, limitaciones y también debemos analizar cómo equilibramos la cancha para impedir la utilización de los recursos del Estado con fines partidarios”, manifestó.

Otro de los planteos se relaciona a que la actual ley habilita el aporte a campañas políticas por medio de transferencia bancaria y efectivo, provocando con esta última modalidad que se dificulte saber quienes son los donantes. Con el nuevo proyecto, la obligatoriedad de la bancarización traería consigo mayor transparencia.

El tercer punto tiene que ver con las auditorías. Para implementarlas de manera eficiente se debe hacer un entrecruzamiento de datos con la AFIP, Anses, la oficina Anticorrupción y la UIF. La nueva propuesta garantizaría un esquema de colaboración con la Justicia a la hora de auditar una campaña.

“A veces aparece gente que no tiene capacidad contributiva y pone muchos recursos a un partido, esto permitirá saber si ese dinero es propio o si miente”, explicó.

Financiamiento de partidos en la provincia

Para Pérez no es un tema menor, particularmente en San Luis donde se materializaron denuncias por la entrega de $80 millones a la fundación Mujeres Puntanas, que preside la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá Gisela Vartalitis, y se cuestionaron algunas medidas como la entrega de beneficios sociales.

“La lógica del clientelismo, ‘si me votas te doy un plan’, está presente en buena parte del territorio; no se explica sino una elección como las PASO y lo que sucedió en las generales si no es a partir del ejercicio de una política clientelar muy marcada que permite generar esa diferencia”, aseveró.

Es así que destacó la necesidad de que se apruebe una legislación provincial que posea concordancia con el proyecto a nivel nacional para evitar “baches”, ya que si no existe un marco regulatorio local no habría un esquema de auditorías, exigencias de tope y bancarización, impidiendo el control del financiamiento, especialmente cuando “hay muchos recursos ilícitos tratando de financiar la política”.

Al finalizar la intervención se abrió el espacio para las preguntas del público. Un asistente expresó que en las últimas elecciones “se vieron entregas de planes sociales, dinero en efectivo, elementos para el hogar, incluso en el mismo día de las elecciones” quebrantando las normas, con lo cual le preguntó a Pérez cómo estará regulado este aspecto en el nuevo proyecto.

“Regulamos el clientelismo, la entrega de dinero a cambio del voto y el mal uso de los recursos del Estado. El que condiciona a cambio de un voto la prestación de un servicio, un plan social, tendrá una sanción que consiste en prisión de 3 a 6 meses e inhabilitación. La veda es veda, la publicidad oficial no puede mezclarse con la promoción de un candidato, hay un plazo de campaña donde no hay publicidad, ni inauguraciones y a eso lo estamos regulando”, respondió.

Por último dijo que si bien es cierto que el cambio no puede materializarse de un día para el otro, a través del boca a boca y el trabajo constante se puede proyectar la idea: “Se que no es una oferta que satisface, pero es realista y si todos trabajamos para terminar con determinadas prácticas a la larga vamos a triunfar”.

“Esto lo sostenemos desde lo que implica la relación entre funcionario y ciudadano, muy distinta a la que vemos en muchas provincias donde aparece esta coacción. Esto tenemos que erradicarlo definitivamente, estamos pensando en una Argentina de acá a 10 años y será posible si hay república, el desafío es poder trabajar juntos para más democracia y transparencia”, concluyó.