Expulsaron al sindicalista de San Luis por una millonaria defraudación a una obra social

Ayer al mediodía se llevó a cabo en Buenos Aires el 29º Congreso Extraordinario de la Fatida, en el que se trató las irregularidades a través de “facturas mellizas” con las que Rosales habría cometido una defraudación de $1.112.041,51, cuando presidía la obra social Ospida. La convocatoria reunió a 34 congresales correspondientes a 21 filiales del país (sobre un total de 28).

De esa forma el sindicalista puntano interrumpió su carrera nacional, que tuvo el padrinazgo del senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá.

En el congreso quedó expuesto el “malestar” con el cinco veces gobernador de San Luis porque entienden que hasta último momento intentó “salvar el pellejo” de Rosales y buscó voltear el congreso.

El caso salió a la luz luego de que el tesorero de Ospida, Pablo Merlo, asumiera su cargo y advirtiera anomalías en una serie de cheques entregados al Sindicato de Artes Gráficas del Chaco que “no tenían enviadas sus correspondientes rendiciones”.

Se trató de ocho cheques del Banco Provincia de Buenos Aires: $47.064 al Colegio de Bioquímicos del Chaco, $357.183,21 a la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco, $ 21.057,01 al Centro de Estudios Renales S.R.L., $21.556,41 a BIOFAR S.A., $285.973,55 al Colegio Médico General San Martín, $313.921,07 a la Federación Médica del Chaco y $40.195,69 a Farmacia Capital.

Desde dicha provincia enviaron toda la documentación constatando que los mismos habían sido pagados y evidenciaron que la maniobra “fue una defraudación con facturas mellizas”.

Estas irregularidades causaron que Rosales fuera destituido de la mutual el pasado 13 de abril.

La Fatida organizó el congreso para exponer las pruebas de las anomalías y determinar una resolución sobre la situación del sindicalista puntano en la federación.

A pesar de que las autoridades nacionales lo notificaron sobre la convocatoria para que tuviera la garantía de presentarse y respondiera las acusaciones, Rosales no asistió. Previamente había negado los cuestionamientos mediante una respuesta por carta documento al secretario del Sindicato de Artes Gráficas de Chaco, Pedro Arguello.

Por San Luis asistió al congreso la delegada, María Montenegro.

Según describieron fuentes de Fatida en diálogo con elchorrillero.com, Montenegro “participó para escuchar la otra campana”, dado que sólo tenía conocimiento de la versión de Rosales.

A lo largo de la jornada los congresales expusieron los informes sobre las anomalías advertidas en la gestión, en particular los representantes del Chaco que fueron los afectados por los movimientos del dirigente puntano.

Otros delegados aprovecharon la oportunidad para manifestar su repudio a las maniobras del sindicalista y expresaron sus posturas de rechazo por el desempeño en la mutual.

“Hubo otros detalles que no podemos demostrar y que quizá no configuran un delito como sí pasó con la defraudación, pero pasan por una situación de administración de feudo. Hacía lo que quería con ingresos y egresos, les pagaba a algunas filiales y a otras no, otorgaba sueldos excesivos a sus asesores, tenía una serie de manejos que hablan de una conducción déspota”, expuso un dirigente nacional a El Chorrillero.

La resolución

La determinación se basó en las pruebas que entregaron el actual tesorero de Ospida y el secretario General, Héctor Schmidt. Luego de analizar las documentaciones auditadas resolvieron por unanimidad (incluso con la aprobación de Montenegro) revocar el mandato de Rosales en el cargo de secretario General Adjunto en la federación por “mal desempeño y pérdida de confianza en sus funciones como presidente de la obra social”.

También se dispuso que no podrá ejercer cargo alguno en el consejo directivo nacional de Fatida por el lapso de dos mandatos, con lo cual quedó inhabilitado hasta 2029.

A su vez suspendieron al anterior tesorero, Segundo Beltrán Rodríguez “hasta que se establezca una resolución definitiva” y se corra vista de las actuaciones por el “mal desempeño en sus funciones como apoderado de Ospida” por el término de cinco días. Esta medida le permitirá formular su descargo.

Entre las disposiciones requirieron que la comisión directiva de Ospida profundice las investigaciones mediante una auditoría interna (y en la filial San Luis) para “deslindar las responsabilidades emergentes y el inicio de las acciones legales correspondientes”.

“Apoyamos y aprobamos todos los informes y gestiones llevadas adelante por el consejo directivo nacional de la Fatida en lo relativo a esta grave situación que afecta a todo el gremio gráfico del interior del país”, definió el informe del congreso.

La “estrecha relación” de Rosales con Adolfo Rodríguez Saá

Desde la conducción nacional aseguran que el senador acompañó la decisión del sindicalista de recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta acción derivó en problemas para Ospida.

No sería la única maniobra que Rodríguez Saá habría promovido, sino que las autoridades nacionales sostienen que intentó hacer gestiones ante el ministerio de Trabajo de la Nación, para que desde la cartera sugirieran a Fatida la suspensión del congreso.

“Recientemente llegó una especie de sugerencia que nos indicaba que debíamos abstenernos de realizar la convocatoria, un término raro para este tipo de situaciones porque por lo general habilitan o impugnan. Esto se generó luego de una presentación que hicieron en la cartera”, explicaron.

De todos modos el congreso se concretó porque contaba con el aval de la cantidad suficiente de delegados presentes. “Rosales no es tan notable como para que (Jorge) Triaca le otorgue atención en menos de 24 horas, claramente hubo una ayuda extra”, aseveraron.

Los oficios no sólo se los atribuyen a Rodríguez Saá, también lo vinculan “a un sector empresarial”. Según sostuvieron, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Juan Carlos Sacco, también hizo lobby.

“Es raro que un dirigente que no tiene peso (por Rosales) por sí solo se tome la atribución de actuar para frenar un congreso. Nosotros vamos a tomar medidas porque de acuerdo a las normativas el ministerio no puede intervenir en estos términos”, aseguraron.

La fuerte sospecha de cercanía entre el senador y el sindicalista provocó la elaboración de una nota firmada por los representantes de los sindicatos gráficos (incluido San Luis), en la que por un lado pusieron en conocimiento a Rodríguez Saá sobre el desempeño de su ahijado.

Rosales continuará como secretario General de los gráficos de San Luis, aunque quedó en una comprometida situación porque se le imputan delitos.