“Ni olvido, ni perdón para los genocidas y sus cómplices civiles”

“Entendemos las reglas de la política, pero no compartimos que esas reglas impliquen dejar de lado las banderas históricas de Memoria, Verdad y Justicia, como así también las de “Ni olvido, ni perdón” para los genocidas y sus cómplices civiles”, manifestaron los dirigentes esta tarde a través de una carta que firmaron el intendente de la ciudad, Enrique Ponce, quien tiene una hermana desaparecida; Segundo Ledesma y Francisco Ledesma, padre y hermano de Valentín Ledesma también desaparecido; Juan Alfredo Marchioni; Facundo Suárez Amieva; Gustavo Heredia y María Suárez Amieva.

El pronunciamiento se da el día después de la visita de Estela de Carlotto a San Luis, quien visitó San Luis y se reunió con el gobernador.

Carlotto reconoció que sabía sobre la existencia de la carta pero consideró que era un tema “del pasado”, y que “la oportunidad del cambio hay que dársela a todos”.

La acusación contra Rodríguez Saá apunta a que en esa carta “señalaba” a dirigentes políticos como “subversivos” y solicitaba un "castigo ejemplar”.

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo dijo con respecto a ese hecho: “Si uno guardara esos malos recuerdos, pocos quedaríamos de pie”, sostuvo y argumentó: “Muchos han cometido errores y luego han vuelto al redil, y se lo ha recibido como a un hijo prodigo”.

A continuación el pronunciamiento completo:

Los abajo firmantes comprendemos la actual coyuntura política y su posicionamiento a favor de las políticas implementadas por el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner. Entendemos que esa alianza política incluye desde hace poco al actual gobernador de la provincia, quien mientras gobernó Cristina fue uno de sus más feroces detractores. Entendemos las reglas de la política, pero no compartimos que esas reglas impliquen dejar de lado las banderas históricas de Memoria, Verdad y Justicia, como así también las de “Ni olvido, ni perdón” para los genocidas y sus cómplices civiles.

Es por eso que hemos visto con sorpresa, preocupación y dolor el perdón por usted expresado hacia el Gobernador de la Provincia por la carta enviada por él en agosto de 1978 al genocida Emilio Eduardo Massera, donde se solicitaba “castigo ejemplar” para un grupo de personas catalogadas como pertenecientes a la organización Montoneros. Esas personas denunciadas fueron los ex ministros de Elías Adre, Alfredo Enrique Morel y Julio Everto Suárez, y el empresario Arturo Negri. Morel sufrió la cárcel y la tortura durante la dictadura; Julio Everto Suárez fue asesinado y Negri salvó su vida de milagro.

Alberto Rodríguez Saá siempre negó la existencia de semejante documento y por consiguiente nunca pidió perdón. En la carta, Alberto Rodríguez Saá junto a un grupo de ciudadanos “notables” denunciaban que un fiscal de la dictadura había sido encarcelado de una manera que ellos consideraban injusta. El fiscal en cuestión no era ni más ni menos que el jefe de una banda parapolicial integrada por elementos del Comando Libertadores de América, quienes consideraban que la dictadura no estaba cumpliendo acabadamente con el objetivo de eliminar a los “enemigos de la patria” y por lo tanto ellos obraban por su cuenta.

Entre los hechos más graves perpetrados por la banda liderada por el fiscal defendido por Rodríguez Saá está el homicidio de un joven que fue acusado de proxeneta y fue arrojado vivo, atado a una piedra, a un dique. La banda fue encarcelada luego de que le volaran con una bomba la casa al abogado del empresario Arturo Negri, quien le había vendido al fiscal un auto pero el funcionario se negaba a pagarlo. Negri denunció al fiscal ante el jurado de enjuiciamiento y entonces los secuaces de este le colocaron una bomba al doctor Enrique Galante.

Negri fue secuestrado por uno de los secuaces del fiscal, fue llevado a Córdoba en el baúl de un Torino y fue entregado entonces a un “chupadero” ilegal de la represión donde fue torturado casi hasta la muerte. Por solicitud del abogado querellante y apoderado de las familias  Fiochetti,, Ledesma y  Alcaraz,, como así también de la Apdh, Negri aportó la carta y a ante los jueces del Tribunal Oral Federal de San Luis en una de las audiencias del primer juicio por los delitos de lesa humanidad en San Luis, aseguró que fue salvado de manera milagrosa luego de las gestiones realizadas por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, entonces jefe del GADA 141.

La carta a Massera es un hecho irrefutable porque incluso esta fue publicada en el diario La Opinión el 25 de agosto de 1978. Pero igualmente de grave es el telegrama que el 15 de octubre de 1975 le envió, entre otros, el bloque de diputados disidentes del PJ al genocida Jorge Rafael Videla, denunciando al gobernador Adre por el presunto fomento y protección de la guerrilla. Ambos documentos constituyen la prueba palmaria de que la dictadura no solo fue militar, sino que también contó con el apoyo civil y eclesiástico.

Adolfo Rodríguez Saá, hermano del actual gobernador, el 11 de marzo de 1973 accedió a la banca de diputado provincial en representación de la Juventud Peronista, pero a los tres días del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, Rodríguez Saá y otros dos diputados peronistas anunciaron que se apartaban de la bancada justicialista y denunciaron al gobernador por “desviación ideológica”.

Estimada Estela, usted conoce como nadie la historia del terrorismo de Estado en nuestro país y sabe que una acusación de esa naturaleza justo en el momento en que comenzaba a operar en el país la siniestra Triple A, representaba para el acusado una sentencia de muerte. Sin ir más lejos el gobernador de Salta, Miguel Ragone, fue secuestrado y asesinado por una acusación similar.

El telegrama enviado al entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Jorge Rafael Videla el 15 de octubre de 1975 incluía las firmas del senador Oraldo Britos, de los intendentes de San Luis y Villa Mercedes, del bloque de diputados justicialistas presidido por Rodríguez Saá, del Movimiento Nacional Justicialista (cuyo presidente era Oraldo Britos, mientras que el apoderado era Adolfo Rodríguez Saá), como así también de un grupo de sindicalistas.

El 5 de octubre de 1975 la organización Montoneros copó el cuartel militar de Formosa y entonces, enterados los firmantes de que  Elías Adre participaría de las reuniones del Concejo Nacional de Seguridad, le enviaron el telegrama a Videla denunciando al gobernador de San Luis como instigador de la guerrilla. La noticia fue publicada por el diario Los Andes de la provincia de Mendoza con el título “Grave denuncia contra el gobernador de San Luis”.

Usted sabe, Estela, que el 6 de octubre de 1975, un día después de la acción guerrillera de Formosa, Ítalo Lúder firmó los decretos de aniquilamiento, que hacían extensivo a todo el país el Operativo Independencia y que no tenían otro objetivo que el de “aniquilar”, valga la redundancia, cualquier atisbo de guerrilla. Tal como ha quedado demostrado en los juicios realizados en todo el país, con una denuncia o con la simple sospecha bastaba para que la persona señalada cayera bajos las garras de la represión.

Más adelante en el tiempo y ya en democracia, los hermanos Rodríguez Saá se asociaron a lo peor de las expresiones políticas argentinas, tales como Herminio Iglesias, Alberto Brito Lima y Aldo Rico.

Estela, nos apena este perdón suyo porque consideramos que usted y las organizaciones de derechos humanos están siendo usados para una de las tantas y repetidas aventuras electorales de los hermanos Rodríguez Saá, quienes antes se recostaban en los sectores más retrógados de la política y ahora pretenden presentarse como progresistas. El término “reconciliación” remite a uno de los momentos más tristes de nuestra historia reciente como fue el momento en el que el menemismo decretó el indulto para los genocidas sin que estos se arrepintieran ni pidieran perdón.

Estimada Estela, compartimos con el resto de las organizaciones de derechos humanos su postulación para el Premio Nobel de la Paz porque consideramos que usted es quien mejor encarna y representa una lucha denodada por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo.

Nunca la argentina soporto más duros golpes como en los años del proceso, pero proporcional a ese dolor fue la resistencia de las víctimas y sus familiares. Nunca hubo mayores transgresiones de las leyes, pero es sabido que nadie estuvo a la altura para exigir reparación que  las madres de los detenidos – desaparecidos.

Respetamos su trayectoria y compartimos su lucha, pero no podemos guardar silencio ante tamaña acción de perdón, porque la fragilidad y la inconsistencia de las convicciones son debilidades que cuando aparecen no se detienen ya. Entonces se buscan explicaciones que las justifiquen a sabiendas que nunca se encontraran.

Consideramos Estela que todos los honores acumulados en su vida no la habilitan para que en una actitud superadora venga a la provincia a perdonar en nombre de los puntanos. Sus honores legítimamente ganados no significan absolutamente nada para un padre de 89 años que resiste al tiempo con la esperanza de encontrar los restos de un hijo que le fue arrebatado de sus propias manos por los cómplices del hoy perdonado.

Estas acciones de gracias para quienes han colaborado con la más cruenta dictadura de la argentina solo producen males mayores y dejan secuelas de injusticia irreparable en particular a los ciudadanas que la padecieron, cada acción de este tipo basada en  el tiempo transcurrido, el error o en el contexto de la época y justificada en “todos merecen una oportunidad de cambio”  lo único que logran es distorsionar el deber de la justicia aumentando el dolor de las víctimas.

Los perversos genocidas de los pueblos nunca modificaron sus conductas y actitudes, porque con la tendencia de olvidar el pasado pretenden borrar la memoria colectiva, con el propósito de aliviar su propia memoria. Entonces con las acciones de perdón y olvido se allana el camino hacia la impunidad.

Por nuestra parte Estela, siempre seremos inclaudicables con los genocidas y sus colaboradores, y jamás acordaremos nada con ellos, aunque nuestra actitud de dignidad nos signifique no lograr saber que paso con nuestros compañeros  y donde están sus restos.  Esta actitud intransigente no es porque sintamos odio por nadie, odio que nunca hemos podido sentir, pero si una gran y tesonera sed de justicia que no saciaremos hasta encontrar los restos de todos y cada unos de los treinta mil desaparecidos y llevados a juicio a todos los involucrados en los crímenes de lesa humanidad.

Sólo los mezquinos, insensibles y timoratos pueden ignorar,  mirar para otro lado o hacerse los distraídos de el horror vivido por los argentinos y nosotros No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos y exigimos Juicio y Castigo a los Culpables.

Juan Alfredo Marchioni, DNI 10235369

Facundo Suárez Amieva, DNI 21630024

Gustavo Heredia, DNI 22186231

María Suárez Amieva DNI 20423732

Enrique Ponce, DNI 16117311

Segundo Ledesma, DNI 6783774

Francisco Ledesma, DNI 13721827