Diputados de R. Saá aprobaron la Cuenta de Inversión con la deuda de $4.100 millones y el déficit de $845M
El bloque de Avanzar y Cambiemos se opuso y cuestionó al Gobierno porque el “gasto electoral” generó problemas en las finanzas de las Provincia.
Sin sobresaltos el bloque de Unidad Justicialista aprobó la rendición de gastos que desnudó un “desmanejo financiero” por parte de la administración de Alberto Rodríguez Saá durante 2017.
El déficit, el desfasaje financiero de $4100 millones que equivale a cinco meses de pago a proveedores y la liquidación de títulos públicos por $2400 millones, sobrevolaron la sesión.
Los legisladores oficialistas desconocieron la catarata de observaciones y cuestionamientos que se formularon a la Cuenta de Inversión y la convalidaron. La hegemonía se reflejó en los 24 votos a favor sobre los 15 en contra.
Se mostraron inconmovibles frente al informe del Tribunal de Cuentas que no pudo disimular las limitaciones del Gobierno, producto del monumental gasto que hizo para salvar el pellejo en la última parada electoral.
El miembro informante del oficialismo, Alfredo Domínguez lució su “orgullo por presentar los números” de la gestión de Rodríguez Saá que, según su análisis, cerró el año con “superávit financiero”.
En un pasaje de su segunda intervención corrió eufórico a sus pares opositores diciendo que “quizás interpretan mal, no saben leer o le dan otro sentido” al informe del órgano de control.
Coincidió con Marcelo Sosa quien a su turno dijo que San Luis “tiene el mejor gobierno” de la Argentina.
“Somos campeones mundiales de la inclusión social”, se jactó Domínguez, mientras una joven Eva Morel se permitía chicanear a Cambiemos porque tiene “una moral flexible”.
A ellos se sumaron Héctor Zamora que ensayó también una defensa del informe y José Escudero.
“Gastaron más de tres mil millones de pesos del dinero público en 3 meses de campaña”, abrió el jefe de la bancada opositora, Alejandro Cacace para dejar en claro donde se volcaron los recursos.
Diagnosticó que “estamos frente a una cuenta deficitaria, donde la Provincia gasta más dinero del que le ingresa, generando deuda y sin tener un presupuesto equilibrado”.
A lo largo de sus exposiciones los legisladores opositores sostuvieron que el triunfo de Adolfo Rodríguez Saá sobre Claudio Poggi, fue posible gracias a la billetera del Estado. Dieron ejemplos de reparto discrecional de fondos y acciones clientelares para asegurarse la voluntad popular.
Le siguió José Fara que consumió su tiempo exhibiendo el destino de los fondos. Calculó en $3.560 millones el gasto electoral.
“En subsidios de ministros y secretarios de Estado se presupuestados $8 millones y ejecutados $322 millones. Gastos reservados presupuestados $28 millones, ejecutados $83 millones. Los ATP (Aportes del Tesoro Provincial) para los municipios del oficialismo que se dieron en la época de las elecciones fueron $164 millones. En el plan Trabajo por San Luis se programaron $190 millones, y se ejecutados $1.480 millones. En prensa se presupuestaron $90 millones y se gastaron $370 millones”, enunció.
A “soluciones habitacionales e infraestructura” se dedicaron $193 millones, es decir el 0,7% de los ingresos, señaló Fara y remató que “una provincia que se jactó de darle vivienda a todos los habitantes, ahora no alcanza el 1%”.
Gastón Hissa al hablar del “desmanejo”, tuvo en cuenta la ejecución en un 50% de la obra pública y el incumplimiento de la pauta de la Ley Permanente de Presupuesto porque los gastos de capital se redujeron al 36,49% cuando la norma establece que deben ser del 50%.
El legislador de Avanzar se concentró en el área salud y advirtió por ejemplo que en atención primaria se “ejecutó el 50% del crédito de bienes de uso y de consumo”. También indicó que “no se compró el equipamiento en hospitales con lo recaudado en concepto de autogestión”.
“Con los dos mil millones que se gastaron en La Pedrera se podría haber construido una casa para cada una de las 1200 familias que viven en el asentamiento República”, planteó Joaquín Mansilla.
El legislador de Libres del Sur consideró que “las cuentas se desequilibraron para atender una crisis y el debilitamiento electoral del oficialismo y no el problema social” de San Luis.
“Abrieron merenderos que se llenaron de niños buscando alimentos y en febrero cerraron más de 400. Los alimentos que se dan no atienden las necesidades nutricionales de chicos en etapa de crecimiento. En la copa de leche se invirtieron $76 millones, mientras que los gastos reservados del gobernador llegaron a $83 millones”, detalló Mansilla más adelante.
“Las políticas sociales fracasaron porque el 42% de los niños que viven en los barrios humildes presentan problemas de nutrición, es decir que sufren bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad”, completó.
“En San Luis hoy encontramos escuelas con vidrios rotos, con calderas que no funcionan, hundimientos de pisos y voladuras de techos, a raíz del recorte del 55% en el presupuesto de mantenimiento”, aportó Elena Pastor y remarcó que las escuelas generativas viven otra realidad porque recibieron $507 millones.
Sobre el final, Juan Rigau no dejó pasar que se “desviaron en forma deliberada” $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas de Gisela Vartalitis, esposa del senador Rodríguez Saá.