“La realidad no escapa a la provincia; hay una ley que no se está cumpliendo para los pueblos originarios”

En declaraciones que formuló esta mañana se refirió se refirió a su despido, el cierre del área nacional y formuló cuestionamientos a la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

“El área de San Luis era la única que había subsistido del gobierno anterior. Esto Implica que se corta la institucionalidad, la libertad de ejercer, vivir nuestra cosmovisión y acompañar nuestro trabajo y proyectos”, declaró Gil en una entrevista que ofreció al programa Nada secreto que conduce Mario Otero por FM Universidad. 

Explicó que su nombre “figuraba en la lista de los despidos” de la Nación y que por lo tanto el área que dependía de la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural Y Agricultura Familiar se habría disuelto. También contó cómo es la realidad del pueblo Huarpe en San Luis y la responsabilidad que el Estado provincial estaría incumpliendo.

“Si bien este despido se lo atribuimos al Gobierno de Macri, es una lucha que hemos tenido de toda la vida para lograr la inserción de políticas públicas de los pueblos originarios; y es algo que le cabe a San Luis. Hoy los descendientes originarios no tenemos a quién votar, no hay propuestas políticas para pueblos originarios”, puntualizó.

A través del área que se cerró, según indicó Gil, se “lograron muchas cosas”, por ejemplo que docentes indígenas trabajen a partir de las capacitaciones en las escuelas.

Explicó que los trabajos que realizan son “genuinos” y desde la propia “cosmovisión”; por ello es que pidió al Estado nacional y provincial” el acompañamiento: “Que nos sentemos en una mesa a trabajar, que acompañen nuestras políticas. Necesitamos la institucionalidad”.

“En Cuyo y sobre todo en San Luis cuesta mucho llevar a la práctica las leyes y los artículos. Este es un llamado de atención para que todos nos pongamos a trabajar por el bienestar de la comunidad en general, porque tenemos los puntos legales para que las normas se cumplan”, cuestionó.

En ese sentido se refirió a que en la provincia existe una ley de “pueblos originarios” que no se aplicaría para la totalidad de la comunidad.

“En el artículo 4 dice que el Estado provincial se compromete a brindar asesoramiento, apoyo técnico, administrativo, cultural y económico de manera que se posibilite el pleno desarrollo de su cultura y sus tradiciones, proyectos y valores. San Luis tampoco estaría cumpliendo”, añadió.

“No son solo las familias de Guanacache, esa es solo una comunidad, las restantes están sin tierras”, aseguró Gil. Y con eso indicó  que “son muchas más” y que están distribuidas en toda la provincia.

Inclusive detalló que el último censo Huarpe habla de 32 mil huarpes: “O sea que 11 familias o 23, de La Tranca, no son la representación de todas. Nosotros somos 500 familias en nuestra comunidad”.

Cuando le consultaron si el Gobierno tenía un acuerdo solamente con un conjunto de familias huarpes y que desatendía a la mayoría, Gil firmó: “Claro que sí. Esa es una comunidad, y en el pueblo Huarpe hay muchas más. Las restantes estamos sin tierra y distribuidos en muchos territorios, solo en la capital hay más de 10 comunidades”.

Confirmó que los Huarpes son “muchísimos” en la provincia, y que también se encuentran en San Francisco del Monte de Oro, Bajo de Véliz, Cuchi Funes (Juana Koslay), Potrero y Estancia Grande.

“Faltan políticas públicas. Estamos haciendo un trabajo desde el corazón. Estamos haciendo un trabajo colectivo intercultural para 1300 familias, de las cuales hay 400 que les cuesta entender que son descendientes”, aseguró en ese contexto.

Confirmó que los Huarpes son “muchísimos” en la provincia, y que solo la capital hay 10 comunidades. Otras se registran en Bajo de Véliz, Cuchi Funes, Potrero y Estancia Grande.

Por último destacó “el dolor, la discriminación y el falso acompañamiento” que siente. “Nos bajan el pulgar y pareciera que no les interesa el trabajo independiente; porque queremos trabajar por nuestra cosmovisión, y con la libertad de poder hacerlo”, finalizó.