Preocupación de los comerciantes y empresas de transporte de la terminal
La renovación anticipada de contratos, el aumento “exorbitante” de los alquileres, la posible creación de un parador paralelo por parte de empresas de larga distancia y las pérdidas económicas desde que no ingresa Transpuntano, encabezan el listado de problemas que enfrentan en las últimas semanas.
Frente a ese panorama propietarios de los comercios ubicados en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro) de la ciudad de San Luis hicieron una presentación ante el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, que tiene competencia sobre el organismo porque está a cargo de la secretaría de Transporte, y al administrador Gerardo Ochoa. También expusieron la situación ante la secretaría General de la Gobernación y al gobernador de la Provincia.
Ayer dieron a conocer la preocupación porque no encuentran respuestas. La decisión de imponer la renovación de contratados con un tiempo de anticipación arbitrario y los nuevos valores de los alquileres que “no se condicen con la realidad”, los llevó a hacer público las exigencias que son “imposibles de cumplir”.
Este medio en un relevamiento que hizo en la Ediro consultó a varios comerciantes que prefirieron resguardar su identidad al momento de compartir su malestar.
La dueña de un local señaló que los acuerdos se hacían por un plazo de dos años, mientras que ahora se plantean por un año y medio, y el valor “se actualiza cada seis meses”.
“El aumento del alquiler es del 40% pero si sumas la actualización se convierte en un 100%. Es toda una trampa”, explicó.
Los valores de la renta varían dependiendo el tamaño de cada local. Oscilan entre los $20 mil y $30 mil más las expensas.
Señaló que desde que Transpuntano dejó de ingresar a la Ediro por el alto canon que debía pagar, ellos se vieron perjudicados porque “cayeron las ventas”.
“Antes el movimiento era continuo, ahora es escaso”, advirtió. Otra comerciante agregó: “La gente esperaba en el interior el arribo de los colectivos y aprovechaba para recorrer los comercios. Había un flujo alto de personas, es decir clientes”.
Parador paralaleo. Otro frente de preocupación lo constituye la posibilidad de que empresas de larga distancia impulsen un espacio alternativo para trabajar debido a los elevados costos.
Tres empresas locales seguirían los pasos de Transpuntano. María del Rosario, Polo y Blanca Paloma también podrían dejar de operar en la terminal porque ya evalúan abrir “paradas independientes”.
Limitaciones en los servicios. Desde de la administración también se prohibió a comerciantes instalar aires acondicionados y calefacción. El único lugar que dispone es el sector de administración.
“Es insólita esta limitación porque pagamos la luz y el gas”, se quejó el dueño de otro local.
“En época de verano es intolerable la temperatura. El año pasado se me descomponían los empleados a la hora de la siesta”, contó.
Varios comerciantes coincidieron que “ya no hay forma de soportar la voracidad del Estado que quiere recaudar sin tener en cuenta la realidad económica”.
Un ejemplo: deben pagar la playa de estacionamiento o la "pisada" en una plataforma para descargar la mercadería.
No hay servicio de limpieza y seguridad. “Había una empresa que se ocupaba, pero dieron por concluido el contrato cuando su sumó la gente del plan social. Desde el lunes ya no están los trabajadores del Estado cumpliendo funciones”, revelaron.
“A las 7 de la mañana cuando abrimos los negocios hay personas durmiendo dentro de la terminal, están prácticamente acampando”, dijo una vendedora.
“La Ediro de antes no era así. Lo que se rompió nunca más se arregló. Los comerciantes usamos los mismos baños de la gente. Cada vez hay más locales vacíos. Se desocuparon y no se volvieron a alquilar por la cantidad de requisitos que les piden”, agregó otra propietaria y dijo que al jefe del Programa Terminales, Litto Lucero le pidieron una audiencia pero no hubo contestación.
En las últimas semanas hubo reuniones para analizar los pasos a seguir. Por un lado se coincidió en comunicar el panorama al Gobierno y por el otro, empleados no descartan realizar un cacerolazo porque corren riesgo sus fuentes laborales.