Delitos electorales: una ex funcionaria del Gobierno provincial se abstuvo de declarar

Minutos antes de la 9 de este jueves, Quevedo ya se encontraba en la dependencia de la Justicia Federal ubicada en Belgrano y San Martín. Estuvo algunos minutos para completar los trámites y formalidades porque no prestó declaración indagotoria.

Estuvo acompañada por los abogados Roald Cattaneo y Jennifer Pérez Corvalán, quienes si bien no confirmaron si constituirán la defensa, fuentes judiciales indicaron a El Chorrillero que uno de los dos será su representante legal.

“No tengo ni idea de la causa de los votos macados, hasta ahora no soy el defensor”, respondió Cattaneo. Lo mismo dijo Pérez Corvalán.

Este medio le preguntó a Quevedo qué podía decir sobre los 65 votos marcados que surgieron del escrutinio de las mesas de Nogolí en las elecciones del 22 de octubre de 2017, pero se negó a formular declaraciones.

Otra de las acusadas que se esperaba que asistiera era Nancy Escudero, quien fue fiscal de Unidad Justicialista durante los comicios, pero no se presentó.

Quevedo, Escudero, Nicando Hilario Amieva (fiscal de mesa) y la intendenta de Nogolí, Claudia Pinelli, fueron denunciados por la posible comisión de un delito que atenta contra la libertad y el voto secreto. Concretamente fueron acusados de violar el artículo 139 inciso B del Código Electoral Nacional.

En el caso particular de Quevedo, además de desempeñarse en ese momento como funcionaria del Gobierno provincial por su cargo de directora del hospital, es dirigente del Unidad Justicialista. En el proceso electoral de 2017 actuó como fiscal del oficialismo provincial.

De acuerdo a la denuncia que hicieron los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos un día antes de las elecciones, la maniobra que propulsaron consistió en la entrega de votos marcados con un código conformado por una letra y un número a beneficiarios de planes sociales.

Al controlar las boletas mediante esta metodología se llegaba a la identificación de las personas que efectivamente habían sufragado por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá candidatos a senadores nacionales, titular y suplente respectivamente, y a Pinelli en la intendencia. La sábana también la integraban Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges en la categoría de diputados nacionales; Mabel Leyes en el rubro senador provincial y Rosa Calderón, Luis Aimeva y Norma Rosa Villegas como diputados provinciales.

De acuerdo a los fundamentos de la requisitoria a indagatoria desarrollados por el fiscal Cristian Rachid, el procedimiento era de la siguiente manera: “Si votaba (a Unidad Justicialista) se le daría el plan y si no votaba no se le daba”.

Los votos se referenciaban de acuerdo al tipo de beneficio que percibía el elector. La letra “P” por ejemplo, correspondía al Plan de Inclusión Social mientras que la “M” a los merenderos, el par “PB” a Pañuelos Blancos, la “H” a Hospital y así sucesivamente. Los números ubicados al costado de cada letra se relacionaban a la identidad de la persona que recibió el voto.

Tras el escrutinio se contabilizaron 65 boletas marcadas. El tipo de delitos que encuadran en estas circunstancias se refieren a la “presión para coartar la libertad y el voto secreto”. De acuerdo a las normativas, esta falta podría condenarlos a una pena de hasta tres años de prisión y hasta 10 de privación de derechos políticos.

El miércoles se presentó Pinelli, quien está representada por los abogados Hugo Scarso y Esteban Salas. Al igual que Quevedo se negó a brindar declaraciones y su defensor aseguró que antes de hablar sobre el caso debían “estudiar y tener un conocimiento amplio”.

Amieva acreditó un certificado médico a través de un familiar, con lo cual tampoco declaró.

Scarso se remitió a señalar que la denuncia se trata de “una cuestión política”, advirtiendo que el inicio de la misma es un hecho “parcial” y aseguró que su cliente “no marcó votos”.