Denuncian por irregularidades y mal desempeño a un integrante del Tribunal de Cuentas Municipal
Marcos Cianchino que es miembro del organismo desde hace diez años fue cuestionado por sus pares Alejandra Martín y Érica Méndez. Detectaron 40 expedientes “sin revisar” de la doble intendencia de María Angélica Torrontegui.
En conferencia de prensa, las dos integrantes, que accedieron al cuerpo a instancias del intendente Enrique Ponce, dieron a conocer detalles de las irregularidades encontradas desde que asumieron, hace dos años, en la gestión. Ya fueron comunicadas al Concejo Deliberante.
En la oportunidad informaron que el otro integrante del Tribunal, el contador Marcos Cianchino ejerce su tercer mandato, y que por lo tanto “hace 10 años que está en la función”.
Martín precisó que desde que asumieron en el cargo “encontraron una cantidad de 8700 expedientes de gestión sin análisis”, los cuales pertenecían a balances y causas de los años 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
"Parte de toda esa documentación ni siquiera se le había formado el expediente interno. Había una mora más que considerable", aseguró en las declaraciones a la prensa.
De esos expedientes, según expuso, “ya se resolvieron 7700”.
También denunciaron que en una de las oficinas encontraron “40 cajas de expedientes de la gestión de María Angélica Torrontegui” correspondientes al período de la doble intendencia. Estos "tampoco estaban analizados y no existía ningún tipo de resolución", añadieron.
La actual presidenta provisional del Senado encabezó durante más de un año una gestión paralela en la Municipalidad de San Luis y fue reconocida como tal por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, hasta que la Corte Suprema falló a favor de Daniel Pérsico.
Martín y Méndez explicaron que “eso se puso en conocimiento del Poder Ejecutivo municipal”, que se generó un expediente y que “hubo un dictamen por parte del secretario Legal y Técnico, donde hablaba realmente que esto importaba omisiones en la función pública y que podía llevar a un juicio político”.
Contaron además que “en todos estos meses, que van a ser casi dos años” se fue “ordenando y limpiando el Tribunal”; lo cual permitió ir “encontrando una serie irregularidades”.
Así se ejemplificó el tiempo que se tardó para resolver los expedientes, lo que en algunos casos fue mayor a los 9 y 11 años; y aclararon que todos casos fueron denunciados.
“En otro expediente, el 141, encontramos otra irregularidad. La contadora fiscal en aquel entonces, Alejandra Pinelli había hecho su dictamen y lo había pasado en 2015 asentando ese pase al dorso de una foja. En 2015 es recibido por el contador Ciacnhino que viene a resolverlo en 2017”, citaron entre los ejemplos.
Expusieron un dato del reglamento interno: “La ordenanza 2676/96 determina que si el Tribunal opina que la cuenta debe aprobarse, a esta resolución se la debe dictar en 20 días”.
Añadieron que “no puede llevar más de un año”; que en todos estos casos “sin lugar a dudas ha violentado y cercenado incluso el derecho de defensa de los cuentadantes”.
Los expedientes analizados “estaban en archivo, otros en mesa de entrada, otros en secretaría, estaban perdidos, paralizados y cajoneados”.
Apuntaron que “había un desborde de expediente y una gran desorganización de las tareas”; y que “hasta 2016 Cianchino fue presidente en dos oportunidades y tenía la obligación de controlar”.
“La demora en la Justicia tanto sea a nivel de los Tribunales provinciales, no es Justicia. Aquello que llega tarde, no sirve. Nosotros tenemos un plazo para expedirnos en un juicio de cuentas para que dicte el primer voto de 15 días y los restos de los miembros que votan en segundo y tercer lugar de 10 días”, agregaron.
“Si pudimos resolver en un 86% más, quiere decir que sí se podía trabajar, aplicando más horas, tomando medidas de control del circuito de expedientes, con las planillas correspondientes, capacitando al personal, una serie de medidas idóneas para que en definitiva este tribunal funcione como corresponde”, puntualizaron.
Explicaron que ahora corresponde poner en conocimiento al Concejo Deliberante: “Es quien controla si nosotros cumplimos nuestra función en forma idónea. No es la Justicia”.
Se pretende que el Concejo incluya el tema en el orden del día del próximo jueves, o lo pase a comisión “para que el trámite siga adelante”.