El proyecto de “ciudad cárcel” Pueblo Esperanza de Rodríguez Saá a punto de ser una realidad

En la última sesión ordinaria del año, el Senado a instancias del bloque Unidad Justicialista le dio media sanción al proyecto ideado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Ahora paso a la Cámara de Diputados. Cuando anunció su creación hace 4 meses dijo que “sería la primera cárcel-pueblo de la Argentina y una de las primeras del mundo”.

Y ese día también expuso que era un proyecto “innovador” que iba a cambiar y “revolucionar el método penitenciario de la provincia”.

Fundamentalmente lo entendió así porque “Pueblo Esperanza” está planeado para que sea “un espacio de resociabilización abierto” donde sus habitantes podrán transitar con libertad.

Y además pretenden que allí los detenidos se formen “académicamente” y puedan crear “emprendimientos laborales, culturales y económicos, autogestionando sus ingresos como una manera de concretar el derecho humano al trabajo”.

La iniciativa cuenta con 21 artículos y fija el funcionamiento y las normas de una “ciudad-cárcel” que funcionará en el interior de la cárcel de máxima seguridad ubicada en La Botija.

Vivir allí será para cada interno como “gozar de un beneficio”.

“El que se levante a la mañana va a encontrar la puerta abierta”, era el anhelo planteado por Rodríguez Saá, ahora aprobado por los senadores. El mandatario se había propuesto fundar una cárcel donde los presos “se sientan libres” y puedan trabajar.

Este “modelo alternativo” albergará a las personas “con sentencia condenatoria”, sin distinción de orientación sexual ni identidad de género”. Los juzgados por femicidios y delitos contra la integridad sexual quedarán excluidos.

Pueblo Esperanza estará comandado por una “Intendencia” integrada por el intendente (designado por el gobernador) y por dos representantes de la “pequeña ciudad” (un varón y una mujer). Estos “surgirán de una elección popular” y ambos tendrán la misión de velar por “el cumplimiento de los derechos y las garantías que el sistema ofrece”, según establece la normativa.

“Dignificación y protección de los derechos humanos, fomento a una cultura de paz, promoción de la autogestión, resignificación de la dignidad humana, construcción de ciudadanía y educación para la convivencia social”, se definen como los principales objetivos que tendrá Pueblo Esperanza.

Será un “Gabinete Interdisciplinario”, según lo fija el artículo 4, el que se encargará de seleccionar los habitantes de la nueva cárcel y que hoy están alojados en los dos penales que tiene la provincia.

Y para acceder, los internos deberán cumplir una serie de condiciones: “Buen comportamiento, haber demostrado la aptitud y hábito para el trabajo, formular un emprendimiento laboral y tener actitud de crecimiento y superación”.

Adentro los detenidos podrán desarrollar sus proyectos laborales. De la actividad económica que realicen los internos, el 75% será destinado al emprendedor (se le depositará en la cuenta a su nombre); y el 25% restante será para el servicio penitenciario y deberá ser invertido en voluntariados.

“Se pretende superar el sistema carcelario vigente, que como todos sabemos es un modelo penitenciario agotado. En contadas excepciones, personas que egresan de las cárceles lo hacen en condiciones iguales o peores de las que tenían cuando ingresaron al servicio penitenciario”, dijo en el inicio de su intervención el senador Pablo Garro.

Expresó que la norma “contribuye a incrementar y realimentar un circulo de violencia individual y social hasta el día de hoy sin solución”. Y remarcó que este modelo penitenciario alternativo fue adoptado “siguiendo el exitoso modelo uruguayo conocido en Punta de Rieles”.

“El nuevo sistema implementa una propuesta innovadora para la reinserción social del detenido. Dicha inclusión se lleva a cabo en un régimen de trabajo en actividades como fábricas, de ladrillos, artesanías. Estos emprendimientos estarán a cargo de los habitantes de la comunidad, quienes podrán mantener la continuidad del proceso productivo cuando egresen del sistema ya que podrán ingresar libremente al predio para desarrollar las actividades productivas”, agregó.

También dejó en claro que esto “marcará un quiebre en el sistema carcelario de la provincia y dejará atrás las prácticas basadas exclusivamente en la seguridad, donde las únicas medidas aplicables son el aislamiento y el encierro, sin ninguna posibilidad de crear alternativas para una mejor reinserción social”.