Delitos electorales: avanza la causa por los $80 millones que le dio el Gobierno a la esposa de Adolfo R. Saá
La Justicia Federal allanó los ministerios de Hacienda y Producción en búsqueda de tres expedientes.
Ayer se conoció que a principios de este mes se cumplió la medida en Terrazas del Portezuelo a instancias del Fiscal, Cristian Rachid.
La Corte Suprema dispuso que las “medidas urgentes” de instrucción las llevará a cabo la Justicia Federal, mientras define en que fuero se sustanciará la denuncia penal contras las principales figuras del Gobierno, encabezadas por el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá.
El máximo tribunal judicial de la Nación todavía no se expidió sobre el incidente de competencia entre la Justicia Federal y la de San Luis, que se declararon incompetentes. Hace más de catorce meses que la causa no tiene juez titular.
Por lo pronto el juez Juan Esteban Maqueda autorizó el allanamiento en los ministerios de Hacienda, a cargo de Natalia Zabala Chacur y de Producción que dirige actualmente Sergio Freixes, condenado a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al ser encontrado culpable por el delito de “coacción agravada” en la causa por presionar a jueces a firmar las renuncias en blanco.
El operativo se realizó en los primeros días de diciembre. El objetivo fue secuestrar tres expedientes que contienen información valiosa para la causa, que va desde el momento en que se firmó el convenio con la Fundación Mujeres Puntanas hasta la asignación en tiempo récord de un subsidio de $80 millones para ser usados presuntamente en la campaña electoral del Frente Unidad Justicialista.
Además del gobernador fueron denunciados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis por la posible “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, violación de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial.
La presentación la hicieron un grupo de diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis el 2 de octubre de 2017, es decir 20 días antes de las elecciones.
La fundación habría usado los fondos públicos para comprar electrodomésticos que se repartían en actos presididos por el entonces candidato a senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá.
Rachid está ahora a la espera de la remisión de la documentación secuestrada.
Por otro lado la Justicia Federal investiga el movimiento financiero del Frente Unidad Justicialista “que podría derivar en una infracción al régimen de financiamiento de partidos políticos”.
Sobre los resultados de las pericias contables que había solicitado la fiscalía, señaló que en octubre se pidieron explicaciones al PJ.
“Se le corrió vista al Frente Unidad Justicialista, la contestó y todavía está a análisis del cuerpo de peritos contadores de la Cámara Electoral Nacional”, indicó.
El estudio que llevarán a cabo los especialistas comprende los balances presentados y la información que en su momento se le requirió a la fundación encabezada por Vartalitis.
“En base a esto se va a poder determinar si hubo dinero concretamente que haya ingresado al partido y que no esté explicado por las fuentes de financiamiento que admite la ley y los eventuales contactos con Mujeres Puntanas, al margen de los delitos que se investigaron en la causa penal”, sostuvo.
Puntualmente, desde la fiscalía, están a la espera de los resultados del informe del cuerpo de auditores contables para poder constatar si hubo movimientos de fondos que hayan atentado contra la ley de financiamiento electoral.
“Se comprobó que el partido recibió aportes públicos y privados, lo que está por determinarse es si todos esos fondos pasaron por la cuenta oficial que debe tener habilitada cada agrupación política en el marco de un proceso eleccionario, si están acreditados los pagos y las fuentes de ingreso”, dijo Rachid.