La Bicameral tendrá 10 días para dictaminar sobre el DNU de extinción de dominio
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
La comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso tendrá un plazo de 10 días para tratar desde la fecha en que el Gobierno le envíe al Parlamento el decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio que el presidente Mauricio Macri firmó el lunes último para recuperar, a favor del Estado, los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos.
Así lo indicaron ayer fuentes parlamentarias que estimaron que el tema pueda ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias y tener el trámite convencional de una ley, tal como ocurrió el año pasado con el decreto para desburocratizar el Estado que, luego fue convertido en tres leyes.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó días atrás que “este DNU va a ir al Congreso” y “se va a discutir con representantes de ambas Cámaras de cara a la sociedad, donde van a quedar bien claras las posiciones”.
“Si esto finalmente se sanciona, la Argentina va a poder ratificar esta herramienta que ya está vigente”, para ayudar a “la lucha contra las mafias”, aseguró.
Técnicamente, el DNU –que aún no ingresó al Parlamento- debe ser tratado en el Congreso por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe definir si lo acepta o rechaza con un plazo de 10 días para expedirse sobre la validez o no de la medida, publicó Telam.
De hecho, la comisión -integrada por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas y que es presidida por el kirchnerista por Santa Fe, Marcos Cleri- es la única que funciona aún durante el receso del Congreso y podría reunirse en las próximas semanas para analizar la medida anunciada por el presidente Macri.
De los 16 integrantes de la bicameral, ocho pertenecen a Cambiemos: los senadores Miriam Boyadjian, Néstor Braillard Poccard y Luis Naidenoff y los diputados Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Martín Hernández y Fernando Iglesias.
En tanto, el interbloque peronista Argentina Federal tiene en la comisión al diputado Juan José Bahillo y los senadores Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera, el kirchnerismo está representado por Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner. También la integra la salteña Cristina Fiore Viñuales. Deberán unificar su postura si deciden bloquear el DNU del Poder Ejecutivo.
Fuentes parlamentarias deslizaron que se dejará en evidencia de esta manera un eventual acuerdo de la oposición –con el kirchnerismo incluido- para frenar el DNU y la lucha contra las mafias, a meses de las elecciones nacionales en las que el justicialismo busca unirse pero alejado de la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Una vez enviado el decreto al Congreso, la Comisión Bicameral tiene un plazo no mayor de 10 días, tras lo cual ese cuerpo tiene que elevar un dictamen y enviarlo a cada cámara legislativa para su tratamiento, también en no más de 10 días, mientras tanto el decreto tendrá plena vigencia.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado, en tanto que para emitir despacho, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en la materia.
En su paso por el Congreso, las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
En caso de que venzan los plazos establecidos, las cámaras deben tratarlo y sólo si ambos cuerpos lo rechazan, el decreto sería inválido.
El proyecto de extinción de dominio fue aprobado en 2016 por Diputados y enviado al Senado que lo modificó en 2018 y le introdujo cambios, tras lo cual volvió a la cámara baja, donde no se avanzó debido a la falta de acuerdos entre los bloques.
Si bien el texto votado en Diputados permitía al fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes, el aprobado en el Senado propuso que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista una condena de primera instancia.
Ahora y ante la demora del Congreso en aprobar esta herramienta, el Poder Ejecutivo decidió establecer por decreto el régimen de extinción de dominio que tiene por objetivo la recuperación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico.
Opiniones
El Chorrillero consultó a dirigentes sanluiseños sobre la medida presidencial.
El intendente Enrique Ponce y los diputados Gastón Hissa (Avanzar), Marcelo Sosa (Unidad Justicialista) y Alejandro Cacace (UCR), fijaron posición.
Este medio intentó comunicarse con el senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá quien respondió a través de su jefa de prensa, Liliana Calderón que no iba formular declaraciones. Tampoco accedió el diputado Alfredo Domínguez (Unidad Justicialista).