Marcelo Sosa está de acuerdo con la extinción de dominio pero guarda “reparo” de los aspectos legales

El presidente del bloque de Diputados de Unidad Justicialista, Marcelo Sosa, dio su punto de vista en torno al DNU firmado por el presidente Mauricio Macri que busca acelerar la recuperación de los bienes de la corrupción, el narcotráfico, la trata y el lavado de dinero.

En declaraciones a elchorrilllero.com expresó que todo lo que bregue por establecer mecanismos que apunten a trabajar contra la corrupción “es bueno”, pero señaló que guarda “reparos” con la vía a la que apeló el presidente.

“Es un proyecto de ley que no ha tenido tratamiento en el Congreso. (El DNU) estaría regulando materia penal más allá de que plantea una modificación en materia civil y eso está exclusivamente vedado por la Constitución, hay algunas materias específicas que no pueden hacerse”, explicó.

De este modo el legislador cuestiona el mecanismo ejercido por Macri para la implementación de la extinción de dominio. Desde su postura no se debería haber recurrido a un DNU sino que “tendría que haber salido como ley”.

“Hay otras cuestiones para pensar como la prescripción, es decir, hasta dónde está vigente la ley hacia atrás. También hay que ver un tema específico que es la irretroactividad de las leyes, pero todo lo que sean mecanismos para proteger el patrimonio del Estado y luchar contra la corrupción me parece que hace a la transparencia y a la Justicia”, manifestó.

“Hay que buscar consenso, claro que es difícil pero ¿cómo alguien puede estar en contra de la recuperación de bienes que vienen desde la corrupción? En eso todos estamos de acuerdo, además Argentina ha suscripto a documentos internacionales que hacen a la lucha contra la corrupción y a la transparencia. El punto es que a poco más de un mes de inaugurar las sesiones ordinarias se podría haber esperado su tratamiento, o el presidente debería haber llamado a extraordinarias por decreto, convocar al Congreso y estudiar un tema específico”, dijo Sosa que en la “interna” de los hermanos Rodríguez Saá, está en el sector del ex presidente de la Nación.

Por otra parte y en referencia a la extinción de dominio como prevención de delitos futuros, graficó que hay que entender que la corrupción tiene dos aristas, una penal que se refiere al funcionamiento posterior al delito, y otra preventiva que se encarga de los controles precedentes.

Así puntualizó sobre la necesidad de “educar más en ciudadanía”: “Hay una cuestión jurídica que es muy propia de las sociedades latinoamericanas, y en este sentido creo que si hubiese más controles en el manejo del Estado, no sólo controles estatales sino también sociales, sería un gran avance; la cuestión de entender a la corrupción como un delito es un aspecto de la humanidad a la que ningún ser humano escapa, solo que hay ciertas sociedades que tienen un mayor reproche jurídico y social como los países nórdicos”, indicó.

En cuanto a la posible aplicación de la extinción de dominio a quienes no puedan justificar sus bienes definió que está “100% de acuerdo” y culminó manifestando que hay que “trabajar como sociedad en forjar una mayor participación ciudadana, mejor rendición de cuentas y transparencia”.

“Si empezamos a trabajar estos temas, pero en el marco de políticas de estado, se puede construir consenso. Esto (delitos de corrupción) es un flagelo porque lo que haga un particular significa una escuela menos, un hospital menos, menos kilómetros de autopistas y en el caso de mayor control podría significar pedir menos plata al FMI por ejemplo. Una vez que avancemos como sociedad, será positivo”, finalizó.