Comenzaron los alegatos en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis
Están imputados Eduardo Allende, Jorge Caram y Alberto Camps. El Tribunal Oral Federal anexó más de 100 testimonios y documentos.
El tercer juicio por lesa humanidad en San Luis, que comenzó a fines de febrero del año pasado, ingresó en la recta final ya que este jueves iniciaron los alegatos de las partes.
Los funcionarios imputados por crímenes realizados en la última dictadura cívico militar argentina son el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70).
Durante la jornada el fiscal Federal, Cristian Rachid, dio una extensa exposición que, como primera medida y con una proyección de filminas de por medio, separó en siete capítulos.
Explicó el contexto nacional y provincial en el que se vivía en la época y destacó los roles de los ex miembros de las fuerzas de seguridad.
“Terrorismo de estado, organigrama y funcionamiento del aparato criminal en San Luis”; “posiciones y funciones de Camps y Caram dentro del aparato criminal”; "adaptación de los ex magistrados federales de San Luis al plan criminal sistemático”; “calificación jurídica de los hechos"; “autoría y participación criminal”; “descripción y motivación de cada uno de los concretos hechos delictuosos” y “solicitud de la declaración de responsabilidad penal y aplicación de penas”, fueron los títulos de los tópicos, aunque Rachid avanzó en cuatro de ellos.
En la descripción de los involucrados, explicó que Camps tenía una posición intermedia en la escala de mandos respecto a la lucha "antisubversiva" desempeñándose en la unidad militar como jefe de Batería, Comando y Servicios donde tuvo “intervención directa” en operaciones que se realizaron en Quines y Luján, estando a cargo de allanamientos y detenciones. Incluso integró grupos interrogadores.
Norberto Foresti, miembro de la querella, Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid, representantes del ministerio Público Fiscal.
En el caso de Caram trabajó como médico cirujano en la Policía provincial desde 1974, específicamente en la División Criminalística y en el Departamento de Personal.
Sus tareas fueron dedicadas a los grupos interrogatorios, revisando a las víctimas durante las sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención del D2 y Comisaría Nº 4 de la ciudad.
Respecto a Allende, remarcó las diferencias de criterio que tenía para abordar denuncias y casos.
“Cuando se investigaba a una persona calificada como subversiva, se hacía presente para lo necesario, allanamientos, ruedas de reconocimiento, etcétera. Cuando denunciaban una desaparición o torturas, no aplicaba ninguna medida, no investigaba”, indicó Rachid.
De hecho, como ejemplo citó el libro de guardias de la Penitenciaria de San Luis de octubre de 1976. Allí mostró que de 60 detenidos, 52 estaban de manera irregular.
Dos de los acusados: Alberto Camps y Eduardo Allende.
Destacó un plan sistemático que “siempre se ejecutaba” con el mismo patrón de conducta y un común denominador.
Todas las víctimas eran denominadas como “subversivas” y los acusados utilizaban el “modelo de la escuela francesa”. Esto consistía en cinco puntos básicos: una demarcación de un aparato de inteligencia; división de zonas y subzonas para la correcta aplicación de los procedimientos; la implementación de escuadrones o grupos de tareas que llevaban a cabo prácticas de tormentos y secuestros; la obtención de información por parte de las personas interrogadas; y la posterior eliminación o desaparición de los sujetos.
Debido a que el TOF decidió dar un cuarto intermedio hasta este viernes, resta argumentar la fundamentación “más compleja”, que es el por qué consideran a Allende como “cómplice necesario y primario” del cumplimiento del circuito delictivo.
A las ocho declaraciones que realizaron testigos durante las anteriores audiencias, los jueces Federales y miembros del Tribunal, Julián Falcucci, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli incorporaron testimonios que en su mayoría pertenecen a los dos debates anteriores que se llevaron a cabo en la provincia.
Tal y como fueron las audiencias anteriores, el inicio de los alegatos fueron públicos.
Otro punto que se resolvió respecto a las pruebas, es el anexo de 19 testimonios que fueron cuestionados por la defensa oficial representada por Claudia Ibáñez y Federico Reinaldo Pastor, ya que “no declararon en este juicio” y no hay material audiovisual que lo respalde.
Pese a esta posición, el Tribunal decidió adjuntarlos de igual manera ya que figuran de manera escrita en actas y utilizaron “criterios que se llevaron a cabo en anteriores debates”.
Una novedad que no sucedía desde el inicio del juicio es que dos de los acusados (Camps y Allende) estuvieron presentes en el recinto. Por su parte Caram lo hizo a través de videoconferencia desde Mendoza.
Por parte de la querella estuvo Norberto Foresti, miembro de la Asociación de Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Los alegatos continuarán, además de este viernes, el 14 y 15 de febrero y esperan que ya para fines de marzo el Tribunal dicte una sentencia.
Por: Julián Pampillón.