Continuaron los alegatos del tercer juicio por lesa humanidad en San Luis
La fiscalía puntualizó los casos particulares de las víctimas y porqué la Justicia federal es considerada como “partícipe necesario” en el aparato criminal integrado por las fuerzas de seguridad.
Los alegatos del tercer juicio por lesa humanidad en San Luis siguen su curso. Al igual que en la audiencia anterior, este viernes el ministerio Público Fiscal continuó con la exposición de argumentos y pruebas en una extensa jornada este viernes.
Los imputados, el ex juez Federal, Eduardo Allende, el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps, estuvieron presentes. Están acusados de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada, tormentos y homicidios”.
A lo largo del día se analizó el rol que tuvieron Allende y el ex fiscal Federal, Hipólito Saá en las diferentes causas. Este último no será juzgado en este debate ya que se resolvió separarlo del caso por su “estado de salud”.
Desde un principio el fiscal Federal, Cristian Rachid, afirmó que ambos tuvieron conocimiento de múltiples detenciones ilegales, torturas y de hasta asesinatos pero no adoptaron las diligencias para verificarlas.
“Esto se dio en forma continua. Establecieron su actuación funcional de manera sistemática a la organización criminal del aparato represor”, afirmó Rachid.
Allende y Camps presenciaron la audiencia en el recinto, mientras que Caram lo hizo a través de videoconferencia desde Mendoza.
Incluso habló de un “acuerdo tácito” con las fuerzas de seguridad represoras y con los grupos de tareas, asegurando la impunidad para todos los delitos cometidos.
“La garantía judicial anticipada fue determinante en la ejecución del plan ilegal. Gracias a ello se pudo llevar a cabo”, aseguró.
Debido a la gravedad y a la cantidad de hechos de esta naturaleza, se lo acusa a Allende de infringir dolosamente los deberes de funcionario de la Justicia y se lo considera como “partícipe necesario” del entramado criminal.
Para comparar el papel que ocupaba Allende, se mencionó un juicio que sentó jurisprudencia en materia de lesa humanidad: la condena que recibieron los ex jueces Federales de Mendoza, Roque Otilino Romano (en ese momento fiscal Federal), Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo.
Todos ellos fueron encontrados responsables de la comisión de delitos durante la última dictadura y condenados a 12 años de prisión durante 2017.
También refutaron los dichos que hizo el ex magistrado en la indagatoria en la que afirmó la “imposibilidad de investigar” los casos por “falta de pruebas o la dificultad en obtenerlas”.
“Había testimonios, inspecciones, constancias de sumarios que surgen de los centros clandestinos donde estuvieron ilegalmente detenidas y torturadas las víctimas”, indicó Rachid.
En la segunda parte de la jornada, la fiscal Federal, Mónica Spagnuolo hizo mención a los casos particulares y la “inacción” por parte del ex juez. Se detuvo en los casos de Graciela Fioccheti, Carlos Santana Alcaraz, Domingo Chacón, Víctor Hugo Ciribeni, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Vicente Rodríguez.
Particularmente se ocupó en detallar cómo en cada uno de ellos tomó conocimiento al respecto e interponía una “excusa” tal como la declaración de incompetencia o simplemente omitir la investigación.
En la próxima audiencia seguirán con los casos particulares para luego dar lugar a los alegatos de la querella, representada por Norberto Foresti de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Será el jueves 14 por la tarde.
En tanto que el 15, será una jornada intensa en la que probablemente la defensa de Allende, Camps y Caram comience a exponer sus argumentos.
Por: Julián Pampillón.