Guillermo Araujo: “A menor transparencia, mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos”

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) presentó días atrás un informe denominado Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), en el que los resultados posicionaron a San Luis como la peor jurisdicción en materia de transparencia y apertura al acceso a la información.

El estudio calificó a la provincia con tres puntos que evidenciaron “valores bajos”. Está en el último lugar de la tabla junto a Chubut (4,20), Santiago del Estero (5) y Tucumán (5,25).

Por su lado las provincias que aprobaron están encabezadas por Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,65), Santa Fe (9,55), la ciudad de Buenos Aires y Chaco (9,50), Neuquén (9,20) y la provincia de Buenos Aires (9,05).

Araujo formuló declaraciones al respecto en diálogo con el periodista Nino Romero en el programa Agenda Abierta por Radio Dimensión. “Es una noticia muy preocupante, esta organización realiza estudios y propuestas relacionadas a las políticas públicas que forman gobiernos más transparentes y eficientes, ahora efectuó este índice que mide la cantidad y calidad de la información sobre política fiscal y dio el más bajo”, señaló.

En el estudio se analizaron los datos suministrados en las páginas oficiales de los gobiernos y diferentes canales por los que el ciudadano común puede notificarse de las medidas definidas por una gestión.

Dentro del índice los resultados se clasificaron en una serie de ítems: los aspectos presupuestarios de los años 2017, 2018 y 2019, informes sobre actos del Ejecutivo, cuentas de inversión, recaudación provincial, transferencias a los municipios y divulgación de información.

En su conjunto se buscó observar el nivel de transparencia e información que llega al ciudadano.

El peor resultado lo consiguió San Luis: “Somos la última provincia, el informe dice que tenemos desempeño ‘pobre’ en estos aspectos. Uno de los principales motivos es la falta de acceso a la información por parte del ciudadano común”.

“Analizando en profundidad empezamos a ver otros factores como la presentación del Presupuesto, que primero se entregó en cinco hojas y luego se entregó uno nuevo fuera del plazo estipulado. Otro de los aspectos que contribuyeron fue la falta de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal que fija reglas que limitan gasto y empleo público, financiamiento y obliga a distribuir los datos pertinentes en las cuentas online de los gobiernos”, añadió.

Por otra parte el concejal resaltó en el análisis de las cuentas de inversión 2017 los “ilícitos” que se cometieron por parte del Gobierno provincial en referencia a los fondos públicos.

“Tenemos los $80 millones de la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa de Adolfo Rodríguez Saá (Gisela Vertalitis), los $80 millones de gastos reservados de Alberto Rodríguez Saá, el uso de fondos públicos para la campaña, entre otras cosas que evitan la transparencia", sostuvo.

Una gestión que es transparente y no tiene estos ilícitos no debería tener problema en publicar y permitir el acceso a la información”, manifestó.

Es así que bajo el concepto de que “a menor transparencia, mayor discrecionalidad en gastos y uso de fondos públicos”, Araujo indicó que el ciudadano posee dos elementos fundamentales a la hora de controlar una gestión. El presupuesto (para saber el destino de los fondos) y la rendición de cuentas (para establecer si se cumplió con lo pautado).

“Sin eso el Gobierno tiene la libertad de hacer lo que quiere”, aseguró el dirigente que es concejal de Avanzar.

De este modo sostuvo que para frenar este tipo de injerencias uno de los caminos posibles es la Justicia, donde por ejemplo se llevaron causas como los fondos de la Fundación Mujeres Puntanas; otra de las alternativas es impulsar la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal que obligaría a tener reglas claras en el uso de los fondos.

Pero para Araujo en este año electoral la principal herramienta es “el cambio que se da en las urnas”.

“Un Gobierno que hace más de 35 años que está en el poder tiene como resultado estas cosas, piensan que los fondos ya no son públicos sino de una familia, los utilizan como propios, utilizan instalaciones públicas para cuestiones partidarias sin ocultarlo, eso da la pauta de la confusión de la familia gobernante sobre los fondos que usan en beneficio propio o partidario”, expresó.

Cerca del final remarcó que este tipo de circunstancias serán presentadas a la sociedad desde la Fundación Formación Ciudadana, y estarán atentos a las cuestiones de transparencia, fundamentalmente en este año electoral para que no se repita “la gran cantidad de ilícitos como en 2017”.

“Este año vamos a tener la posibilidad de ir a las urnas y para ello desde Avanzar tenemos nuestro candidato a gobernador Claudio Poggi”, concluyó.