Ahora intendentes oficialistas denuncian que son discriminados por el Gobierno de Alberto R. Saá
Insisten que el gobernador los quiere obligar a renunciar a los fondos de la Nación. Reclaman que la Provincia les transfiera el dinero para atender problemas como el transporte de pasajeros.
Un grupo de intendentes de Unidad Justicialista salió ayer a rechazar las reglas de juego que les quiere imponer Alberto Rodríguez Saá.
Los condicionamientos a 13 jefe comunales forman parte de la publicitada pulseada de los hermanos Rodríguez Saá para seguir controlando el poder más allá de 2019.
Mario Raúl Merlo, de Villa Mercedes; Daniel Orlando, de Potrero de los Funes; Jorge Toti Videla, de Juana Koslay; Llani Arias, de Carpintería; Francisco Quique Cornejo, de La Toma; Stella Maris Acosta, de Juan Jorba; Fernando Sosa, de La Calera; Mariella Páez, de Lujan; Carla Ferrero, de Alto Pelado; Sandra Altamirano, de Los Molles; Lorena Cardinali, de San Jerónimo; Stella Maris Lobos, de Villa de la Quebrada; Hugo Salazar, de Villa Praga; Miguel Bertola, de Naschel e Ignacio Salazar, de Las Chacras, emitieron un comunicado de prensa en el cual escribieron que son “discriminados” por el actual gobernador. Todos en el juego de la pelea están alineados detrás de la candidatura a gobernador de Adolfo Rodríguez Saá
Presentaron las carpetas con las obras y necesidades ante Terrazas del Portezuelo para recibir la porción que les corresponde del Fondo de Lucha contra Pobreza de $700 millones, pero Alberto Rodríguez Saá antes de abrir el grifo quiere que firmen que renuncian a las partidas comprometidas por el presidente Mauricio Macri.
La Nación dispuso fondos para las comunas puntanas cuando los diputados nacionales de Unidad Justicialista facilitaron el quórum para el tratamiento del presupuesto nacional.
“El gobernador manifestó que esos fondos (de Lucha contra la Pobreza) están disponibles pero que tenemos que renunciar a los fondos nacionales y si los recibimos, que se descontarán de los 700 millones provinciales. Es un condicionamiento que no compartimos porque una cosa no tiene que ver con la otra”, dice un párrafo del inédito documento redactado por los caciques comunales que sostienen al rodriguezaismo.
En el texto mencionan que no pueden hacer frente al conflicto del transporte interurbano que el Gobierno provincial hizo detonar el 1º de enero.
“Todos los municipios tenemos problemas, sobre todo el del transporte que es prioritario. Pero también hay otros problemas a los que hay que darles una solución de fondo”, puntualizaron.
El fastidio que cargan por estos días los vecinos del interior porque se quedan durante varias horas sin colectivos, se siente en los despachos municipales.
La mayoría de los intendentes van por la reelección o ya tienen decidido a quién impulsarán, necesitan fondos para mostrar más que nunca gestión.
De la audiencia con Alberto Rodríguez Saá se fueron el lunes con las manos vacías.
“Salimos sin una respuesta de solución, solo un condicionamiento de no recibir los fondos nacionales para acceder a los provinciales. Seguimos sin ser escuchados y la posición del gobierno provincial nos está obligando a recibir otros fondos para dar respuestas a nuestras comunidades”, reza el comunicado que refleja además la promesa de los firmantes de continuar con “la lucha permanente por los derechos de nuestra gente”.