Lesa humanidad en San Luis: terminaron las audiencias y ya hay fecha para el veredicto
El 10 de mayo el Tribunal definirá el futuro procesal de Eduardo Allende, Alberto Camps y Jorge Caram, acusados de múltiples delitos durante la última dictadura cívico militar.
Este viernes y tras casi ocho meses, culminaron las audiencias del tercer juicio por lesa humanidad en San Luis y se anunció la fecha de la sentencia.
Allí el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces federales, Julián Falcucci (presidente) María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli, escuchará las últimas palabras de los imputados y luego dará su resolución.
Anteriormente, la fiscalía y la querella coincidieron en el pedido de pena: cadena perpetua para el ex juez Federal Allende, y 15 años de prisión tanto para el ex teniente de Artillería Nº 141, Camps como para el ex médico de la Policía Provincial, Caram.
Se les atribuye la comisión de delitos referidos a la privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios y la conformación de una asociación ilícita.
Ayer, el ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa, realizaron la réplica y contrarréplica, defendieron sus posiciones y se respondieron mutuamente lo expuesto en los alegatos.
Los fiscales federales, Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid centraron sus argumentos en torno a diferentes cuestiones que la defensa hizo alusión a lo largo del debate como la imprescriptibilidad de los hechos, la “incorrecta” incorporación de testimonios y las afirmaciones de supuestos dichos de la fiscalía.
La totalidad del planteo defensor fue considerado por Rachid como “torpe y amañado” ya que, según él, “se cayó en tergiversaciones y transgresiones” de palabras que el propio fiscal efectuó.
“Se deformaron los argumentos de la acusación. No fue una defensa eficaz. Quien cambia lo que se dijo o lo que se probó, poco puede obtener como resultado”, sostuvo Rachid en un contacto con los periodistas al finalizar la jornada.
Al mismo tiempo cruzó a la defensa por los dichos que le atribuyeron. Concretamente sobre la vinculación que existía entre el Juzgado Federal y el D2, el centro clandestino más importante de la ciudad.
“Nosotros nunca gastamos una gota de saliva sobre el tema”, manifestó el fiscal en respuesta a Pastor y añadió: “Más allá de una deslealtad procesal es una estrategia de la defensa muy pobre que no amerita el mínimo análisis”.
También, se refirió a la “inacción” de Allende en las denuncias que le llegaban al juzgado y la “nula predisposición” de investigar lo que sucedía en el edificio de al lado (D2).
Carlos Pereyra de la querella y los fiscales Federales, Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo.
En cuanto a la “indebida” incorporación de testimonios, señaló que se trata de un planteo “que no debe ser siquiera considerado” ya que la discusión se realizó en las audiencias preliminares.
Por otra parte, la querella, representada por Carlos Pereyra de la APDH, siguió la misma línea que la fiscalía. Cuestionó los dichos del otro defensor oficial, Santiago Bahamonde, acerca de que “no existieron centros clandestinos en la provincia en su sentido clásico”.
Pereyra se preguntó: “¿A qué se refiere con clásico? ¿Se trata de un modelo de un auto? ¿Qué características deben tener un lugar para ser un centro clandestino?”
Además defendió la existencia de un plan criminal sistemático ya que “el Estado lo implementó y alcanzó a todos los estratos de la sociedad”, incluida la Justicia Federal.
En este sentido, trajo a colación el argumento utilizado por la defensa y la “correcta” actuación de Allende en el marco normativo de la época.
“Si no estaba de acuerdo (Allende) podía renunciar, exiliarse como pasó en otros casos, pero eligió no investigar los casos y apañar a las fuerzas de seguridad”, resaltó.
“El ex juez se avocaba a todos los casos y los archivaba, discutir la competencia 40 años después no tiene sentido”, dijo Rachid.
La contrarréplica de la defensa
La defensa desligó completamente a Caram y Camps de las acusaciones de torturas ya que “nunca se probó que estuvieran presentes en el momento de los tormentos”.
“Para vincularlos tiene que haber un contexto mucho más claro y preciso”, aseguró Bahamonde, mientras que Pastor defendió el procedimiento de las detenciones de Domingo Alberto Silva y Edgardo Raúl Lima.
Otra polémica que se dio fue en torno al artículo “De la ESMA al Indec” de Marcelo Allegre, utilizado como argumento por la defensora Oficial Claudia Ibáñez.
Aquí Rachid cuestionó su uso ya que en el mismo se afirma que “nunca existió una pata civil en la dictadura”, cuando “ocurrió todo lo contrario”.
Bahamonde dio su postura a favor del texto y advirtió que uno de los párrafos cabe en este juicio. Precisamente se refirió a que “puede tratarse de una persecución política tal como ocurrió en la región”.
Por Julián Pampillón