“El Albertito”, el hijo que gobierna desde las sombras sin que nadie conozca su voz ni lo que piensa
"El Albertito", Alberto II o Junior, tal como lo llaman de acuerdo a la distancia que impone, es mucho más que el secretario General de la Gobernación. Es el poderoso hijo del pater familias y se autoerige como el heredero de la dinastía. Hoy decide sobre un presupuesto de $39 mil millones.
Asumió prácticamente el control de todos los resortes del Gobierno el 23 de octubre de 2017. Al día siguiente de la elección más cara de la historia de San Luis, con la venia del gobernador empezó a deshacerse de todos los factores (incluido su tío Adolfo) que representaran un obstáculo para los dos últimos años de gestión y para el sueño de continuidad más allá del 10 de diciembre.
La decisión de la candidatura a gobernador de su padre, la terminaron de tomar juntos a principios de 2018.
A partir de ese momento empezó a librar en público la guerra familiar que ya sostenía puertas adentro con su tía política, Gisela Vartalitis, esposa desde marzo de 2017 del cinco veces gobernador y breve presidente de la Nación.
La empresaria mendocina que arrastra denuncias por estafa, había exhibido sus ambiciones por los negocios y ni bien se consumó el matrimonio, mostró sus aspiraciones por el poder.
La mansión que se hizo construir a la vista de todo San Luis en Potrero de los Funes fue una de tantas señales que mandó al clan familiar. El otro indicio fue pararse al lado de los hermanos la noche de la remontada del 22 de octubre, creyó que su marido tenía el camino pavimentado para ir por el sillón de Terrazas del Portezuelo.
Armó un gabinete a su medida al relevar a funcionarios que no tuvieran el ADN albertista. Ascendió a gente de su entorno en todas las líneas y los ministros que lograron sobrevivir a la depuración fue porque interpretaron que la única manera de mantener el status era reconocer su mando.
En este ciclo los funcionarios se deben a Alberto José Rodríguez Saá (hijo).
Lleva tres años y medio en el Gobierno, sin contar su anterior paso por la secretaría General en 2010-2011, y no se conoce su voz.
Es más no se conoce su opinión sobre una política de Estado.
Nunca habló públicamente para exponer un plan y tampoco aceptó una entrevista periodística. Sus ideas y pensamiento sobre la realidad provincial son un misterio.
Es un caso único donde un funcionario que aspira al poder no habla.
Tomó las riendas del Gobierno prácticamente sin experiencia en gestión, salvo la administración en los últimos años de El Diario de la República. Hoy, una de las mayores incógnitas que se traduce en serias sospechas de la oposición, es el real estado de las finanzas de la Provincia.
Orgánicamente tiene bajo su órbita cinco secretarías con rango de ministerio (Vivienda, Transporte, Medio Ambiente, Mujer # Ni Una Menos y San Luis Logística y otras tres áreas clave: Cultura, Deporte y Juventud), más allá de que en la práctica manda sobre todo el gabinete.
Se ocupa en particular de empresas y organismos descentralizados como la Sapem Servicios (pauta publicitaria y contratación de mega eventos), Ente Control de Rutas, Dosep, Sapem Constructora, San Luis Agua y Vialidad, entre otros; todos dotados de presupuestos millonarios que no se someten a los controles convencionales y pueden gastar discrecionalmente. Se considera que actúan como ductos que en muchos casos no se puede saber dónde desembocan.
Decide sobre un presupuesto de $39.102.620.285. Tiene la llave de dos cajas que no se someten a ningún control como son la pauta publicitaria y los gastos reservados del gobernador. Según datos de 2017 (los últimos que se conocen), en ambos conceptos se movieron $370 millones y $80 millones, respectivamente.
Excepcionalmente participa de las presentaciones públicas colectivas del gabinete, no concurre por lo general a los actos y evita mostrarse con los funcionarios y los dirigentes que llevan años en las capas del PJ. Elige las apariciones y se ubica a la derecha de su padre.
Solo va a los actos que organiza Silvia Rapisarda desde el Programa Cultura, como los intercolegiales, y permite la cobertura de la agencia oficial que reproduce epígrafes engatillados.
Goza de blindaje mediático. Es el segundo hombre más poderoso de San Luis y no se deja interpelar por la prensa, que prácticamente no hace mención a su figura. Es inaccesible.
Quienes rodean al ex presidente de la Nación sostienen que le atribuye a su sobrino la “difamación y escarnio” al que es sometido junto a su esposa a través de las redes sociales y el ninguneo de los medios oficialistas.
La Cámpora puntana
A diferencia de Máximo Kirchner que no se vistió de funcionario para ejercer el poder por la repentina muerte de su padre, Alberto (h) está investido de un cargo.
El hijo presidencial pobló el gabinete durante el cristinismo y las listas en 2011, 2013 y 2015. Así La Cámpora trascendió a la salida del poder y mantuvo vigencia desde los puestos parlamentarios.
Proyectando su candidatura a la gobernación en 2023, Alberto (h) se convirtió en el armador de las listas del Frente, que terminó de resolverse una vez que despojaron a Adolfo del sello del PJ.
Este año accedieron a las candidaturas funcionarios surgidos de agrupaciones creadas por él y sostenidas con cargos del aparato estatal.
“La Alberto Rodríguez Saá (h)” es la más acabada expresión de como ya se le rinde culto. Tiene su origen en Villa Mercedes y aportó nombres a las nóminas para el 16 de junio.
La líder de los jóvenes que responden a Alberto II en Pedernera y gerente del Molino Fénix, es Anabela Lucero y encabeza la lista de diputados por el distrito.
Con el inicio de la campaña la funcionaria, que tiene montado un gobierno paralelo a la Municipalidad en Villa Mercedes, blanqueó su romance con el hijo del gobernador. Según información que trascendió, maneja $640 millones.
El noviazgo era un secreto a voces en los pasillos del poder y en las últimas semanas oficializaron. Se dejaron ver tomados de las manos en fotos de corte electoral.
En el Gobierno y en la campaña todo pasa por él. En una visita reciente a Villa Mercedes, el candidato a intendente Maximiliano Frontera le dijo que necesitaba dinero para continuar con las salidas a la calle. Le respondió que el jueves siguiente se lanzaba el Plan Empezar con lo cual iba aflojar la demanda y tomó nota del pedido de plata.
El caso emblemático de militancia rentada lo constituye la agrupación “Hay Equipo”. Es un reducto de funcionarios que se identifican con el color naranja, tiene como “sede” los galpones de Vialidad y reconoce como segundo jefe al ministro, Felipe Tomasevich. Cobran sueldos que van desde los $30 mil y superan los $100 mil y tienen privilegios.
Tomasevich, accionista del grupo financiero Puente que controla Ecogas, está por encima del resto del entorno. Maneja la cartera de la obra pública.
Sergio Freixes es el alter ego que se jacta de cultivar una “amistad diferente”. Se ufana al mismo tiempo de ser el primero en levantar la bandera “Junior gobernador”.
En el “mundo” de Alberto (h) hay recintos de reuniones que tienen como escenografía banderas en su honor.
Alberto (h) replicó el modelo que La Cámpora puso en práctica en el último tramo de la década kirchnerista al copar la Justicia y avanzar sobre el Parlamento.
Natalia Zabala Chacur (Hacienda), Sebastián Lavandeira (San Luis Logística), Gastón Scarpatti Isequilla (Policía), Gabriela Gaspari (San Luis Sapem), Federico Berardo (Desarrollo Social), Sergio Tamayo (Turismo y Parques), Paulina Calderón (Educación), Natalia Spinuzza (Medio Ambiente) y Daniel Bassi (Vialidad), tienes roles especiales.
Miguel Berardo, el ministro sin cartera, es la sombra del secretario General que oficia también de ejecutor de órdenes sensibles. “Micky” en la práctica es el jefe de personal del diario de la familia.
En el entorno actual figura el ministro de Seguridad, Ernesto Ali que va de candidato a intendente en La Toma. Exhibe su devoción en la espalda donde se tatuó la cara del gobernador.
Es casi unánime en ellos la posición a favor del aborto legal. Un dato más: estrecharon filas para sostener a la ex ministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente en el momento que se difundió el video que la mostraba contando desde Holanda su experiencia con la marihuana.
Son rasgos que definen la naturaleza del núcleo.
El gobernador aplicó el concepto de trasvasamiento generacional con su hijo. Dejó en sus manos el recambio que se extiende a la Justicia.
Muchos de los jueces, fiscales, defensores y secretarios que se jubilaron fueron reemplazados por funcionarios que llegan desde Terrazas del Portezuelo y son cercanos al secretario General.
Alberto Rodríguez Saá (h) le puso el cuerpo a la campaña. Primero porque su padre nunca se caracterizó por el contacto personal con la gente y después porque necesitan que lo conozcan. Estuvo en La Toma y en Santa Rosa. Los dirigentes locales arman pequeñas reuniones y lo presentan.
El actual gobernador decidió imponerlo como el heredero de la familia que manda en forma ininterrumpida desde hace 36 años en la provincia. Inmunidad y la supervivencia del imperio económico, que se expande por influjo del Tesoro provincial, son algunas de las razones para seguir aferrados al poder.
La dinastía que tiene su punto de partida en el gobierno en 1860 con Juan Saá, ahora busca recrearse en siglo XXI con Alberto II.