Familias del asentamiento de la Ex Aduana reclamaron represión de la Policía
Los vecinos del predio cortaron las calles a la altura del Puente Blanco para exponer una realidad que ya no quieren mantener escondida.
Denunciaron “el abuso de la autoridad policial” contra jóvenes que viven en el asentamiento. Quieren vivienda digna y acceso legal a los servicios básicos.
46 familias en total y 94 menores; esos son los números extraoficiales de la población que habita en ese sector de la ciudad, a un costado del Corredor Vial, por calle Chacho Peñaloza.
Se calcula que en promedio viven 10 personas por familia, aunque algunas están integradas por 16 o 18.
Se estima así que son como mínimo unos 500 habitantes en estado vulnerable, en su mayoría nacidos en tierra puntana, que no pudieron acceder a una vivienda digna y encontraron en esas tierras un lugar donde sobrevivir.
Habitan ranchos a pocos metros del puente blanco, muy cerca de la Colonia Hogar, la Jefatura Central de Policía y el Centro Cultural. Están a pocos minutos del centro de la ciudad, como escondido en ese rincón que contradictoriamente todos ven.
También expusieron la falta de los servicios básicos.
El viernes, con carteles y quema de neumáticos, se manifestaron y así fue desnudaron una problemática profunda, la desidia y el abandono que los acecha hace 16 años.
Jesica, fue la vocera del reclamo, que prefirió resguardar su apellido cuando este medio la entrevistó.
“Estamos viviendo en condiciones insalubres para los menores. El humo es tóxico y la basura con la que vivimos también. Cuando caminas pasas entre los cables. No se le puede negar la luz a una familia que vive con sus hijos”, describió.
La mayoría vive de la venta de cartón y vidrios y algunos dependen del Plan de Inclusión Social.
“Estamos cansados de que nos señalen como delincuentes por vivir en un contexto de absoluta precariedad, somos trabajadores. Hay oficiales que siempre entran al barrio y violentan”, explicó, y durante el corte de calles fue el principal reclamo. A la Policía los vecinos les dedicaron algunos carteles, entre ellos “Basta de gatillo policial”.
Cuestionó también: “Por ser asentamiento y no tener los derechos básicos no podemos reclamar porque no te toman las denuncias, entonces exigimos ser legales, no queremos estar más en la ilegalidad”.
Se estima que son como mínimo unos 500 habitantes en estado vulnerable.
Al mismo tiempo expusieron la falta de los servicios básicos. Por los cuales han efectuados reclamos sin obtener respuestas.
Actualmente, según indicó a modo de ejemplo hay un solo contenedor de basura en todo el predio y por lo tanto la situación de higiene “es crítica y peligrosa para los niños”.
Creen que si alguien les otorga un “certificado de vivienda familiar”, podrán tener acceso a los recursos básicos y que por lo tanto dejarán de “padecer el abuso de autoridad de los policías de la ciudad”.
“Escondido”
En ese sector habitan 46 familias en condiciones extremas que necesitan una solución rápida. Quieren vivir dignamente, pagando servicios como en cualquier barrio de la ciudad.
Los vecinos reclamaron por su situación.
Hace 16 años que la “Ex Aduana” se convirtió en un asentamiento donde 46 familias habitan indignamente y a la espera de medidas que lamentablemente nunca llegan. El predio está como escondido, a metros del corredor vial que cruza el Puente Blanco.
El barro, la caña y algún que otro retazo de nylon que “a duras penas” es donado en la Colonia, son en gran parte los materiales que utilizan para armar los espacios para vivir, y muchas son prácticamente chozas.
Los vecinos quieren hacer de la zona un verdadero barrio.
La tierra, la basura y las malezas esconden aún más un lugar que parece estar marginado de la sociedad puntana.
Los ocupantes salieron este viernes a la calle y denunciaron represión policial por “el simple hecho de vivir” en un lugar “usurpado”. Aseguraron que por miedo muchas familias dejaron sus casas a medio construir y se fueron, mientras que otras no edifican ante la incertidumbre de no saber si algún día irán a desalojarlos.
Los vecinos advirtieron sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran.
La mayoría vive de la venta de cartón y vidrios y algunos dependen del Plan de Inclusión Social.
“A mí el Gobierno nunca me dio nada, todo lo que tengo fue porque junto cartón y por eso estoy acá para acceder a una vivienda”, explicaba una vecina que se encontraba en la concentración.
Hasta el edificio que quedó de la “Ex Aduana” es utilizada como casa.
La conexión de luz es ilegal y cuelga alrededor de las casitas sobre la única calle de tierra que cruza el barrio. La red eléctrica se la dividen entre todos, y además comparten los patios. Así amanecen cada día sobreviviendo muy lejos de los recursos más esenciales.
46 familias viven en condiciones extremas.
El agua es otra necesidad y un gran problema. Están “enganchados” al acueducto del espacio verde del Barrio Pedro Payero, y esa es la única manera de tener un líquido potable ya que el barrio no tiene ninguna conexión independiente como si lo tiene cualquier otro complejo habitacional de la zona, sin ir más lejos.
Pareciera que está a punto de quedarse sin paciencia.
Según dijeron no quieren “nada gratis”. Pretenden que en algún momento se arbitren los medios para vivir dentro de la ley y hacer de la zona un verdadero barrio. Ya no quieren que ese sector donde viven casi 100 niños sea “un secreto” o una tierra “de nadie”.