Aprobaron la ordenanza de Transparencia y Participación Ciudadana
El Concejo Deliberante sancionó la iniciativa que había sido impulsada desde el Municipio.
La iniciativa fue avalada por unanimidad a excepción del artículo 32, que se aprobó por 8 votos positivos contra 5 negativos.
Finalmente se aprobó el Sistema Integral de Transparencia y Participación Ciudadana, Acceso a la Información Pública. Será el marco que garantizará el acceso a los datos de orden público, permitirá un presupuesto participativo, la concreción de audiencias públicas y la elaboración participada de normas.
Contempla la obligación del intendente de informar los datos de interés ciudadano, relacionados con la habilitación o negativa de habilitación de los locales comerciales diurnos y nocturnos como el resultado de las inspecciones realizadas a los mismos; el historial de las inspecciones y resultados de cada uno de los locales gastronómicos de la ciudad de San Luis; el destino, detallado en porcentajes de los ingresos municipales por tasas y servicios, detallando cual es el organismo ejecutor; el destino, detallado en porcentajes de los ingresos municipales provenientes de multas y se hace público el registro de licencias de taxis y el registro de choferes.
Se había presentado a fines de 2017 por el Ejecutivo municipal, en base a un trabajo integrado con organizaciones no gubernamentales que se dedican a trabajar en proyectos legislativos sobre transparencia como Poder Ciudadano y la Fundación Avina.
Desde entonces sufrió una dilación. Recientemente fue evaluada en la comisión de Legislación e Interpelación y se consensuó entre los concejales.
La semana pasada su aprobación fracasó luego de que se quedara sin quórum la sesión. Por entonces el concejal kirchnerista Roberto González Espíndola rechazó la idea de una posible sanción en los términos que delineaba la redacción del texto del despacho.
Luego de varias indicaciones técnicas los concejales rodriguezaístas (salvo Daniel Ferreyra) se retiraron del recinto, tornando inviable su tratamiento.
Ahora en la sesión Nº 17 y tras una semana en la que se hicieron correcciones y sugerencias, se aprobó por unanimidad.
Se anexó un nuevo inciso al artículo 33, en referencia a la disponibilidad de información sobre los propietarios y choferes de taxis. Esta propuesta surgió a raíz de un análisis sobre las situaciones de acoso e inseguridad a la hora de precisar dicho servicio de transporte.
Debate y anexo
El artículo 33 hace referencia a la información mínima que debe permitir el Ejecutivo. Remarca aspectos como la habilitación de locales comerciales, el historial de inspecciones gastronómicas, el destino de los ingresos de las tasas y de las multas (con la consignación de los respectivos órganos ejecutores), entre otros.
A estos ejes acordados en comisión, se añadió un nuevo inciso (l). Trata sobre la obligación del Ejecutivo de dar a conocer datos centrales sobre las licencias de taxis (cantidad, identidades de los titulares, entre otros detalles).
“La semana pasada manifestamos nuestra intención de tener una ordenanza donde la prioridad es tratar de cambiar (la realidad) sustancialmente, hay que recordar que desde 2011 existe una ordenanza que regula el acceso a la información pública y en realidad si aprobábamos este proyecto como estaba la semana pasada, no se iba a dar esa transformación sustancial”, explicó en referencia al debate pasado.
En ese sentido añadió que “parece estar de moda hablar de transparencia o de leyes de acceso a la información pública”, dado que, desde su visión, en la práctica no se perciben modificaciones con este tipo de legislaciones.
Para el concejal kirchnerista, la transparencia se refiere a una cuestión “cultural”, que se ejerce día a día.
Más allá de sus interpretaciones, agradeció a su par Javier Suárez (presidente de la comisión) por haber “mostrado mucha predisposición” a la hora de hacer lugar a las inquietudes de los concejales y plasmarlas en las correcciones.
Por otro lado remarcó que se debía anexar la obligación por parte del Concejo de proveer información en torno a los contratos políticos.
Finalmente se aprobó el artículo 33 con el agregado del inciso “l” sobre cantidad de licencias de taxis, nombres de propietarios, y choferes autorizados.
Por su lado el artículo 32, que especifica sobre la información que corresponde al Concejo, se aprobó (8 votos positivos contra 5 negativos) con la redacción que llegó desde el despacho, profundizando la publicación proactiva de los datos, escalas salariales de cada organismo y la información del personal.
Sobre la ordenanza
La letra estipula cuatro ítems fundamentales.
Por un lado el establecimiento de un régimen de acceso a la información pública, tanto del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, como de las empresas que posean participación mayoritaria por parte de la Municipalidad (el caso de las Sapem, por ejemplo).
Por otra parte regula la concreción del presupuesto participativo, donde los vecinos podrán ser parte de la toma de decisiones en la asignación de recursos municipales, permitiéndoles la definición del destino de una parte del presupuesto en la generación de obras públicas.
Además establece las audiencias públicas como una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones administrativas y legislativas, con el objetivo de que la autoridad responsable acceda a las diferentes opiniones sobre un tema en forma simultánea.
El cuarto aspecto hace referencia a la elaboración participativa de normas; un procedimiento basado en consultas no vinculantes que involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración de normas administrativas y ordenanzas.