“Queremos trabajar, necesitamos una ayuda”, el pedido de desocupados de Villa Mercedes

Un grupo de villamercedinos lleva adelante una protesta en las instalaciones de la sede del Plan de Inclusión de la ciudad, con la intención de obtener respuestas por parte del Gobierno provincial ante la falta de trabajo.

Se trata de más de 40 familias que aseguran atravesar una situación en la que no alcanzan a cubrir las necesidades más elementales. Subsisten por la solidaridad de la gente que mantiene un ropero comunitario y un comedor que funciona dos veces a la semana.

Además, el contexto se agrava teniendo en cuenta que los damnificados integran familias numerosas, compuestas por personas que padecen graves enfermedades (VIH, cáncer, entre otras). También hay entornos en los que los jefes de hogar están cumpliendo condenas extensas en la cárcel.

En un fuerte mensaje hacia el gobernador Alberto Rodríguez Saá y todo el escalafón de funcionarios, pidieron acciones para terminar con el flagelo de la desocupación.

“Queremos trabajar, tenemos hambre, necesitamos un trabajo, queremos que alguien nos escuche, estamos a la deriva, nadie nos da respuestas. Ya nos ha visitado una asistente social para ver si nos podían hacer ingresar al plan, pero no pudimos, nos tienen a la vueltas, nos tratan mal, ya no sabemos a quién pedir ayuda”, declaró una de las vecinas damnificadas, Azucena (55), en un contacto con el programa Amanecer Informados de Radio Nacional.

De acuerdo a lo que relató, lejos atenderse las demandas por parte de las autoridades fueron intervenidos por la Policía.

“Estuvimos una semana con una olla frente a la Municipalidad (a modo de protesta) y nadie se acercó, ni para traernos un menudo de pollo; se acercaron con la Policía para llevarnos presos”, indicó.

Subsistir con un comedor y un ropero comunitario

Azucena comentó que lleva adelante un comedor llamado “Mis Peques”, en el barrio San José. Lo inició a modo de merendero, pero luego hubo dificultades con el Gobierno y no sólo se quedó sin el espacio, sino que tampoco le pagaron lo que le correspondía por el servicio.

A raíz de ello lo transformaron en comedor. Actualmente asisten cerca de 102 personas, de los cuales 82 son niños. El menú es suministrado dos veces por semana y diariamente hacen la entrega de una copa de leche.

Gracias a esta labor, el grupo de familias puede acceder al menos a una parte de su alimentación: “Lo hacemos a pulmón porque no tengo nada, solamente veo la necesidad de los niños”.

Por ahora el funcionamiento es factible gracias a la solidaridad de la gente que les acercan distintos ingredientes para cocinar un menú específico.

Azucena es enfermera, asistente geriátrico (trabajaba en PAMI), y cheff. Pese a ello, su realidad es que no tiene empleo. Desde esa visión de desocupada, sumado a su acercamiento con las necesidades de sus allegados, integra las protestas que piden acabar con el hambre.

“No pertenecemos a ningún partido y entendemos que cada uno vive la realidad que le toca (…) no se imaginan los proyectos que tenemos, pero no se imaginan la burocracia que hay (para materializarlos), sentimos que somos compulsivamente maltratados, lo único que quieren es que nos lleven presos”, dijo.

“Estamos dispuestos a ser arrestados; tenemos hambre. Al gobernador, al vicegobernador, al ministro, a los concejales, diputados, les decimos que queremos trabajar, necesitamos una ayuda (…) es vergonzoso, como mujer lloro a cada rato”, añadió.

Además de la atención alimentaria también gestionan un ropero comunitario. Aseguró que es el modo en que pueden subsistir sus necesidades de vestimenta.

“Se me caen las lágrimas de vergüenza de la necesidad que tenemos, somos mujeres, no tenemos ni papel higiénico (…) siento vergüenza ajena que no es mía, es de los que dicen que en San Luis no hay pobreza y es mentira; no nos dan respuestas, les pedimos por favor que nos ayuden aunque sea con mil pesos”, concluyó.