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El Tribunal Electoral “está estudiando” la impugnación a Enrique Picco por “tentativa de estafa”

El candidato a intendente de San Luis Somos fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso.

Candidato a intendente, Enrique Picco.
Actualizada: 29/10/2019 01:04
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Por Nestor Miranda

Fuentes oficiales informaron a El Chorrillero que el Tribunal Electoral Municipal (TEM) “está estudiando” la impugnación a la candidatura de Enrique Picco para participar en las elecciones municipales del 10 de noviembre.

El actual secretario de Infraestructura de la gestión de Enrique Ponce, representa a San Luis Somos en el proceso electoral de renovación de autoridad den la capital provincial.

La presentación ingresó el pasado 24 de octubre, pero por el momento “no hay una fecha prevista” para que se emita un dictamen sobre el tema, es decir, si hace lugar o no al pedido.

La impugnación fue presentada por Francisco Daniel Quiroga al considerar que Picco “se encuentra inhabilitado para postularse como candidato a intendente por las causales de inhabilidad moral”.

Esto se debe a que, el 11 de septiembre de 2001, el juez de Sentencia, Carlos Varela procesó y condenó al actual secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de “tentativa de estafa”. La condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.

Hace 20 años, tanto el postulante a gobernar la ciudad como su padre y sus hermanos contrataron a la abogada Silvia Celi para tramitar la sucesión testamentaria de una tía de la familia, Amelia López.

La letrada en declaraciones a El Chorrillero señaló que una vez que finalizó su intervención les comunicó que el costo de los honorarios era de $50 mil, pero se “negaron a pagarlos porque consideraban que era una estafa”.

A su vez, la acusaron de la falsificación de firmas, pero ese planteo fue rechazado posteriormente por un perito caligráfico.

Celi explicó que como no tenía novedades del pago, en primera instancia solicitó una “regulación de honorarios” para determinar cuánto debía cobrar y se fijó una cifra de $200 mil.

Al no tener una respuesta concreta, denunció a la familia de Picco por el delito de “tentativa de estafa” tanto en el fuero Civil como en el Penal. La causa recayó en el juzgado que estaba a cargo del actual camarista, Jorge Sabaini Zapata.

Tiempo después, la Justicia le dio la razón y condenó al funcionario municipal.

En este sentido, Picco promovió recursos ante la Cámara de Apelaciones, pero todos fueron denegados. También acudió a la Corte provincial, pero no obtuvo resultados.

El año pasado, Celi fue notificada que la familia quería pagarle.

“Les estimé el monto calculado a la actualidad y llegamos a un acuerdo. Pero esto es la pata civil, circunstancia que no tiene nada que ver con la resolución penal”, recordó.

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