Desde San Luis Unido exigen respuestas al Gobierno por los problemas de inseguridad en la provincia

El proyecto cuenta con 11 puntos que abordan diferentes aspectos, entre ellos, se busca saber detalles de estadísticas en torno a la actividad delictiva, el plan de seguridad para el 2020, infraestructura policial y la situación de los oficiales y agentes egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) que hasta el momento no fueron incorporados a la fuerza.

La solicitud fue impulsada en tiempos de receso legislativo por Mónica Becerra junto a sus pares Fabiana Zárate y Gastón Hissa de Avanzar-San Luis Unido.

Becerra advirtió sobre “una escalada del delito preocupante que no es privativa de una localidad, sino que se replica en todo el territorio provincial”.

La provincia arrastra problemas de inseguridad que se han profundizado en los últimos años.

“Los sanluiseños necesitamos respuestas efectivas y un rápido accionar de los responsables, para volver a vivir en una provincia tranquila”, sostuvo la legisladora que asumió en diciembre.

En los fundamentos de la iniciativa expuso que “no se conocen estadísticas y/o información oficial actualizada del registro del delito” y que tampoco “se advierten acciones claras en materia de seguridad”.

Si bien la solicitud de informe ingresó el viernes 13, recién tomará estado parlamentario después del 1º de abril, fecha en la que se abre el año legislativo con el discurso del estado de la administración del gobernador Alberto Rodríguez Saá.

“No se advierten acciones claras en materia de seguridad tendientes a corregir el estado actual de la situación, lo que denota una grave falta de gestión en la materia a fin de garantizar el derecho a la seguridad, la paz y el orden público de la provincia”, afirmó Becerra.

Las preguntas que buscan respuestas del Gobierno:

1) Estadísticas del delito contra las personas y la propiedad cometidos en la provincia, elaboradas durante el año 2019 y los últimos 3 meses.

2) Cantidad de denuncias efectuadas sobre delitos contra la propiedad, delitos con uso de armas, y delitos contra la mujer, recepcionadas en Comisarías y/o llamadas registradas al “911” en los últimos 3 meses.

3) Informe sobre el Mapa del delito actualizado, así como las zonas con mayor incidencia delictiva, y el modus operandi que arroja el mismo, es decir, arrebatos, salideras, motochorros etc.

4) Detalle el Plan de Seguridad a implementar en el periodo 2020, y si el mismo fue elaborado con participación ciudadana.

5) Informe Plan de Capacitación continúo para personal policial implementado en el periodo 2019 y previsto para el periodo 2020, así como el Organismo encargado de brindar dicha capacitación.

6) Relevamiento efectuado sobre el estado de Comisarías, Sub Comisarías y/o dependencias, en cuanto a infraestructura, móviles, chalecos antibalas, armamentos, etc.

7) Montos de partidas presupuestarias destinados a infraestructura, recursos logísticos y tecnológicos correspondientes a fuerzas de seguridad, especificando puntualmente la adquisición de móviles por cada jurisdicción prevista para el periodo 2020.

8) Cantidad de personal designado en cada Comisaría y/o Sub-comisaria.

9) Respecto a recursos Logísticos, informe sobre:

a-) El suministro de móviles, cámaras de seguridad y Drones.

b-) Chalecos antibalas, equipos de comunicación para personal policial, armamento, aprovisionamiento de munición bajo la reglamentación del ANMAC.

10) Informe sobre la situación de ciento veinticinco (125) Oficiales egresados en “Diciembre de 2019” y setecientos (700) agentes egresados en “Noviembre de 2019” del Instituto Superior de Seguridad Pública – ISSP-, los cuales a la fecha no han sido notificados de su incorporación a las fuerzas de seguridad, así como las causales que motivan dicha omisión.

11) En virtud del incremento de delitos acaecidos a la fecha, informe:

1. a) Si los delitos que sufre la ciudadanía evidencian la presencia de autores consumidores o bajo efectos de estupefacientes;
2. b) El Plan de gobierno para combatir el Narcotráfico y el Narcomenudeo.
3. c) El planeamiento de políticas de inclusión preventivas.