Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza donaron $22 millones de sus salarios
La Suprema Corte había invitado a magistrados y funcionarios a donar entre el 25% y el 50% de sus haberes. Finalmente, cerca de 270 empleados se sumaron a la iniciativa y destinaron parte de sus sueldos a un fondo para hacer frente a la emergencia sanitaria.
De las 327 personas que estaban alcanzadas por la invitación de la Suprema Corte a donar entre el 25% y el 50% de sus salarios a la emergencia sanitaria, 268 han adherido. Así lo informaron desde el Poder Judicial, asegurando que gracias a esas colaboraciones voluntarias se han logrado reunir 22.7 millones de pesos que serán destinados a la compra de insumos de salud, según informó MDZ.
Para dimensionar la importancia del monto aseguran que equivale a la compra de 28 respiradores de última generación o 59 camas para hospitales.
El 23 de marzo la Suprema Corte siguió el ejemplo del gobernador Rodolfo Suarez y decidió realizar un gesto solidario para ayudar a combatir el coronavirus. Así como Suarez dispuso fijar un tope de 50 mil pesos para sus funcionarios, los jueces de la Corte decidieron donar el 50% de sus salarios e invitaron al resto de los jueces y funcionarios judiciales a que hagan lo mismo.
A una semana de que se conociera la decisión de la Corte, desde el Poder Judicial informaron que el 82% de los alcanzados por el pedido se sumaron con aportes solidarios para la compra de insumos hospitalarios. Además, se sumaron a la medida 54 empleados y agentes judiciales que no poseen régimen salarial de Magistrados y no habían sido incluidos en la medida dictada por la Suprema Corte.
Los 22.7 millones de pesos aportados por el Poder Judicial se suman a los 40 millones de pesos que se ahorró el Poder Ejecutivo en sueldos de sus funcionarios. A eso hay que agregar el dinero que se aporte desde el Poder Legislativo, donde ambas cámaras adhirieron al decreto de Rodolfo Suarez. También se tomaron medidas similares en el Departamento General de Irrigación, Fiscalía de Estado, la Oficina de Ética Pública y el Tribunal de Cuentas, entre otros entes estatales.