Rodríguez Saá descabeza el Superior Tribunal de Justicia
Ni el Poder Judicial ni el Gobierno proporcionan información oficial a casi 24 horas de que El Diario de la República publicara que Carlos Cobo y Martha Corvalán presentaron las renuncias como magistrados. Silencio frente a la crisis en la que quedó la Corte.
Por Daniel Miranda
El sitio web del diario, propiedad del gobernador Alberto Rodríguez Saá, publicó anoche en el arranque del fin de semana extra largo que ambos ministros del Superior Tribunal de Justicia habían renunciado a los cargos.
Inmediatamente El Chorrillero llamó a ambos magistrados, pero ninguno atendió.
A continuación se consultó a las oficinas de prensa Judicial y del ministerio de Gobierno. En el primer caso, el área no estaba al tanto de nada y desde prensa del ministerio, respondieron que las novedades se iban a comunicar por los medios oficiales del Poder Judicial.
Al momento de esta publicación no hay información oficial de ningún lado sobre la estabilidad de los integrantes de máximo órgano judicial. Esto implica una delicada situación institucional.
El Diario de la República aseguró que ambos magistrados pusieron las renuncias a disposición del gobernador. Y publicó también que Rodríguez Saá “tomaría el mismo temperamento” que en el caso de la presidenta Lilia Novillo y las aceptaría a partir del 31 de diciembre.
La salida de Cobo y Corvalán se venía fogoneando hace meses desde la cima del Gobierno y la embestida pública se encaró a principios de junio. Algunos medios reprodujeron que el juez villamercedino, había formalizado su alejamiento. En la siesta del 10 de junio, mientras las presiones tomaban más fuerza, Cobo le dijo a El Chorrillero: “No he presentado ninguna renuncia”. Fue tajante.
Un rato después la presidenta Lilia Novillo improvisó una conferencia de prensa para anunciar que ella había puesto su dimisión a consideración del gobernador. Corvalán desde el silencio se mantenía en el puesto.
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En los días siguientes se sucedieron una denuncia contra el juez de un grupo de magistrados de Villa Mercedes y un pedido de juicio político que también abarcó a Corvalán.
Ambos juraron el 21 de junio de 2017. Cobo, es un conocido abogado y político de Villa Mercedes fundador del partido Mocomer y ex diputado por el PUL. Desde esas posiciones actuó como opositor al municipio y al PJ local, pero siempre aliado a Rodríguez Saá a nivel provincial. Corvalán, es hermana de una ex funcionaria de máxima confianza de Adolfo Rodríguez Saá y ministra también hasta el año pasado de Alberto. En el acto de asunción el ex presidente de la Nación y actual senador Nacional estuvo en primera fila.
En la antesala del 9 de Julio y en un momento que la atención de la opinión pública está puesta en las polémicas medidas del Comité de Crisis del COVID-19, el matutino que acumula experiencia y probada eficiencia como herramienta de desgaste de ministros de la Corte hizo una publicación que sacudió la estructura judicial.
¿Qué pasó para que casi un mes después Cobo cambiara de opinión?
Es un interrogante que no tiene respuesta formal por estas horas. Él como sus pares están en condiciones de transitar la etapa de jubilación, pero no está en sus planes.
En estas semanas el Gobierno no hizo esfuerzos por despegarse de las especulaciones que lo ubicaban empujando la salida de los ministros.
Rodríguez Saá dio las primeras señales de que iba por grandes cambios en el Poder donde los funcionarios son inamovibles salvo mal desempeño, una vez que cerró el periplo electoral de 2019 con la certeza de permanencia en el poder por otros cuatro años. En noviembre se conoció que postulaba a dos ex funcionarias para cubrir las vacantes en la Corte. En la previa del actual mandato, el último según la letra de la Constitución, hubo más indicios al hacer aprobar por la Legislatura un organigrama que creaba el ministerio de Justicia. En el discurso de asunción hizo unos trazos.
Ni el procurador General, Fernando Estrada, de 55 años, ni Lilia Novillo al momento de renunciar lograron convencer con las razones que los llevaron a apurar el retiro de cargos que son vitalicios.
La estocada final se precipitó el día después de que el Senado prestara acuerdo a las designaciones de las dos nuevas cortesanas. El desembarco de Cecilia Chada y Carolina Monte Riso en el pináculo de la Justicia es inminente.
Ambas fueron funcionarias y se les reconoce identificación con el actual gobernador. En el caso de Monte Riso, es la esposa del Miguel “Micky” Berardo, principal colaborador e íntimo amigo del secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá.
De confirmarse finalmente las dos renuncias, Rodríguez Saá tendrá cuatro puestos decisivos para cubrir. La procuración, vacante desde el 31 de marzo, y tres lugares en la cúpula.
En el entramado judicial que empezó a configurarse el 10 de diciembre de 2015, hay cada vez más magistrados relacionados al secretario General de la Gobernación.
Los cortesanos que se van no han sido una garantía de independencia y juristas, y quienes llegan tampoco garantizan impermeabilidad frente al poder. La conducción que está en tránsito trae la agenda de corto y largo plazo.