San Luis es una de las cuatro provincias donde hubo muertes por violencia institucional durante la cuarentena
La mayor cantidad de casos ocurrieron en Buenos Aires. Acá hubo dos.
La Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (Radhis) realizó un informe vinculado a los episodios de violencia institucional sucedidos desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Según los datos, se registraron 22 muertes en Argentina, todas ellas ocurridas en cuatro provincias: 18 en Buenos Aires, dos en San Luis, una en Santiago del Estero y una en Tucumán.
A lo largo del estudio, la Radhis enumera las 18 jurisdicciones en las que hubo algún tipo de violación a los Derechos Humanos. Contabiliza fallecimientos, agresiones, torturas, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
“El derecho a la vida, a no ser detenido arbitrariamente, la prohibición de la tortura y los malos tratos, no pueden suspenderse ni siquiera en circunstancias excepcionales como la que atravesamos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19”, indicaron.
A lo largo del estudio, la Radhis enumera las 18 jurisdicciones en las que hubo algún tipo de violación a los Derechos Humanos. Contabiliza fallecimientos, agresiones, torturas, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
“El derecho a la vida, a no ser detenido arbitrariamente, la prohibición de la tortura y los malos tratos, no pueden suspenderse ni siquiera en circunstancias excepcionales como la que atravesamos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19”, indicaron.
Casos de violencia institucional.
Radhis es una Organización No Gubernamental (ONG) que desde hace meses centra los esfuerzos para dar a conocer la realidad de la violencia institucional o el avasallamiento de los derechos humanos.
En su momento, con el avance de los hechos violentos, emitió un comunicado mostrando preocupación por las prácticas policiales: “Los abusos están a la orden del día”.
El organismo elaboró la investigación teniendo como base un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, medios de comunicación, redes sociales y diferentes ONG’s.
Consideraron que “los gobiernos pasan, pero las prácticas policiales permanecen aferradas a estos procedimientos antiguos e ilegales”.
Así expresaron la “imperiosa necesidad de pensar democráticamente a la institución policial”, y plantearon: “Debe considerarse como relevante en el análisis, la naturalización y aceptación con la que son observados por parte de la sociedad, inclusive de quienes son sus víctimas y lo viven como ‘algo normal’”.
Otras cifras que dieron a conocer es que hubo 61 episodios de violencia física, 42 de violencia policial por violar la cuarentena, 32 de violencia psicológica y 13 heridos por un arma policial.
Las únicas provincias que no manifestaron casos de abusos de ninguna índole fueron Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan y Tierra del Fuego.
San Luis
Los casos provinciales son los de Florencia Morales (39) y Franco Maranguello (16), ambos encontrados sin vida en una dependencia de la Policía provincial. Los dos detenidos en abril, y ambas muertes oficializadas por la Policía como suicidios.
En el reporte brindan detalles de cómo fueron aprehendidos, el estatus de los casos en la Justicia, la versión oficial del fallecimiento y las irregularidades en los procedimientos.
Además señalaron que el caso de Morales es seguido por ministerio de Seguridad de la Nación a través del Consejo Federal de Seguridad, y que en el de Maranguello el abogado de la familia, Gustavo Otegui presentó un Habeas Corpus colectivo para que “cesen las detenciones de menores en comisarías y se apliquen los protocolos y estándares internacionales”.
“De esta información hay algo que sale a la luz de manera clara y contundente y es la selectividad de la Policía por los más pobres y vulnerables. No es suficiente sancionar la violencia policial para erradicarla o prevenirla si al mismo tiempo no se ponen en crisis las estructuras institucionales y también las sociales que crean condiciones para reproducir este tipo de prácticas”, fundamentaron.
La posición del Gobierno provincial
La única pronunciación que realizó la Provincia se hizo a dos meses de los fallecimientos.
En una conferencia de prensa el gobernador Alberto Rodríguez Saá dijo que ninguna de las muertes en las comisarías había estado “vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas”.
Estas afirmaciones no coincidieron con la realidad: las víctimas fueron detenidas por violar el aislamiento.
“Lo de la chica de Santa Rosa, dramático, tremendo, ella fue a la comisaría y ahí pasó lo que pasó. No tenía que ver la pandemia. En Villa Mercedes, el chico tenía un arma, o algo así, tampoco tenía que ver la pandemia”. Esa fue la explicación del gobernado