APDH: “Las fuerzas de seguridad de San Luis desplegaron sus funciones de manera brutal”

El documento que toma los graves hechos ocurridos en San Luis fue elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a partir de informes, denuncias y declaraciones elevados por las distintas regionales del país.

Detallan la violencia institucional ejercida en diferentes puntos de la Argentina por las fuerzas de seguridad, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020 .

En el apartado de Cuyo, mencionan que como en Mendoza y San Juan, en San Luis hubo persecuciones policiales, golpizas y detenciones a personas menores de edad, lo que provocó “en ciertas ocasiones, lesiones de gravedad”.

“Se observa que, los operativos en la zonas céntricas y de clase media, media alta se realizan con total corrección, y que no sucede lo mismo en los barrios populares, territorio en el que gobierna la violencia policial a través de detenciones arbitrarias y el uso desmedido de la fuerza”, detalla el dossier.

A esto sumaron “la ulterior apertura de causas penales contra las víctimas” bajo la figura de “resistencia a la autoridad”.

En este sentido, destacan los dos hechos de “extrema gravedad” que ocurrieron en tierra puntana durante abril: “Dos personas, una de ellas menor de edad, que se encontraban detenidas en distintas comisarías por presunta violación del aislamiento preventivo, fueron halladas ahorcadas y sin vida”.

Relatan la aprehensión de Florencia Magalí Morales el 5 de mes cuando circulaba en contramano por una calle de Santa Rosa del Conlara. La mujer de 39 años se presentó de forma voluntaria a la seccional y “al enterarse de que quedaría demorada por incumplir la cuarentena intentó `fugarse´”, según informó la Policía.

Horas más tarde, apareció ahorcada. “La ampliación de la autopsia reveló que tenía `signos compatibles con la autodefensa´, ignorados al comienzo de la investigación, que refuerzan la hipótesis de que a Florencia la mataron”, fundamenta el informe de la APDH en San Luis.

Del mismo modo expusieron el repudio por el caso de Franco Maranguello, de 16 años, quien murió en una de las celdas de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes .

“Según la versión oficial, personal de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) de la Policía de San Luis detuvo al joven en inmediaciones de las calles Tucumán y Nelson mientras caminaba por la vereda. El argumento fue que tenían `sospechas de robo´ y tenía entre la ropa dos cuchillos”, puntualiza el informe.

Agrega el relato de la madre de “Paco”, Sandra Bravo. La mujer explicó que sólo llevaba cigarrillos, un encendedor y $20.

“Fue a buscarlo cerca de las 23 a la comisaría. Fue allí que le comunicaron que lo hallaron `con la remera (que vestía al momento de su aprehensión) asida a su cuello´. Recién a las seis de la mañana del día siguiente pudo ver a su hijo en la morgue. Tenía marcas de golpes en las orejas, brazos, rodillas y chichones en la cabeza”, pormenorizan desde la Asamblea Permanente.

También mencionan que en este contexto, se interpuso un habeas corpus para frenar las detenciones de personas menores de edad bajo el pretexto de violaciones del aislamiento, pero esto no se consiguió.

Así, la APDH enumera múltiples casos de intimidación o agresión institucional en todo el país. Algunos de ellos se perpetraron en Río Tercero, Tucumán, Catamarca, Mendoza y Rosario.

A partir de eso manifestaron que los diferentes hechos “sirven como herramienta y fundamento para denunciar con firmeza el ejercicio de la violencia institucional durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Advierten que “las fuerzas de seguridad en San Luis y Tucumán desplegaron sus funciones de manera brutal”. Y que desencadenaron en muertes que dejaron a la luz “un accionar no ajeno a la tradición”, y que a su vez “fue encubierto por los discursos de las autoridades provinciales”.

Reflexionaron en la existencia de “patrones” que se replican en las distintas zonas analizadas: “La violencia se ejerce de forma sectorizada y selectiva. Los barrios más vulnerados y los jóvenes de estos sectores son las víctimas principales, pero también lo son los trabajadores más precarizados”.

“No podemos dejar de denunciar la impunidad con la que se realizan estas prácticas represivas en múltiples territorios de Argentina. Éste accionar no es nuevo ni es ajeno a la histórica tradición de las Fuerzas de Seguridad argentinas en democracia”, resaltaron.

Finalmente, y ante un escenario preocupante exigieron “el fin de estos procedimientos ilegales, abusivos y contrarios a los derechos humanos, y el castigo a las personas responsables”.