El gobernador postuló al apoderado del Partido Justicialista para procurador General
Se trata de Luis “Lucho” Martínez, el dirigente ultraalbertista que es diputado provincial desde hace siete años y venía ejerciendo el rol de guardián legal partidario.
El candidato a la procuración General de la Provincia es uno de los dirigentes más devoto del gobernador Alberto Rodríguez Saá y un entusiasta seguidor del hijo del mandatario, el secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá.
Que la nominación de Luis Martínez para ocupar el estratégico cargo se haya hecho en forma simultánea con la propuesta de Jorge Alberto Levignston para el Superior Tribunal de Justicia no parece una simple coincidencia.
Es un combo que incluye un fervoroso militante partidario y un abogado históricamente independiente de una extensa trayectoria, inclusive fue juez. Es una invitación a ver el todo o detenerse en el segundo que fue cuatro veces presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis.
Su antecesor Fernando Estrada renunció por “razones personales”, tras una década y media.
El candidato a jefe de los fiscales y defensores oficiales exhibe como principal pergamino su fe albertista, pero carece del insumo de la trayectoria en el foro porque su ascendente carrera la hizo en territorios del gobierno y el partido.
Martínez, de 45 años, que ya se sometió al período de tachas no garantiza independencia del poder político.
Fue electo diputado provincial en 2013 tras pasar por una interna cuya lista apadrinaba el actual secretario General de la Gobernación. En 2017 fue reelecto y tiene mandato hasta 2021.
En los últimos años fue jefe de la bancada y presidente en forma ininterrumpida desde 2013 de la comisión de Asuntos Constitucionales, que siempre está en manos del oficialismo.
Formó parte del efímero club de jóvenes profesionales del Partido Unión y Libertad (PUL) del cual migró en el momento que el entonces también gobernador Alberto Rodríguez Saá lo vació para dar entidad a su nueva aventura política Es Posible y nutrir de “sangre nueva” al PJ.
Egresó de la Universidad Católica de Cuyo, sede de San Luis en 2005, y unos de los primeros cargos en el gabinete fue de asesor en reparticiones del extinto ministerio de la Cultura de Trabajo (fusionaba las carteras de Desarrollo Social y Salud). En los gobiernos de Rodríguez Saá también se desempeñó como director de Personas Jurídicas y viceministro de la cartera de Gobierno. Antes fue asesor del bloque de Senadores.
En la gestión de Claudio Poggi estuvo a cargo del programa Pueblos Puntanos hasta que asumió en la Legislatura.
De la promocionada interna de los hermanos Rodríguez Saá surgió como apoderado del Partido Justicialista, cargo que compartió con otros tres funcionarios y abogados.
Esa función tiene en común en su currículum con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo. La cortesana antes de encarar el segundo mandato tuvo una experiencia fallida como candidata a intendente y representante legal en las elecciones de 2015
Fue vocero, un rol en el que se siente cómodo, del faltante de $14 millones de las cuentas del Partido Justicialista en el Banco Nación.La desaparición de ese dinero se la adjudicaron a Adolfo Rodríguez Saá, desplazado del sillón del Consejo provincial por su hermano.
Justamente los roles de guardián legal del PJ, presidente del bloque parlamentario y titular del Consejo Departamental partidario, no figuran en el currículum que publicó el ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto en el Boletín Oficial y en El Diario de la República.