En el comienzo del lunes, el transporte interurbano funcionará con normalidad
Por la mañana habrá una reunión entre las empresas y la UTA en Relaciones Laborales para destrabar el conflicto. Los trabajadores aún no perciben sus sueldos de julio.
Durante el inicio de la semana, miles de usuarios estarán expectantes para ver qué sucede con el servicio de transporte interurbano en la provincia. El viernes pasado, los trabajadores realizaron asambleas en punta de línea y anticiparon que las medidas de fuerza podrían persistir.
El conflicto obedece a una deuda de aproximadamente $30 mil que mantienen las empresas desde febrero con cada conductor. A ello se suman los haberes correspondientes a julio, que debían ser abonados hasta el jueves pasado.
En este escenario, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) dispuso que al menos en el comienzo del lunes el servicio funcionará con normalidad. Luego de una audiencia prevista en el Programa Relaciones Laborales resolverán cómo seguirá el reclamo.
Un día antes de que venciera el plazo para pagarles, los representantes legales de las empresas se habían reunido con el sindicato. Les propusieron solventar la deuda en cuatro cuotas, mientras que sobre los sueldos manifestaron no tener recursos para enfrentarlos.
El secretario gremial de la UTA, Lucio Orozco expuso el malestar por la situación debido a que este mes las compañías pudieron recaudar "con normalidad". Y además recibieron subsidios de la Nación.
“Siempre es lo mismo. Aducen que son pocos y no alcanzan. Es faltarle el respeto al trabajador y a los usuarios (…) Las empresas quieren pagar y hacer lo que quieren. La secretaría de Transporte y el Gobierno provincial tienen que darle un corte definitivo a esto”, sostuvo.
En lo que va del año, el servicio interurbano atravesó dos extensas medidas de fuerza que afectaron a miles de usuarios. La primera se produjo en mayo a lo largo de 23 días. La otra fue a finales del mes siguiente con una extensión de dos semanas.
La crisis en el sector, parece no tener fin. Los dueños de las compañías a cargo de los corredores argumentan que por la pandemia sufrieron grandes pérdidas. Por eso, requirieron en múltiples oportunidades asistencia financiera de parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
La administración provincial no sólo no les dio respuestas sino que se mantuvo al margen de la problemática como un espectador de las negociaciones entre la UTA y los empresarios.
Durante el inicio de la semana, miles de usuarios estarán expectantes para ver qué sucede con el servicio de transporte interurbano en la provincia. El viernes pasado, los trabajadores realizaron asambleas en punta de línea y anticiparon que las medidas de fuerza podrían persistir.
El conflicto obedece a una deuda de aproximadamente $30 mil que mantienen las empresas desde febrero con cada conductor. A ello se suman los haberes correspondientes a julio, que debían ser abonados hasta el jueves pasado.
En este escenario, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) dispuso que al menos en el comienzo del lunes el servicio funcionará con normalidad. Luego de una audiencia prevista en el Programa Relaciones Laborales resolverán cómo seguirá el reclamo.
Un día antes de que venciera el plazo para pagarles, los representantes legales de las empresas se habían reunido con el sindicato. Les propusieron solventar la deuda en cuatro cuotas, mientras que sobre los sueldos manifestaron no tener recursos para enfrentarlos.
El secretario gremial de la UTA, Lucio Orozco expuso el malestar por la situación debido a que este mes las compañías pudieron recaudar "con normalidad". Y además recibieron subsidios de la Nación.
“Siempre es lo mismo. Aducen que son pocos y no alcanzan. Es faltarle el respeto al trabajador y a los usuarios (…) Las empresas quieren pagar y hacer lo que quieren. La secretaría de Transporte y el Gobierno provincial tienen que darle un corte definitivo a esto”, sostuvo.
En lo que va del año, el servicio interurbano atravesó dos extensas medidas de fuerza que afectaron a miles de usuarios. La primera se produjo en mayo a lo largo de 23 días. La otra fue a finales del mes siguiente con una extensión de dos semanas.
La crisis en el sector, parece no tener fin. Los dueños de las compañías a cargo de los corredores argumentan que por la pandemia sufrieron grandes pérdidas. Por eso, requirieron en múltiples oportunidades asistencia financiera de parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
La administración provincial no sólo no les dio respuestas sino que se mantuvo al margen de la problemática como un espectador de las negociaciones entre la UTA y los empresarios.