VIDEO | La ciudad partida: las barricadas, la falta de información y los trastornos para realizar las actividades esenciales
Por el regreso a la fase 1, el Comité de Crisis instaló terraplenes en los accesos a diferentes barrios de la ciudad. En algunos casos suplantan los controles policiales. Los vecinos deben hacer extensos recorridos para cumplir con las obligaciones y afrontar mayores gastos en traslados.
A las nuevas restricciones que deben atravesar los vecinos de San Luis, ahora se sumó el impedimento para circular por los caminos que recorrían habitualmente para ir a trabajar, recibir atención médica o a realizar las compras diarias.
De forma inesperada y sin aviso, el Gobierno provincial colocó montículos de tierra en diversos sectores de la ciudad. La determinación surgió luego de que la capital puntana y varias localidades regresaran a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El desconocimiento sobre los cortes se evidencia permanentemente al ver que los conductores se dirigen por una calle y son sorprendidos por las barricadas. En ese momento, deben implementar maniobras con los vehículos para dar marcha atrás o girar y emprender el retorno.
El Chorrillero recorrió algunos puntos de la ciudad y se encontró con al menos una decena de bordos de tierra.
En la zona sur, uno de ellos está ubicado en la intersección de Ascasubi y 18 de septiembre, justo en diagonal a la Legislatura provincial. Este obstáculo también impide que ingresen los automóviles que provienen desde la Autopista de Serranías Puntanas.
Otro, se emplaza en la continuación de la calle Riobamba, en la entrada al Barrio Lucas Rodríguez. Allí, como en muchos de los terraplenes no hay señalización y por la noche es difícil visualizarlos. En algunos si se han instalado tachos de la Dirección de Vialidad provincial.
La mayor cantidad de montículos se encuentran al recorrer la Ruta Nacional N°147 en los accesos a los distintos barrios que la atraviesan. La mayoría no estuvo presente en el inicio de la pandemia, y en otros casos están donde habitualmente había puestos de la Policía.
Quienes habitualmente entraban por la avenida Fuerza Aérea ahora no pueden hacerlo. En cambio, deben hacer varios kilómetros más para transitar por la avenida Justo Daract, donde sí hay controles de las fuerzas de seguridad. Uno de los motociclistas que pasaba por ahí consideró que sería pertinente la presencia de efectivos y no ese tipo de cortes.
La misma situación deben atravesar los vecinos de Juan Gilberto Funes y los que circulaban por la calle Franco Pastore. De la noche a la mañana se encontraron con importantes barricadas que interrumpen el tránsito.
Siguiendo el recorrido por esa ruta también fueron alterados los accesos a los barrios Los Aromos, Jardín San Luis, Ignacio Vidal y Faecap. El trastorno también se presenta para quienes habitualmente ingresaban al Eva Perón, por el sector sur en inmediaciones a la pañalera.
Entre las quejas, los conductores enmarcan el desconocimiento de la determinación provincial y los extensos trayectos que deben afrontar para llegar a sus hogares. De manera similar piensan los demás vecinos que utilizan el servicio de taxi, al que ahora tienen que destinar más dinero.
Por su lado, quienes se movilizan en motos o bicicletas optan por atravesarlos por el lugar donde esté más bajo, generalmente son los costados. Para hacerlo algunos necesitan de ayuda para empujar los rodados.
Otro los puntos, donde siempre es intenso el tráfico, es en la rotonda “Abuelas Plaza de Mayo” (conocida como Torrontegui). Allí durante la primera etapa de la cuarentena supo haber un puesto policial. En este retorno al aislamiento obligatorio lo reemplazaron por un terraplén.
El malestar se replicaba en cada uno de los automovilistas que intentaba entrar a los barrios Los Paraísos, Los Venados o Telepostal. “Que los saquen”, gritó uno de ellos al pasar por el lugar.
El mismo panorama se presenta a unos metros, en inmediaciones a la planta de Edesal, donde en simultáneo a las montañas de tierra, hay un control policial.
Se trata de otra medida arbitraria del Gobierno. Los vecinos que continúan trabajando o tienen que realizar actividades esenciales, deben afrontar más problemas.