Insisten que siguen las complicaciones para los productores que necesitan trabajar en sus campos
La Sociedad Rural reiteró hoy que continúan los problemas para quienes tienen establecimientos en San Luis y residen en provincias limítrofes, a raíz de las medidas establecidas por el Gobierno puntano, en el marco de la pandemia de coronavirus.
La entidad publicó en su página web que “ya son varios los productores que denuncian irregularidades, trabas e incluso violación de sus derechos a la intimidad, al momento que arriban a la provincia de San Luis”.
De acuerdo las disposiciones del Gobierno, los productores que residen en provincias limítrofes y que deben trabajar en sus campos que están en territorio puntano, necesitan la autorización del Comité de Crisis para entrar, dos estudios de PCR negativo, alquilar un equipo de rastreo satelital, y cumplir una cuarentena estricta de siete días.
“Muchos productores denunciaron una marcada lentitud por parte del Gobierno local, debido a que los tramites de autorización para el ingreso tienen una demora superior a los 15 días. Esto genera incertidumbre, ya que a la par de las autorizaciones, las personas deben realizarse un estudio de PCR que solo tiene validez por 72 horas”, informó la entidad.
El primer estudio de PCR -que cuesta alrededor de $6 mil- los productores deben realizarlo 72 horas antes del ingreso a San Luis en la ciudad de origen.
Por el tiempo que demandan los tramites de autorización de ingreso, los trabajadores “no logran coordinar turnos para los análisis pertinentes, lo que pone en vilo la vigencia de la autorización para entrar a San Luis”.
Además de la demora en los tramites de autorización, los productores rurales que lograron ingresar a San Luis, denuncian que “las autoridades violan sus derechos a la intimidad y los exponen”.
“Una vez que el productor llegó a la provincia, su vehículo es rastreado de forma satelital por las autoridades, quienes corroboran el arribo a su propiedad y vigilan todos sus movimientos”, advirtieron.
Este rastreo se realiza mediante un sistema satelital que cuesta entre $2 mil y $3 mil, que también debe costear el productor.
Además de la vigilancia vía satélite, en los puntos de ingreso a San Luis se les toma fotografías a los vehículos particulares y a las personas. Las imágenes se adjuntan a las declaraciones juradas que deben firmar, y no se informa donde se guardan estos documentos, por cuanto tiempo y tampoco para que se utiliza.
Una vez que llegaron a los campos, los trabajadores deben colocar en su ingreso un letrero que anuncia que allí hay una persona en aislamiento. Esta medida, claramente viola los derechos a la intimidad de toda persona cuya salud se encuentra o se considera en peligro.
Una vez que la persona cumplió la cuarentena obligatoria, nuevamente debe pagar otro estudio de PCR, que si resulta negativo, ya se encuentra libre para poder circular por la provincia y abandona su estado de aislamiento.
Desde la Sociedad Rural de San Luis pidieron al Comité de Crisis y al Gobierno de San Luis, que agilicen los trámites de autorización para “el ingreso de nuestros trabajadores y productores, ya que ellos son esenciales para sostener el desarrollo productivo y económico de la provincia y el país”.
Además reclamó que se “eliminen las medidas que violan la intimidad de nuestra comunidad agropecuaria, quienes no son objeto de propaganda para que en sus tierras exhiban un letrero que habla de su situación sanitaria, y tampoco delincuentes, para que sean rastreados y vigilados de forma satelital”
“Entendemos y estamos muy preocupados por la situación sanitaria que se vive en el mundo entero, pero para salir adelante, necesitamos el dialogo y la coordinación de todos los sectores; no la imposición de medidas que violan libertades y derechos”, reiteró la entidad.