Diputados aprobó un proyecto para que se implementen programas de capacitación en prevención y asistencia en adicciones

El proyecto de declaración le pertenece a la diputada Fabiana Zárate (San Luis Unido-Avanzar); y este miércoles fue aprobado por unanimidad. La propuesta está basada en la necesidad de que el Gobierno instrumente instrumenta en “forma inmediata” programas de capacitación en prevención y asistencia en adicciones para todos los equipos de salud mental de la Provincia.

Y al mismo tiempo, la declaración “efectúa reconocimiento sobre la eficacia del trabajo de los centros de prevención y asistencia en adicciones, en el tratamiento y recuperación de personas con problemas de adicciones”, según destacó la legisladora.

“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Para ello es necesario articular interdisciplinaria e intersectorialmente, las políticas y que los equipos de salud se capaciten en la problemática específica”, explicó en una publicación por las redes sociales.

Consideró que “lo deseable” es que una organización provea los tres aspectos del tratamiento (ambulatorio, centros de día que trabajen en la reinserción social y laboral de la persona con problemas de consumo de sustancias o alcohol, e internación en casos de excepción y transitoriamente). Y destacó que en la provincia son los centros de prevención y asistencia de adicciones, los únicos que desarrollan “efectivamente su actividad”.

Pero más allá de eso, expresó la importancia de que “todos los equipos de salud mental de la provincia (comprendiendo a los que no se dedican específicamente) sean capacitados en tal temática”.

En el proyecto, Zárate tuvo en cuenta la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (BO 3/12/2010), la cual tiene como objetivo “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional”.

“Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud (art. 4)”, indica la declaración.

“Recibir tratamiento y ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; y ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe”, considera la propuesta.

También agregó que la atención en salud mental debe estar “a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente”.  Y que “todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas… (art. 13)”.

El proyecto asegura que “el consumo problemático de alcohol y de sustancias psicoactivas constituye un grave problema social y de salud pública”, y que San Luis no escapa a esa realidad.

“En el contexto histórico que atravesamos debemos tener presente que la pandemia de Covid-19 y su impacto social y económico han provocado ansiedad generalizada, depresión y otras reacciones psicológicas adversas que pueden aumentar el comportamiento adictivo, incluido el abuso de sustancias”, agrega Zárate.

Y añade que la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico) cuenta con un área de capacitación sobre adicciones que “tiene como objetivos sensibilizar y dotar de herramientas teóricas y prácticas sobre estrategias de prevención”. Inclusive una plataforma virtual que cuenta con “una amplia oferta de formación con las ventajas del aprendizaje en red”.