En medio de la crisis, Rodríguez Saá le dio a Tamayo un ATP de $180 millones para hacer frente a la pandemia
El gobernador hizo un giro especial a la comuna en julio. Para el resto de los intendentes que gestionaron auxilio no hubo fondos.
La discrecionalidad tiene nombre y monto. El gobernador Alberto Rodríguez Saá autorizó la transferencia de $180 millones adicionales al intendente Sergio Tamayo el 29 de julio, en momentos que los municipios y distintos sectores también solicitaban auxilio.
La inyección de fondos del Gobierno a la Municipalidad de San Luis se conoció casi cinco meses después. El último viernes fue publicado en el Boletín Oficial el decreto Nº 3985-MHP-2020 que corresponde a un envío de partidas en concepto de Aportes del Tesoro Provincial (ATP).
El Gobierno justificó que el dinero estaba “destinado a afrontar la situación de emergencia económica y financiera que ha provocado la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación con el coronavirus COVID-19, la cual ha afectado la recaudación de ese municipio”.
El decreto rubricado por el mandatario provincial, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur y el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, indica que la intendencia recibirá los fondos en “tres cuotas mensuales y consecutivas".
Cada tramo programado fue de $51.610.075,68, $18.814.540,13 y $109.575.384,19.
Este desembolso de $180 millones fue un giro por fuera de la coparticipación. Los ATP son una herramienta que usa el gobernador, de acuerdo a su criterio, para favorecer o castigar a los municipios, así lo indican los antecedentes.
Tamayo corrió con ventaja por los fondos extraordinarios que le bajó su padrino político, pero en la realidad la asistencia no se vio reflejada.
El intendente avanzó durante la crisis con el plan recaudatario sin darle respiro a nadie, mantuvo a los choferes de Transpuntano tres semanas sin pagarles los sueldos y la ciudad sin transporte, y aumentó el estacionamiento medido. Tampoco hubo auxilio para los sectores productivos y de servicios asfixiados por la cuarentena que buscaban salir a flote. Y terminó el año con un tarifazo del 59% en el boleto. Encima la ciudad está con los servicios resentidos como por ejemplo la iluminación es deficiente en buena parte de la ciudad.
A pesar de los recursos extras y frescos no hubo aumento para los trabajadores. Tamayo tuvo ventaja y margen de maniobra para la administración de la ciudad.
Tamayo se dio el lujo de reconocer una deuda de $25 millones a Edesal, cuando el municipio tenía para cobrar $64 millones a la empresa. Esa decisión está inscripta en un convenio por el cual le entregó la gestión de cobro de las tasas a través de la boleta de luz para asegurarse que los vecinos paguen los impuestos.
Ahora anunció un incremento del 35% para los municipales para 2021 en cuotas que se completarán recién en noviembre.
En el arranque de la gestión Tamayo había recibido un refuerzo de Terrazas del Portezuelo de $245 millones. Hay otros casos: el 30 de diciembre del 2019 autorizó $50.000.000 a Villa Mercedes (Nº 327-MHP-2019) y $17.000.000 a Justo Daract (Nº 326-MHP-2019), cuyos vecinos sufren la falta de agua. Y el 22 de enero del 2020 destinó $3.500.000 a Concarán.
Para los amigos, todo; al resto, nada.
La respuesta del Gobierno frente a las gestiones de los municipios siempre es la misma: no. “Así como ustedes están mal, nosotros también”, les dijo Zabala Chacur en su momento, pese a tener a disposición el fondo anticrisis y los ATN que bajaba la Nación.
En la etapa más crítica de la pandemia un grupo de comunas buscaron que el Gobierno coparticipe los Aportes del Tesoro Nacional que llegaban a San Luis. Juana Koslay, La Punta, Potrero De Los Funes, La Carolina, Villa de Merlo, El Trapiche, Papagayos, Leandro Alem, San José del Morro, Unión, Naschel, Navia, Anchorena, Santa Rosa del Conlara y Tilisarao firmaron el reclamo. La caída de la coparticipación y de la recaudación fueron condicionamientos con los que tuvieron que vivir durante meses.