Con Jorge Fernández y Diana Bernal se completará la nueva Corte, tras la crisis provocada por Rodríguez Saá

La Cámara Alta aprobó ayer los pliegos para que Diana Bernal y Jorge Fernández asuman en la Corte, que arrastra la sospecha de ser dependiente del rodriguezaismo.

Durante las audiencias, que se extendieron por unos 35 minutos cada una, los candidatos presentaron sus antecedentes y respondieron preguntas de los legisladores que abarcaron la mora judicial, la oralización de los procesos, la relación entre los poderes del Estado, la perspectiva de género, la creación de la policial judicial y el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados.

Bernal vuelve al sistema judicial donde desarrolló una carrera de 40 años ininterrumpidos. Entró en 1976 en el cargo de secretaria de juzgado, siguió como Defensora después fue jueza y en 1993 se convirtió en fiscal de Cámara. Durante los 23 años que ejerció esta última función le tocó intervenir en casos resonantes y se registraron fuertes denuncias formales y públicas que involucraron a funcionarios del Gobierno provincial.

“Me duele cuando se critica a la Justicia. Uso la camiseta judicial. Por eso acepté la propuesta”, sostuvo en un comienzo al referirse al ofrecimiento que le hizo el gobernador.

En una de las embestidas para descabezar el Superior Tribunal y generar vacantes en tribunales inferiores en 1996, Alberto Rodríguez Saá lanzó críticas despiadadas contra Bernal pegándola a los cortesanos de ese momento que debieron abandonar sus puestos, salvo uno.

Frente a la consulta sobre la oralización en el fuero Civil, Comercial y Laboral, Bernal consideró que es “un procedimiento ideal, pero bastante difícil de realizar”. “Se necesita un compromiso de los operadores judiciales, de una buena preparación y predisposición”, argumentó.

“Es necesario para San Luis el sistema acusatorio, como también que los jóvenes fiscales deben ser formados en este nuevo mecanismo, que no es nada fácil, tampoco imposible”, dijo también.

Otro de los puntos sobre los que opinó fue la creación de la policía judicial: “Estimo que no es difícil y se puede llegar a hacer sin modificar tanto el presupuesto”.

“Nos falta mucho, tenemos que vencer muchos prejuicios”, manifestó sobre la implementación de la perspectiva de género. Y planteó “la obligación de formar a todos los ciudadanos y más a los que integran los poderes públicos”.

Por otro lado, dio su opinión sobre la creación de nuevos juzgados. “Creo que son los suficientes, pero tenemos que esperar la modificación de los códigos procesales. Hay en el interior que no están en marcha. Hay que cambiar prácticas que están obsoletas, modificar otras y optimizar los recursos humanos que tenemos”, indicó.

Las senadoras María Angélica Torrontegui y Mabel Leyes celebraron el nombramiento de Bernal. “Una mujer que lucha por los derechos de la mujer”, afirmó la jefa del bloque.

La futura cortesana viene de patrocinar al ex escribano de Gobierno, Antonio Pollacchi, quien fue hallado culpable del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas en perjuicio de su ex pareja.

Bernal pidió la absolución por considerar que no hubo prueba objetiva ni concreta de la acusación. La condena a tres años de prisión en suspenso que mantuvo en libertad al ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá, provocó fuertes críticas de agrupaciones feministas.

La nominación recibió el apoyo de 315 abogados y ciudadanos.

Jorge Fernández recibió también numerosas adhesiones de abogados, dirigentes y desde la Fiscalía de Estado, entre otros.

“Resulta indiscutible, implica inmediatez del juez. Puede participar en todas las actividades procesales. Privilegia el trámite y la forma”, fundamentó en el recinto que habitó como legislador entre 1997-99 y 2011-15.

Respecto al rol de los magistrados en el proceso moderno lo vinculó a lo anterior: “Tiene que actuar de oficio para llegar al final emitiendo un pronunciamiento. Tiene que estar perfectamente involucrado en la situación social, económica en que está inmerso. La misión es involucrarse”.

Sobre el tiempo que se toma la Justicia para resolver no fue de lleno sobre el sistema provincial: “Es un término que no solo preocupa en San Luis, sino en otros lugares. Se ha ampliado el personal y los juzgados, y la mora sigue. Hay que trabajar en una ingeniería integral. Esto de la oralidad es sumamente importante”.

Por otro lado, habló sobre los poderes del Estado y afirmó que es “imprescindible el trabajo en conjunto”.

“Me parece que no resiste al mínimo análisis. Es parte de la sociedad, pertenece. Tenemos que estar imbuidos en lo que ocurre. No estoy de acuerdo con que se crea el juez un ser superior que no se encuentra alcanzado por una disposición”, dijo al responder que está de acuerdo con que los magistrados paguen el Impuesto a las Ganancias.

Llegará a la Corte después de un largo recorrido por el campo de la política que lo tiene como un dirigente moderado. Proviene del Partido Justicialista en el que ha estado identificado con Adolfo Rodríguez Saá y lo acompañó como funcionario desde 1987 en cargos de segunda línea en el gabinete y en la estructura partidaria. Un poco antes, a los 26 años, “Gato”, como lo conoce la mayoría, había sido electo concejal por Tilisarao. En adelante alternó en las funciones de senador provincial por Chacabuco (dos veces) e intendente (cuatro mandatos, incluido el actual que dejará porque se vence en 2023). También fue ministro de Obras Públicas en la segunda gestión de Alberto.

En la separación de los hermanos Rodríguez Saá, Fernández quedó del lado de Adolfo. Después de las elecciones hubo un acercamiento con el actual gobernador.

Como lo hizo en entrevistas periodísticas anteriores, al momento de explicar ayer ante los cronistas el giro en su vida política apeló al ex presidente de Uruguay, José Mujica. Repitió: “Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse”.

Después de cinco años la Corte volverá a funcionar en una delicada convivencia con todos sus miembros. El 2021 arrancará sin la jueza Lilia Novillo que dejará el cargo tras protagonizar una operación política que atendió la necesidad del momento de Alberto Rodríguez Saá. Su actuación marcó la salida obligada de Marta Corvalán y Carlos Cobo que ahora revistan como asesores del gobernador.

Rodríguez Saá armó una nueva Corte con Carolina Monte Riso, Cecilia Chada, Jorge Levingston, Jorge Fernández y Diana Bernal. El procurador General, Luis Martínez también forma parte del recambio.