Reclamo de bolicheros: “Un viernes circulan siete mil personas en fiestas clandestinas en San Luis”

A poco de cumplir un año desde que debieron suspender sus actividades por la pandemia, los boliches en San Luis no entienden por qué la negativa del Gobierno provincial para habilitarlos con protocolos y medidas de seguridad.

“Vemos desbordado el turismo, han abierto muchos rubros y nosotros esperando desde el 12 de marzo. Se ve que el único rubro que contagia es el baile. En otros lados andan todos amontonados”, sostuvo el presidente de la Cámara que nuclea al sector, Diego Astudillo.

Si bien ya presentaron tres protocolos diferentes para adecuar la actividad nocturna a la nueva realidad, no han tenido respuesta favorable de parte del Comité de Crisis, ni tampoco los motivos por los cuales deben permanecen con las persianas bajas.

“Más de 350 días con los negocios cerrados. Lo aceptamos y compartimos, en definitiva, colaboramos. El motivo principal, cuidar a nuestros clientes, nuestro personal y ayudar al Estado para que el sistema de salud no colapse”, expresó a través de las redes sociales el dueño de Aqua y Lecoq, Roberto Ofria. Pero resaltó la necesidad de “trabajar y dar trabajo”.

“Estamos seguros de poder ofrecer diversión cuidada, segura y con protocolos a nuestros clientes, que tanta falta les hace. Gran duda. ¿Por qué algunos sí y otros no?”, cuestionó.

Ofría mencionó a El Chorrillero que a un mes y medio de la última reunión con el Gobierno provincial no han tenido información. "Es muy dura y triste esta situación de incertidumbre", expresó.

“Si hubiera un plan, me tendrían que decir cómo, qué horarios y de qué manera, pero no hay. Han habilitado negocios que no están cumpliendo el rubro”, continuó.

En el mismo sentido, razonó que los encuentros con las autoridades han sido “en vano” debido a que “no dan ninguna respuesta, ni siquiera negativa”. Por eso, afirmó que ha pedido reunirse directamente con el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

“Es injusto. Necesitamos la presencia del Estado solidario y comprometido”, reclamó y contó que sólo ha recibido llamados durante estos meses del intendente de Juana Koslay, Jorge Videla.

Ofría hizo énfasis en que lo único que piden al Gobierno es la posibilidad de trabajar y ayudar a contrarrestar la clandestinidad: "Somos parte de la solución".

El malestar se potencia cuando toman conocimiento del incremento de las fiestas a escondidas en toda la provincia y la falta de accionar de parte de las autoridades provinciales.

“No conocemos los motivos para no abrir. La verdad nos está marcando que la clandestinidad es total”, subrayó Astudillo.

Según precisó, en la provincia ya cerraron cuatro boliches. Y del sector dependen 600 puestos de trabajo de forma directa “más los indirectos”.

“¿De qué nos sirve cuidarnos durante toda la semana si un viernes pululan alrededor de siete mil personas en fiestas clandestinas solo en la ciudad de San Luis? Y un sábado estábamos entre las 10 y 12 mil”, se preguntó Astudillo.

Al mismo tiempo, transmitió el desconcierto de por qué pueden trabajar los eventos privados y ellos sigan imposibilitados: “No sé cuál es la diferencia que baile un grupo de 10 amigos en una burbuja y lo haga una novia o quinceañera con su grupo de allegados”.

En consonancia, subrayó que las propuestas elevadas al Gobierno prevén diferentes disposiciones para resguardar las distancias y medidas de higiene.

Por eso, insistió en la necesidad de contener “a los chicos en un lugar donde poder respetar los protocolos”.

“Creo que es mucho más viable que tenerlos dispersos por toda la ciudad”, consideró.

“Si tenemos una muerte en una fiesta clandestina, ¿quién se hará cargo? Se tiene que ser más expeditivo. Están casi todos los rubros abiertos”, planteó.

Finalmente Ofría reflexionó: "Cuando existe la capacidad, la actitud y la intención de solucionar los problemas, se solucionan. Con el trabajo de la gente se jode".