Se pidió al Gobierno de San Luis información sobre el plan de vacunación

La transparencia en torno a la campaña de vacunación contra el Covid-19 iniciada en la provincia el 29 de diciembre del 2020, quedó empañada en los primeros meses de este año al conocerse que desde el Gobierno se ofreció inmunizar a políticos y otras personas por fuera del cronograma de prioridades. Ha generado dudas la vacunación del “personal estratégico del gobernador”.

La presentación se enmarcó en el régimen de "Acceso a la Información Pública" (Ley N° V-0924-2015), y fue dirigida a la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur y la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

Un cronista de El Chorrillero entregó el miércoles 2 de junio las preguntas a las reparticiones en Terrazas del Portezuelo. Fueron recibidas en Mesa de Entradas de cada dependencia.

Ahora ¿qué dicen? Ambos cuestionarios son idénticos. Contienen nueve preguntas sobre datos que nunca fueron difundidos oficialmente.

La intención es saber qué función cumple el “personal estratégico”, porqué son considerados prioritarios, cuantas personas lo integran y quiénes son.

Fue firmada por los cronistas Daniel Miranda y Julián Pampillón, y también se intenta saber sobre si ya recibieron las dos dosis, la fecha de vacunación, el motivo por el cual fueron inmunizados y cuál vacuna recibieron.

El 4 de febrero, en presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti (en aquel momento se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud), Sosa Araujo fue consultada por El Chorrillero si se privilegió a políticos, funcionarios y amigos del poder.

En la respuesta no desmintió que ello haya sucedido y se limitó a reconocer que las dosis fueron colocadas a los trabajadores de la salud y a “personal estratégico que está relacionado con el gobernador”.

Y completó: “La vacuna no se ofrece, es voluntaria, uno se inscribe. Está todo normalizado. Y estamos vacunando como corresponde”.

Otro de los puntos que se preguntó fue sobre la cantidad de ciudadanos vacunados y si se inmunizaron a quienes no pertenecen a los grupos esenciales y porqué.

El lunes 3 de mayo en un contacto que mantuvo con periodistas en Villa Mercedes, el gobernador Rodríguez Saá reconoció que el gabinete provincial, miembros de la Corte de Justicia y funcionarios nacionales a cargo de reparticiones en San Luis habían sido vacunados.

San Luis es una de las tres provincias que no informa datos desagregados sobre la campaña, según un estudio publicado el viernes 21 de mayo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Cuando da cuenta del proceso, el Gobierno lo hace de forma parcial. A través de la Agencia de Noticias San Luis, se limita a comunicar cuantas dosis llegaron desde la Nación y de qué manera se distribuyen entre las localidades.

En ningún momento da cuenta del proceso de aplicación. Algunos datos los publicita el ministerio de Salud nacional a través del Monitor Público de Vacunación. Tampoco da a conocer información ligada a la distribución en grupos prioritarios de riesgo, la franja etaria, tipo de vacuna, cantidad por departamentos, etc.

Inclusive legisladores de la oposición han presentado pedidos de informes al Gobierno, pero son frenados en la Legislatura por el bloque del partido gobernante Frente Justicialista de Todos.

Dicho todo esto, se aguarda la contestación por parte de los organismos gubernamentales. Para ello tienen 10 días hábiles administrativos desde la presentación, es decir, que deben responder antes del martes 15 y solo lo podrá prorrogar por otros 10 en el caso de “mediar circunstancias difíciles que hagan reunir la información”, siempre y cuando se comunique con anterioridad.