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ROBO DE PLANES SOCIALES

Ahora las víctimas denunciaron aprietes de la defensa del funcionario K de “Pipi” Alí

Facundo Devia estafó a un grupo de mujeres, todas en una condición de vulnerabilidad extrema, y se quedó con el plan social de ellas. Ahora, su estrategia es parar el proceso judicial y un abogado ya entró en contacto con las víctimas que reciben mensajes a altas horas de la noche.

Facundo Devia junto al intendente Alí.
Actualizada: 11/10/2021 11:45
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El escándalo que envuelve al funcionario k del intendente Ernesto “Pipi” Alí en La Toma tuvo un nuevo giro porque al menos dos mujeres denunciaron que fueron presionadas por un abogado para que no sigan adelante con la acción contra Devia.

Dos vecinas que fueron estafadas se comunicaron con El Chorrillero para hacer público que los mensajes del abogado constituyen “un apriete”. Una de ellas dijo: “Tengo miedo”.

Johana Ceratto compartió a El Chorrillero las capturas de los mensajes que le envío por WhatsApps el abogado Miguel Orozco, representante legal de Devia que la contactó para “llegar a un acuerdo” y que la denuncia sea retirada.

“Me está apurando para que levante la denuncia, es un apriete y no la voy a levantar”, dijo Ceratto a este medio esta mañana. También publicó en su perfil de Facebook una serie de capturas de pantalla del chat que mantuvo con Orozco.

Según explicó la mujer en declaraciones a este medio, el letrado buscó tener un trato cara a cara durante el sábado. Primero acudió a la casa de la mamá de Ceratto pero al no encontrarla allí la contactó por teléfono.

Pasada la medianoche, el abogado envió el primer mensaje: “La idea es celebrar entre usted y mi cliente Facundo Devia un acuerdo que extinga la acción penal y resuelva el conflicto entre ustedes”.

Johana ceratto.

Más adelante y luego de que la víctima subrayara el delito que cometió Devia, Orozco puntualizó que en el caso de seguir adelante con la presentación y “sino puede probarlo” podrían tomarse acciones.

“Mi cliente tal vez quiera accionar penal y civilmente contra usted. El acuerdo termina con la incertidumbre y el conflicto entre ustedes”, insistió Orozco. Según trascendió son tres los abogados que representan al ahora ex funcionario K.

Devia era jefe del área Desarrollo Social de la Municipalidad en el gabinete del intendente Ernesto “Pipi” Alí y, a su vez, encargado de administrar los beneficios sociales provenientes de la Nación. Cuando explotó por los medios el escándalo, lo desvinculó del cargo.

A través de diferentes engaños y estafas el funcionario kirchnerista logró  apropiarse de las identidades de varias mujeres y quedarse con el beneficio durante varios meses.

“Todo esto lo entiendo como un apriete. Básicamente me dijo que si no llegamos a un acuerdo me iban a denunciar, como no entiendo mucho me asustó”, indicó Ceratto.

Perfil de Facebook de Johana Ceratto.

A esto le sumó que por estos días siente “miedo” de lo que pueda pasar en el futuro. Sin embargo, señaló que continuará con la denuncia en la Justicia.

“No me puedo olvidar de lo que pasó, no es fácil, es muy grave lo que hizo. Nunca pensé que me iba pasar esto pero estoy dispuesta a seguir hasta el final”, manifestó.

Ante este escenario, adelantó que denunciará a Orozco por la situación: “Quiero que (Devia) pague por lo que hizo. Nosotros confiábamos mucho en él y nunca pensamos que haría algo contra nosotros”.

Gabriela López, la primera que denunció el caso, se hizo eco de lo publicado por Ceratto. En un estado de WhatsApp pidió “basta de amenazas”.

“Son jugadas muy sucias y van a hacer todo lo posible para que se levanten las denuncias”, le dijo a López a este medio.

Si bien no recibió ningún llamado por parte de la defensa de Devia, dijo que seguirá adelante con la instancia judicial.

“Era un funcionario público y no puede jugar con la gente. Él robó y tendrá que pagar”, agregó.

Capturas de publicación.

Cecilia Ivana Gutierrez, Paola Alejandra Escudero, Myrna Cecilia Quiroga y María Milagros Fernández, son las otras mujeres que lo denunciaron.

Devia fue detenido por los delitos. La policía le encontró tres teléfonos celulares, dinero ($87.905), 23 tickets de movimientos bancarios de distintas entidades, y cinco tarjetas de los bancos Supervielle, Nación, Macro y una tarjeta de Mercado Pago.

Fue citado a indagatoria por el juez Penal, Marcelo Bustamante Marone y solicitó una prórroga de ocho días hábiles.

 

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