San Luis: tres muertes que la Policía y la Justicia tienen pendientes de resolver
Florencia Morales en Santa Rosa del Conlara, Alejandro Ochoa en Cortaderas y Cristian Padilla en Merlo, pusieron en jaque la actuación policial. En los dos más recientes hubo fuertes reclamos sobre la Ruta N° 1. En todos los casos pidieron por una justicia que no llegó.
Si bien lo que ocurrió el lunes en Merlo no tiene precedentes (la Policía reprimió con balas de goma a los manifestantes en la puerta de una comisaría), hubo otras dos muertes que se hicieron sentir con fuerza en un pedazo de territorio en el norte puntano.
Las localidades que fueron escenario de casos trágicos están conectadas por los caminos del Valle del Conlara y de la Costa de los Comechingones, a pocos kilómetros ente sí.
En la madrugada del sábado, Cristian Padilla fue atropellado mientras caminaba por la banquina oeste de Ruta N°1. Lo impactó de atrás una camioneta Volkswagen Touareg en la que viajaban Martín Rial (el conductor) y Paloma Abarzua, los cuales no fueron detenidos.
La víctima tenía 27 años, y falleció cuando le faltaban unos pocos metros para llegar a la casa donde vivía con su abuela. Había hecho un paso por el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Carpintería, donde fue aspirante.
Protestas y pedidos de justicia, en tres localidades muy cercanas.
En las redes sociales el caso causó un fuerte repudio y se publicó información y diferentes versiones que las fuerzas de seguridad nunca se preocuparon por aclarar.
La familia puso en duda, desde el principio, si la Policía “hizo las cosas correctamente”, y desde entonces están reclamando que los culpables “sean penados como corresponde”.
Tienen la hipótesis de que “probablemente” las dos personas que se dirigían en el vehículo estaban alcoholizadas y que se fueron del lugar porque habrían tenido protección. No se conocen de manera oficial los motivos que ocasionaron la desgracia. La jueza Patricia Besso ordenó que la camioneta (que terminó chocada contra un árbol) quedara incautada.
El lunes familiares, amigos y vecinos de Padilla marcharon desde la Plaza Sobremonte y cortaron la Ruta 1°. “No permitamos más impunidad, la injusticia y el amiguismo político”. Con ese lema la convocatoria fue masiva.
A la noche se vivieron momentos de tensión cuando un grupo se enfrentó con la Policía que tiró balines de goma. Fue luego de que cortaran la Ruta 1° con la quema de neumáticos, para pedir justicia. En medio de la indignación “porque no hay culpables presos”, la Comisaría 42° sufrió la rotura de virios. Ya cerca de las 23, efectivos del COAR dispersaron a los manifestantes con más balas de goma y detuvieron por lo menos a tres personas.
A 9 kilómetros de donde ocurrió todo esto, por el mismo “caminito del norte” y en plena Semana Santa (el 2 de abril), la localidad de Cortaderas fue el centro del terror cuando Alejandro Ochoa apareció degollado: lo habían torturado. Por primera vez un crimen enlutó para siempre a un pueblo que vivía en paz.
El trabajador rural había sido secuestrado de su campo por sujetos que iban armados. La familia empezó una búsqueda desesperada y reclamó la “falta de acción” que tuvo la Policía. Las movilizaciones comenzaron porque las autoridades no daban respuestas. Cortaron varias veces la ruta y también protestaron en la puerta de la Subcomisaría N° 22. “Bebo” estuvo desaparecido una semana. Ya pasaron 8 meses, no hay responsables y nadie saber por qué mataron a Ochoa.
El martes 5 de octubre se cumplieron 18 meses de la muerte de Florencia Magalí Morales adentro de la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara, distante a 17 kilómetros de Merlo. Como otras tantas veces, hubo manifestaciones y pedidos de justicia porque no hay culpables. Hubo cuestionamientos al juez Jorge Pintos, por “dilatar la investigación y omitir la perspectiva de género en toda la causa”, y al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá por “el silencio” y por ser responsable de la seguridad que esa mujer no tuvo.
Esa muerte tampoco tuvo una explicación oficial. El caso tuvo el repudio de organizaciones de derechos humanos, no solo porque la muerte ocurrió en una dependencia del Estado provincial, sino porque fue en plena pandemia.
“Los peritos terminaron de confirmar lo que todos esperábamos, efectivamente se trata de un homicidio, es decir que provocaron la muerte de Magalí”, infirmó en septiembre el abogado de la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón.