Sin indicios de solución del Superior Tribunal, inicia una nueva semana de paro de los judiciales
La medida de fuerza de los trabajadores será total a partir del miércoles. La semana pasada hubo manifestaciones en las tres circunscripciones.
Once días restan para que inicie la feria y la Justicia de San Luis vive días de reclamos y tensión. Las demandas que realizaron durante meses los trabajadores desencadenaron en un paro que se llevan adelante hace 10 días.
El 9 de diciembre el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) implementó la medida de fuerza que se concreta de 12 a 8 en todas las circunscripciones. También efectúan manifestaciones con el fin de visibilizar la situación que viven.
Los puntos sobre los que buscan una contestación por parte del Superior Tribunal de Justicia son los ascensos, la falta de personal, problemas edilicios y la implementación de la reforma judicial.
Ante este escenario, donde el accionar de la Corte se limitó a emitir comunicados para repudiar la protesta de los empleados, el gremio anunció que el miércoles recrudecerá la protesta y la suspensión de actividades será total.
“A pesar de cómo se han dirigido a sus trabajadores, tratándonos de delincuentes y barrabravas, les solicitamos el diálogo hace 48 horas y todavía no hubo ninguna intención por parte de ello, con los cual tan abierto al diálogo no estaban”, advirtió el jueves el secretario general del Sijupu, José Durán.
En este punto resaltó que el único objetivo es que “la Justicia funcione” y que para eso deben “tener una estructura y presupuesto adecuados, no sacar una ley donde el único costo lo pone el trabajador”.
Hasta el cierre de esta semana, no habían recibido ningún tipo de respuesta del STJ a la nota donde solicitaron una reunión para dialogar.
Del mismo modo, en la semana hubo un encuentro entre el sindicato y el Colegio de Abogados de San Luis donde abordaron los inconvenientes en la administración de la Justicia provincial. Desde la entidad que nuclea a los letrados transmitieron la importancia de que “las partes en conflicto lleguen a un entendimiento en el corto plazo, logrando así asegurar la continuidad del servicio”.
El paro total del próximo miércoles también involucrará una movilización de las que participarán los empleados de las tres circunscripciones judiciales.
Lo cierto es que quedan ocho días hábiles para que comience la feria judicial, que se extiende durante todo enero y son muchas las causas que esperan una resolución, un pronunciamiento y el accionar de parte de los magistrados.
Algunas de ellas son casos que tuvieron repercusión mediática y resonaron en toda la población. Uno de ellos es el de Alejandro “Bebo” Ochoa, el hombre que fue secuestrado de su casa en Cortaderas el 27 de marzo y luego asesinado. Su cuerpo fue encontrado días después en un campo. A casi nueve meses del hecho no existen detenidos.
Otro de ellos es el de Mónica Ramos, que sucedió en marzo del año pasado en la capital puntana. La familia aguarda una fecha para que se concrete el debate oral contra el único detenido, Héctor Núñez. Si bien desde un comienzo aseguraron que hubo más personas implicadas en el hecho, la Justicia no logró dar con nadie más y esperan que en el juicio surjan mayores pistas. Sin embargo, no tienen expectativas sobre novedades hasta el 2022.
Los seres queridos de Florencia Morales también esperan “justicia” desde hace 20 meses. Aunque la causa se movilizó semanas atrás con el procesamiento de cuatro efectivos de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara, hubo malestar porque a dos de ellos les otorgaron la excarcelación. A esto se suma el pedido para que todos los policías involucrados sean procesados por delitos mayores. Para tener alguna respuesta deberán esperar el próximo año.
El femicidio de Johana Galdeano en Villa Mercedes, en manos del ex funcionario provincial Juan Carlos Solalinde, fue otro de los hechos que conmovió a la provincia. El 26 de mayo recibió cinco disparos que dejaron a un niño de tres años sin su madre. La ex pareja de la víctima se entregó en una seccional y permanece detenido. Pero la familia pide una condena que garantice que la joven podrá descansar en paz.
El 29 de agosto, también en Villa Mercedes, un conductor alcoholizado Carlos Chavez de 70 años atropelló a Xiomara, una pequeña de dos años. La jueza Mirta Ucelay lo procesó por "homicidio culposo agravado por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga", pero le concedió la libertad. El dolor de los padres se agravó y esperan que un juicio con una condena a prisión efectiva sea lo que les lleve un poco de alivio.
Un hecho similar también le quitó la vida a Matías Padilla de 27 años. En la madrugada del 6 de noviembre caminaba por la Ruta 1, a pocos metros del ingreso a Merlo, cuando fue embestido por una camioneta Volkswagen Touareg en la que viajaban Martín Rial y Paloma Abarzua. Los testigos afirmaban que el conductor del vehículo estaba alcoholizado y que junto a la acompañante se fueron de la escena. Exactamente un mes después fue detenido, pero tras una semana recuperó la libertad. Hubo disconformidad y del mismo modo, aguardan a que un Tribunal resuelva una pena por lo que hizo.
Jessica Castro Pérez, Laura Godoy y Marilyn Cejas son otros de los nombres que aparecen en causas y por los cuales sus familias reclaman el accionar. Piden que avancen las investigaciones, conocer certezas de lo que sucedió con ellas y que se haga justicia. La investigación de la desaparición de Guadalupe, que fue el caso de mayor impacto del año pasó al fuero federal.