La pretensión de Rodríguez Saá de designar al vicegobernador como juez de la Corte suma repudios e impugnaciones

La postulación del actual vicegobernador sigue escribiendo capítulos con voces de repudio e impugnaciones. Hace 17 días que el Alberto Rodríguez Saá abrió el proceso de postulación del vicegobernador como ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Desde un primer momento desde diferentes sectores repudiaron la postulación de Eduardo Mones Ruiz al considerar que afecta la independencia de poderes. El vicegobernador es un dirigente de la estructura del rodriguezaísmo que viene ocupando puestos institucionales y políticos relevantes en el proyecto político que encabeza el actual gobernador.

El proceso de la postulación de Eduardo Monez Ruiz se abrió el lunes 14 de febrero tras la publicación del edicto en El Diario de La República, junto a los antecedentes curriculares.

En los últimos 15 años ocupó cargos dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La pertenencia al aparato político oficialista y la desconocida trayectoria en el campo profesional, son dos frentes que han sido observados desde los colegios profesionales y la oposición política.

El Colegio de Abogados de Villa Mercedes se expidió señalando que se afecta “directa e indudablemente la imparcialidad de su criterio en el cargo al que se lo propone”.

La entidad hizo (el 16 de febrero) un fuerte pronunciamiento y profundizó sobre las incompatibilidades en la postulación y los intereses de los justiciables. Advirtieron que el actual vicegobernador no cumple uno de los requisitos para ser ministro: o sea con “un mínimo de 10 años” en el ejercicio de su profesión como abogado o de alguna magistratura judicial.

Mones Ruiz fue tres veces ministro de Gobierno, Justicia y Culto; también ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad; asesor del Senado provincial; senador y diputado provincial. Además, se desempeñó como secretario de la Coordinación de la Municipalidad de Villa Mercedes, donde tiene su domicilio de residencia. En las últimas elecciones fue candidato a diputado nacional por el kirchenrismo local. Registra además un fugaz paso por Tribunales como secretario de juzgado.

El presidente de la entidad, Claudio Sánchez Clavero aseguró que la posible llegada de Eduardo Mones Ruiz al máximo Tribunal de la Justicia puntana “afectaría al sistema republicano”.

El Colegio de Abogados de San Luis también fijó posición institucionalmente. La entidad observó la postulación basándose también en los 10 años de ejercicio como abogado o de alguna magistratura judicial, que no tiene.

Tempranamente el partido Avanzar San Luis se expidió repudiando la movida política de Rodríguez Saá.

El presidente de la principal fuerza política de la oposición y diputado nacional, Claudio Poggi impugnó el 24 de febrero la nominación de Mones Ruiz.

“Es como si el presidente Alberto Fernández nominara a Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comparó el líder opositor.

Consideró que “esto profundiza la gravedad institucional y la decadencia institucional de San Luis”; pero también “la dependencia de la justicia para con el poder político”.

“En definitiva, nos va dejando sin justicia a los sanluiseños”, señaló.

Poggi, con el patrocinio de Ricardo Endeiza basó la impugnación en “en cuestiones objetivas relacionadas con la defensa de las instituciones de república y no en cuestiones personales referidas al postulado ni en cualquier tipo de discriminación racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza”.

Consideró que “existe coincidencia en que el servicio de justicia es clave en una democracia republicana”, y que por lo tanto “todo cuanto pueda interferir en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial causa un daño institucional enorme y afecta la calidad de esa democracia”.

Sostuvo que la postulación de Mones Ruiz “para pasar de un día para otro a ser ministro del Superior de Justicia no puede prosperar, no puede ser aprobada”, y tuvo en cuenta las garantías “que reconoce el derecho de toda persona a ser oída ante un tribunal independiente e imparcial, conforme lo establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Este jueves el bloque de diputados provinciales de Unidos por San Luis sumó una nueva impugnación de la oposición para que el pliego no llegue al Senado. Los legisladores advirtieron “una posible violación a numerosas garantías constituciones, avasallamiento a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”.

Tuvieron en cuenta que “la separación de poderes, implica que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y Poder Judicial del Estado sean ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí, es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa”. Y que la incorporación de Mones Ruiz como ministro del Superior Tribunal de Justicia “profundizará la degradación institucional de la Provincia y acentuará la dependencia de un poder del Estado”.

Horas más tarde el abogado Ricardo Bazla también presentó su impugnación mediante un documento de 29 páginas, donde hizo hincapié que Mones Ruiz “no reúne las condiciones de idoneidad que exige la Constitución Provincial”; y advirtió “la posible comisión de delitos”, y eventuales “denuncia penal y demanda civil”.

Sostuvo que desde el 14 de febrero San Luis vive “una de sus peores y más críticas situaciones institucionales, por el atropello descarado” que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo Provincial.

El 27 de febrero hizo lo propio el abogado Francisco Guiñazú. “De hecho y hasta el momento, integra la fórmula gobernante, por lo que debo presumir que las funciones judiciales para las que se lo propone, se encuentran seriamente comprometidas en su imparcialidad y objetividad”, escribió en su presentación.

Como en las anteriores, también alarmó que la objetividad y la independencia “no están resguardadas por una persona que integra y forma parte del proyecto del Gobierno provincial, cuyas decisiones pueden ser juzgadas” por los miembros del Alto Cuerpo.

Poggi y la diputada nacional, Karina Bachey promovieron además declaraciones de repudio. En el mismo sentido se expidieron concejales de las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y La Toma.