El abogado de dos policías procesados cuestionó la investigación: “Se trata de salvar la responsabilidad del Estado”

A más de dos años de la muerte de Florencia Magalí Morales dentro de un calabozo en la Comisaría 25° la familia sigue pidiendo justicia y la causa se mantiene abierta sin detenidos. Ahora, el abogado Alejandro Miranda salió a cuestionar el curso de la investigación y apuntó contra el juez Jorge Pinto, la jefatura de Policía y el Estado provincial.

El letrado representa a dos de los cuatro efectivos procesados por el hecho, María Eugenia Arguello y Marcos Ontiveros.

“La causa primera y fundamental que origina la muerte de Morales es la orden ilegal del juez (Jorge Pinto) de detenerla y alojarla en un calabozo que no estaba en condiciones”, afirmó Miranda en declaraciones a Radio Universidad.

El abogado apuntó por otro lado al “estado de los calabozos por desidia y negligencia de la jefatura de Policía”. Mencionó que “había un relevamiento y está probado, que lo hizo personal de Logística en esa comisaria diciendo que el edificio no reunía las condiciones”.

Contó que en varias ocasiones pidió que fueran citados a declarar los jefes de la Policía, Logística y de la Unidad Regional 3, pero Pinto “se negó” a hacerlo.

En este escenario, Miranda dijo que con las medidas adoptadas por la Justicia “se trata de evitar la responsabilidad que le toca al juez por haber ordenado la detención ilegal de Morales”. Sobre esto, aseguró que los policías demoraron a Morales en la seccional porque habían recibido la notificación de Pinto.

“El Tribunal dice que los policías detuvieron a Morales sin orden del juez y que él no tiene nada que ver en esto, cuando está probado en el expediente”, sostuvo.

Por eso, consideró que el magistrado es “el principal responsable de la muerte de Morales”.

Y afirmó que además buscan “salvar al jefe de la Unidad Regional 3, al jefe de Logística, al jefe de Policía y al propio Estado de la responsabilidad que le toca por tener una dependencia policial, con calabozos que no son tales y que hayan alojado allí a una mujer”.

Por eso mismo, planteó que los efectivos que estaban de guardia el 5 de abril de 2020 solo cumplieron con las órdenes que habían recibido y descartó que hayan sometido a la mujer a torturas.

“Se trata de salvar la responsabilidad del Estado frente a este hecho gravísimo y que no tuvieron que ver los policías en esto”, insistió.

La última novedad que hubo en la causa fue que El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial pidió que se investigue bajo perspectiva de género, y ordenó la ampliación del llamado a indagatoria para los cuatro policías procesados, por considerarlos “co-autores de los delitos de torturas agravadas por el resultado muerte”.

Y, en el caso de los efectivos de rango más alto dispuso que, además, sean indagados por los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público mediante abuso de sus funciones, ambos en concurso real, informó la oficina de prensa judicial.

Pero además de eso, los jueces rechazaron el requerimiento del representante del particular damnificado (abogados de la familia Morales y secretaría de Derechos Humanos de la Nación) para ampliar la imputación por homicidio.

A partir de esto, Miranda manifestó que “el Tribunal además de no haber analizado los antecedentes y elementos del expediente, se arroga facultades”.

“No pueden sacar conclusiones de una investigación que ellos no practicaron, que no están incorporados en la causa. El propio Tribunal reconoce que la muerte de Morales se produjo en soledad en el calabozo y sin asistencia. Si dice eso, ¿cómo dice que la estrangularon y murió por la intervención de terceros?”, cuestionó.

Por el otro lado, criticó que “sin elemento alguno puedan decir que hay que imputarles a los policías torturas seguidas de muerte, cuando reconocen que murió en soledad”.