Buscan conocer el destino de $100 millones que Tamayo presupuestó y tenían que ser dirigidos a obras acordadas con los vecinos

Este jueves tomó estado legislativo un nuevo pedido de informe dirigido a la gestión de Sergio Tamayo. Fue impulsado por el concejal de Unidos por San Luis, Guillermo Araujo y tiene como fin conocer el destino de los fondos que habían sido proyectados para este año dentro del Presupuesto Participativo.

Se trata de $99.979.779 que de acuerdo a la clasificación y basándose en una ordenanza vigente de 2019 tendrían que haberse destinado a trabajos en distintos puntos de la ciudad, a partir de las propuestas vecinales.
En el documento, el legislador de la oposición tuvo en cuenta que en el Presupuesto de este año “no se incluye ninguna obra surgida del procedimiento establecido por la ordenanza N°II-906-2019”.

Araujo explicó a El Chorrillero que la normativa instaura un mecanismo mediante el cual los vecinos “puedan participar con su opinión sobre las obras necesarias en sus barrios”. Esto se lleva adelante “en reuniones periódicas que se hacen hasta el mes de mayo para luego seleccionar algunas e incluirlas en el presupuesto del año siguiente”.

“No hemos visto que el Ejecutivo haya llevado a cabo dicho procedimiento y es por eso que consultamos cuales serán las obras que va a tener en cuenta para contemplar en el monto que establece la ordenanza”, advirtió.

Entre los puntos sobre los que indagó está saber “si dio cumplimiento en lo que va del año 2022 a los plazos y procedimientos establecidos” para “garantizar la inclusión” de estas obras en el proyecto de presupuesto para 2023.

A su vez, pide un documento elaborado por la Municipalidad con “las prioridades presupuestarias, que debió ser publicado el 10 de marzo, así como la página web y los dos periódicos locales en los cuales se publicó”.

También requiere informe sobre “las reuniones, propuestas y definiciones surgidas de las mesas de discusión temáticas que debieron realizarse entre marzo y mayo” para conocer las recomendaciones o pedidos de los vecinos.

Y a eso agregó “proyectos definitivos que serán puestos a consideración de la ciudadanía” para ser incorporados al presupuesto del año próximo.

Entre los fundamentos de la solicitud de informes, el edil mencionó que el programa “buscará gestionar de manera conjunta con los ciudadanos, a través del desarrollo de jornadas abiertas y participativas, en cada consejo vecinal, para debatir acerca de las prioridades presupuestarias por áreas temáticas”.

Por otro lado, aclaró que según la norma “la distribución de recursos para cada región se determinará según las necesidades y carencias de cada una de ellas, contemplando el desarrollo social, económico y productivo de cada región, y garantizando los más altos niveles de equidad e igualdad humana”.

Y al mismo tiempo, señaló que de acuerdo a los artículos, durante este mes debe realizarse “una campaña publicitaria a fin de garantizar una amplia difusión de los proyectos que serán puestos a votación popular”. Algo que hasta el momento no se concretó.