SOMETIMIENTO DE LA JUSTICIA
Abogados repudiaron las designaciones que realizó Rodríguez Saá de fiscales y defensores adjuntos
A través de una carta señalaron que se trata de “un nuevo atropello” a la Justicia y la ciudadanía. Cuestionaron “la cobertura discrecional de vacancias con amigos del poder de turno”.
“Con profunda preocupación advertimos un nuevo atropello a la Justicia Provincial y a la ciudadanía en general por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia, al pretender designar nuevos funcionarios judiciales (fiscales y defensores adjuntos) sin mediar el proceso de evaluación previsto por la Ley Nº VI-615-2008 para aspirantes a cargos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el cual procura —nada más y nada menos— garantizar la idoneidad de los mismos y la legalidad de dichas designaciones en rigor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Provincial”, expresaron en el pronunciamiento abogados del foro local.
En la carta que difundieron esta noche expresaron: “La implementación del nuevo sistema acusatorio penal y la consecuente reorganización del Poder Judicial provincial, no habilita —so pretexto de urgencia y excepcionalidad— a cubrir discrecionalmente las vacancias con amigos del poder de turno, con funcionarios del Gobierno ni con profesionales que no acreditaron idoneidad para dichos cargos”.
El Senado dio acuerdo recientemente a los pliegos de fiscales y defensores adjuntos. Prácticamente todos están alineados con el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y venían cumpliendo funciones en el gabinete provincial.
“Entendemos que la gravedad institucional de dichas designaciones no solo radica en las formas implementadas sino en su delicada temática: la función punitiva del Estado, la cual debe ser limitada, entre otras formas, por la probidad e idoneidad de los funcionarios que la ejercen”, sostuvieron.
Firmaron la carta Francisco Guiñazú, Rafael Berruezo, Cecilia Hissa, Valentín Laborda Claverie, Santiago Calderón Salomón, Victoria Robledo, Héctor Cangiano, Nasrim El Chaer, Eduardo Brizuela, Samar El Chaer, Enrique Ipiña, Claudia Farabelli y Katherina Desiree Lecumberry.
Los abogados repudiaron las designaciones y el accionar de “todos los poderes públicos que convalidaron ésta grosería institucional e instamos como ciudadanos a que se dé cumplimiento a los procesos evaluatorios dispuestos por las leyes vigentes para que la discrecionalidad manifiesta de hoy, no derive en procesos arbitrarios e ilegales el día de mañana, teniendo como principal víctima de ello al ciudadano de a pie”.