FINANZAS DE LA PROVINCIA
El Frente Unidos por San Luis pidió que se designen los integrantes que faltan del Tribunal de Cuentas
Con dos presentaciones, el bloque de Diputados planteó que el rodriguezaaismo no dilate más el nombramiento de dos miembros en el organismo responsable del control de los gastos de los gobiernos provincial y municipales.
Los números en rojo de la Provincia disparó dos pedidos por parte del bloque del Frente Unidos por San Luis para que se regularice el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
En primer lugar, con la firma del jefe de la bancada Gastón Hissa, se presentó hoy una nota para que de “manera urgente” se cumpla con el artículo 242 de la Constitución provincial, el cual dispone que dos miembros sean designados por la Asamblea Legislativa en el Tribunal de Cuentas, uno por la mayoría y otro por la minoría. El texto fue dirigido a la presidenta, Silvia Sosa Araujo para que “arbitre las medidas”.
“Es fundamental que se conforme íntegramente el Tribunal ya que está funcionando con miembros propuestos por (Alberto) Rodríguez Saá”, observó el legislador en declaraciones a El Chorrillero y señaló: “Por eso se conformó ese Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal”. Lo integran diputados y senadores con la presidencia del diputado nacional Claudio Poggi con el objetivo de monitorear los números de las cuentas del Gobierno provincial.
En segundo lugar impulsaron un declaración de preocupación porque “la falta de integración afecta la función de control y fiscalización del empleo de los recursos y del patrimonio del Estado provincial”, consignaron los diputados opositores en el proyecto.
El Tribunal es un organismo consagrado en la Constitución compuesto por cinco miembros con título habilitante, tres de ellos en ciencias económicas y dos en abogacía.
Tres acceden a los cargos con el acuerdo del Senado a propuesta del Ejecutivo. Son cargos vitalicios, es decir conservan los puestos mientras dura su buena conducta y cumplan las obligaciones legales. Los restantes son nombrados por la Asamblea Legislativa y tienen un mandato de dos años, que coincide con las renovaciones legislativas.
A estos dos se les vencieron los periodos y el rodriguezaaismo tiene frenada la convocatoria a la Asamblea para proceder cubrir las vacantes.
En los hechos esto significa que las cuentas de la administración de Rodríguez Saá son supervisadas únicamente por los auditores nombrados por el propio gobernador. La oposición al no tener un representante en el Tribunal no puede controlar.
El Frente Unidos por San Luis acaba de hacer público que el Gobierno provincial cerró el 2021 con un déficit fiscal de $9.117 millones que fue maquillado con la venta de $15 mil millones de títulos públicos surgidos de la deuda Nación-Provincia.
“Este año también se debieron realizar estos nombramientos, pero ya transcurrieron siete meses sin que se efectúe”, señalaron los diputados y expresaron que se trata de “una situación anómala e irregular que afecta la función esencial de control ejercida por el Tribunal".