Vecinos de San Luis acudieron a la Justicia para que el Gobierno actúe ante la inseguridad

Día a día viven con temor a salir de sus hogares y no encontrarlos de la misma manera al regresar. Esa es la realidad que enfrentan vecinos de diferentes puntos de San Luis. Uno de estos sectores afectados es el que está ubicado en la zona noreste de la ciudad.

La violencia en los hechos delictivos y la mayor frecuencia con que se dieron en los últimos días los motivaron a ir hasta la Justicia para obtener una solución de parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. En simultáneo organizaron una colecta de firmas para dar mayor trascendencia a los pedidos.

En este contexto, este viernes presentaron una acción de amparo en la Justicia. Fue llevada adelante por los abogados Delfín y Ramón Chávez.

Este último explicó que han sido víctimas de la inseguridad en todos los barrios que están comprendidos en la 1°, 2° y 3° rotonda.

“En menos de seis meses han sucedido entre 100 y 150 hechos en los diferentes barrios y eso que estamos pegados a una comisaría”, graficó el letrado en declaraciones a Información San Luis.

Dijo que la única manera de ayudar a los vecinos fue a través de la acción de amparo para que “de esa forma el Estado, a través de la Policía y del ministerio de Seguridad, arbitre los medios necesarios para tomar acciones urgentes y operativas”.

Advirtió que en este escenario se están afectando un derecho constitucional, como lo es “la seguridad pública y no se ve que el Estado se ponga a disposición del ciudadano”.

“Se trata del derecho a vivir tranquilos. y vemos todo lo contrario, Estamos viviendo una situación de inseguridad donde no podemos dormir. Los delincuentes andan por las paredes como si fueran gatos. Hasta hace poco hubo robos increíbles”, subrayó el abogado.

Uno de los casos más recientes tuvo como víctima al presidente de la Cámara de Panaderos, Juan Calderón, a quien lo despojaron de bienes y una importante suma de dinero.

El letrado dijo que en la presentación judicial adjuntaron todos los reclamos y denuncias realizadas por cada uno de los vecinos.

“Con eso le queremos demostrar al juez los daños que se están provocando y que la Policía no da respuesta”, aclaró.

Delfín Chávez detalló que se trata de una “acción rápida y expedita” que “no puede demorar más de 48 a 72 horas después de su recepción”.

“Al estar afectada la seguridad de las personas, de los bienes y de los niños, se están violando derechos constitucionales básicos. El juez debe ordenar a quien está incumpliendo y provocando de alguna manera que esa situación bajo su responsabilidad, a que la cumpla”, sentenció.