A 7 días de irse del Gobierno, Cintia Ramírez transfirió $88 millones a una empresa por fuera del marco legal

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla reveló nuevos hechos de corrupción ocurridos en la administración de Alberto Rodríguez Saá a días de dejar el Gobierno. Nuevamente está involucrada la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien una semana antes de irse, giró $88 millones a una empresa para el movimiento de suelo de dos canchas. Según se desprende de las actuaciones, todo habría ocurrido por fuera del marco legal.

Bazla explicó que en el procedimiento, que se hizo entre el 1 y 6 de diciembre, Ramírez y el entonces secretario de la Gobernación, Miguel Berardo contrataron las dos obras de manera directa con la empresa MyD Construcciones SRL.

El monto total de las canchas era de $152 millones y en concepto de anticipo financiero se giró los $88 millones. Sin embargo, en una recorrida por el predio donde iban a estar ubicadas, en la Universidad de La Punta, verificaron que sólo se concretó el movimiento de suelo.

Otro detalle que expuso Bazla en una entrevista en el programa Agenda Abierta de San Luis + fue que la firma contratada fue creada con posterioridad a la creación del Ente Deportes San Luis.

La maniobra fue detectada por la auditoría contable que realizó la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, que luego puso en conocimiento de los hechos al fiscal de Estado, Víctor Endeiza.

“La secretaría de Deportes no puede contratar en forma directa cuando la cifra supere los cinco millones de pesos. Sin embargo, Ramírez con el consentimiento del ex secretario General de la Gobernación, Miguel Berardo, contrató por 152 millones y adelantó el pago de 88 millones a una empresa que no está inscripta en el Registro de Proveedores de Obra Pública de la Provincia y que en su historial empresarial solamente ha hecho 19 facturaciones al Gobierno de la Provincia, como único cliente”, especificó Bazla.

Asimismo, dijo que “no existen registros que den cuenta de los antecedentes de esa empresa constructora que se constituyó el 27 de septiembre de 2022, mientras que el Ente San Luis Deportes se creó el 21 de abril del mismo año”.

Dijo que la firma MyD Construcciones SRL tiene como socios a Miguel Ángel Acosta, Nahuel Maximiliano Sosa y Axel Matías Becerra, quienes en el acta constitutiva de la empresa figuran como comerciantes.

Agregó que “en concepto de anticipo de obra, Ramírez ordenó el pago de $45.864.000, por movimiento de suelo adelantó $24.906.000 y por el cierre olímpico, que no existe, pagó en forma adelantada $12.250.000”.

“El sábado al mediodía recorrí el lugar de construcción de las canchas junto al doctor Marcelo Neme, secretario Legal y Técnico de la ULP, y pudimos observar que solo han hecho un compactado parcial del terreno. Hay dos máquinas viales, una de las cuales está fuera de servicio. Nadie estaba trabajando pese a que el compromiso legal es de terminar la obra en 15 días a partir del 28 de noviembre”, dijo el funcionario.

Bazla advirtió que “haber pactado contractualmente ese plazo de obra es de cumplimiento imposible”.

Por otro lado, planteó que “los adelantos existentes no deben superar el 30 por ciento, pero la ex secretaria de Deportes adelantó el 70 por ciento del costo de la obra” y definió esto como “una ilegalidad total”.

“En ningún caso está acreditada la razonabilidad del precio, como ordenan las leyes de obras públicas y de contabilidad para contratar en forma directa. Por el monto debió llamarse a licitación pública, pero no lo hicieron”, agregó el secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión. Y anticipó que durante la jornada de hoy su par de Deporte, Gabriel Rivero hará la denuncia penal.

Sobre Ramírez ya pesan denuncias por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio de la administración. Todos los delitos por las maniobras que encabezó en la secretaría, el ente y el San Luis Fútbol Club.